Un mes después de que se llamó a juicio al alcalde de Quito, Jorge Yunda, y trece personas más a quienes se les acusa del delito de peculado ocurrido aparentemente en la compra realizada por la Secretaría de Salud de Quito de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19, las defensas de los procesados aún no han sido notificados de la conformación del respectivo Tribunal de Juicio.