La presentación de la agenda legislativa de la nueva Asamblea Nacional aún no tiene fecha, aunque la Ley otorga el plazo de 60 días posteriores a la posesión de las autoridades para su estructuración, esto es, el 14 de julio próximo. Mientras eso suceda, la Legislatura tramitará los proyectos de Ley rezagados y los vetos a proyectos de Ley.

Hasta el momento solo se registra una sesión de trabajo pública entre la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori, con los coordinadores de las cinco bancadas y las comisiones especializadas permanentes. Ahí se acordó que cada sector presentaría sus temas para luego ser discutidos e incluidos en la agenda legislativa.

Uno de los obstáculos que debe enfrentar la actual administración es sistematizar los 423 proyectos de Ley que heredó el actual periodo legislativo con los nuevos proyectos que se irán presentando para sustentar las promesas de campaña de los asambleístas que iniciaron sus actividades el pasado 14 de mayo.

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Todos los sectores políticos coinciden en que la agenda global de la Asamblea debe contener leyes para reactivar económicamente al país; luchar contra la corrupción; generar empleos; revisar las tasas de interés que cobra la banca pública y privada; y, derogar el pago de impuestos para las microempresas.

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La Izquierda Democrática (ID), según el coordinador de bancada, Alejandro Jaramillo, plantea priorizar temas de salud, reactivación económica, generación de empleo y seguridad jurídica para nuevas inversiones.

En salud ese sector político se propone aprobar un nuevo Código Orgánico de Salud, en el que se incorpore un marco legal acorde con la nueva realidad que vive el país, como temas de bioseguridad, pandemias y vacunación. El proyecto está en construcción.

Respecto de reactivación económica, la ID espera aprobar un proyecto de Ley de incentivos tributarios para nuevos emprendimientos; sobre la generación de empleo, esa bancada busca eliminar el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario y ajustar el Código del Trabajo.

Sobre seguridad, el bloque naranja se encargará de vigilar que las normas que se aprueben en la Legislatura no cambien las reglas de juego para las nuevas inversiones.

La Bancada Acuerdo Nacional, integrada por los asambleístas de CREO y un grupo de representantes de movimientos de minoría, plantea cuatro fases en la agenda legislativa: la primera tiene relación con el fortalecimiento de las libertades y derechos; acceso a la educación; alivio financiero para los ecuatorianos; promoción del turismo que implica reactivación económica; acceso a la tecnología y a programas de alimentación.

Como segunda fase se propone la aprobación de un nuevo Código del Trabajo, en el que se otorguen oportunidades para los jóvenes, generación de oportunidades de empleo; defensa y proyección de la mujer; y, la introducción de la economía naranja y economía violeta para de esa forma pasar de la informalidad a la formalidad.

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Una tercera fase implica poner la casa en orden, esto es, aprobar reformas económicas, tributarias y financieras, que permitirá corregir la situación económica de los ecuatorianos y del país.

La cuarta fase establecida por CREO tiene que ver con recursos naturales y biodiversidad; menos burocracia y más acceso al mercado nacional e internacional.

Si bien estas fases tienen número, no significa que debe cumplir la primera para pasar a la fase cuarta, aclara el coordinador de la bancada, Juan Fernando Flores, pues asegura que estas se irán cumpliendo de manera paralela y dependerá mucho de cómo avanzan en la Asamblea Nacional las ejecuciones hasta diciembre de 2021.

Los proyectos para aplicar las fases están listos, afirma Flores, lo que se espera es determinar cómo se aplicaría esto tomando en cuenta que el anterior periodo dejó 423 leyes sin tramitarse, y esta nueva administración no puede desentenderse de aquello y tendrá que ir combinando con las nuevas propuestas.

La bancada de Pachakutik plantea una revisión de las políticas mineras y petroleras, su impacto social, ambiental y económico; derogar la Ley de Apoyo Humanitario; reducir las tasas de interés vigentes en el sector financiero privado, público y solidario; fiscalización al Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, al procurador general del Estado, a la Fiscalía General y al Consejo de la Judicatura.

Otro de los aspectos que plantea Pachakutik es fiscalizar y dar seguimiento al plan de vacunación por la pandemia derivada del COVID-19, las compras y contrataciones realizadas en el sistema nacional de salud y en los gobiernos autónomos descentralizados. Igualmente plantean garantizar un libre acceso a la educación superior, amnistías e indultos para luchadores sociales.

Desde el sector socialcristiano, Dallyana Passailaigue señala que el aporte de su bancada será establecer una agenda ciudadana porque se origina de las necesidades de la gente como resolver el hambre en la población; reactivar el agro; dinamizar el mercado laboral; y, garantizar los derechos de los trabajadores.

Para aterrizar esas propuestas, añade, existen proyectos que ya están presentados y otros que están en construcción como la Ley de equidad salarial, que garantiza los derechos de las trabajadoras, y otras reformas que propenden a la generación de empleo sin generar precarización.

El PSC se mantendrá firme frente a planteamientos de que se suban los impuestos, reitera Passailaigue, por el contrario espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto del veto aplicado a la Ley de Régimen Tributario Interno, que permitía la retención directa del IVA a los gobiernos autónomos descentralizados y universidades, con lo cual iba a superarse el grave problema presupuestario que atraviesan estos dos sectores.

Bancadas plantean derogar Ley de Apoyo Humanitario

Una de las propuestas en las que la Izquierda Democrática, Pachakutik y la bancada de UNES coinciden es plantear la derogatoria o eliminación de la Ley de Apoyo Humanitario, como una herramienta para proteger los derechos adquiridos por los trabajadores. También el PSC señala que es necesario revisar el proyecto para aplicar reformas para evitar la precarización laboral.

El coordinador de la bancada de la ID, Alejandro Jaramillo, precisó que su sector prepara un planteamiento y espera que el Ejecutivo también remita su propuesta, considerando que la creación de la Ley de Apoyo Humanitario nació como Ley urgente en materia económica.

Lo que se busca es brindar seguridad jurídica a los ecuatorianos, a criterio de Jaramillo, la Ley Humanitaria no generó ningún beneficio y el mismo presidente de la República, Guillermo Lasso, lo ha manifestado en algunas declaraciones que se eliminaría este proyecto de Ley.

Lo mismo considera el sector de Pachakutik, derogar la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario garantizando -en un nuevo cuerpo legal- lo dispuesto para los nombramientos permanentes del personal de salud que se encuentra en primera línea.

Para ello se propone dar trámite a un proyecto de Ley presentado en el anterior periodo legislativo por el exlegislador Roberto Gómez, que busca reformar la Ley Humanitaria, para otorgar facilidades de pago a la seguridad social de las micro y pequeñas empresas, así como las restantes empresas y cooperativas de bienes y servicios, que han sido golpeadas por las consecuencias derivadas de una fuerza mayor y/o caso fortuito como es la pandemia COVID-19. (I)