A los abogados del exvicepresidente correísta Jorge Glas Espinel les quedaría una vía para echar abajo la decisión del Tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena que aceptó la apelación al habeas corpus que le concedió en abril pasado el juez multicompetente de Manglaralto Javier Moscoso, y por el cual salió del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi.

El exvicepresidente Jorge Glas ya se entregó a la Policía Nacional

Este 20 de mayo, el Tribunal integrado por Silvana Caicedo (ponente), Kléber Franco y Juan Camacho notificó su decisión de anular lo actuado por Moscoso y dispuso “la inmediata localización, captura y traslado” de Glas a la cárcel de Latacunga, “para lo cual se dispone oficiar al comandante general de la Policía, para el inmediato y obligatorio cumplimiento de esta decisión constitucional independientemente de cualquier acción o recurso”.

El Tribunal señaló que el juez de Manglaralto no tenía competencia para tratar el caso, y que además causó indefensión al no citar con la acción “a quien debió haber sido legitimado pasivo dentro de la presente causa, esto es, al procurador general del Estado (Íñigo Salvador)”.

La apelación fue presentada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y la Procuraduría General del Estado.

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Eduardo Franco Loor, quien fue abogado de Glas en el pasado y presentó un amicus curiae (un escrito de un tercer involucrado) a su favor en este proceso, no quiso pronunciarse sobre los argumentos de los jueces de Santa Elena, pero indicó que, si bien esta sentencia es de última instancia, Glas podría plantear una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional (CC). Para ello tiene un plazo de 20 días término, según la legislación vigente.

El penalista Pablo Encalada señala que, en efecto, esa es la vía que procedería, pero le queda una duda: “El único recurso posible es la acción extraordinaria ante la Corte Constitucional, pero me queda la duda, porque se trata de una nulidad. No se está pronunciando respecto al fondo del asunto, no están diciendo que está mal concedido el habeas corpus, sino que es nulo, porque se omitieron formalidades. ¿Cuáles? La jurisdicción y no haberle notificado a la Procuraduría General”.

Según Encalada, al declararse la nulidad, “el juez que trató el caso o quien lo remplaza, ya que Moscoso fue suspendido por el Consejo de la Judicatura, tiene que inhibirse y enviar el proceso a Latacunga”.

En el mismo fallo, el Tribunal resuelve: “Remitir el expediente a la Sala de Sorteos de Latacunga para que un juez de su competencia conozca y resuelva la causa”.

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EL UNIVERSO intentó contactar al abogado de Glas, Édison Loaiza, pero no contestó las llamadas.

Tras conocerse el fallo, el expresidente Rafael Correa le pidió a su excompañero de fórmula que “resista”. “Ha habido una presión mediática y política sin precedentes sobre el tribunal de Santa Elena, que clamorosamente falla contra derecho. La maldad ha vuelto a triunfar, pero la victoria definitiva será nuestra. No lo duden. Jorge, por favor, resiste”, posteó en su cuenta de Twitter.

Otros dirigentes del movimiento Revolución Ciudadana también rechazaron la decisión judicial. Uno de ellos fue la presidenta de esa agrupación y exlegisladora Marcela Aguiñaga. “Prisión a #JorgeGlas es arbitraria e ilegal; tiene medidas cautelares otorgadas por CIDH, hace más de 1 año debió acceder a cambio de régimen. Lo toman como rehén entre la disputa de Judicatura y Saquicela. Amigo @JorgeGlas, una justicia politizada no merece arrebatar tu libertad”.

También la legisladora correísta Sofía Espín tuiteó: No importó su grave condición de salud. No importó las medidas cautelares de la @CIDH. No importó que hace 15 meses había cumplido su injusta pena. No les importó nada. Solo el odio político. Mi cariño y admiración para Jorge Glas y abrazo a su familia, que debe estar destrozada”.

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Glas tiene dos sentencias de ocho años de cárcel en firme por asociación ilícita y cohecho, en los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016, respectivamente. En ambos fue sentenciado a ocho años de cárcel. Además tiene una sentencia de primera instancia por peculado en el caso Singue.

Luego de acceder al habeas corpus, el exvicepresidente cumplía las penas impuestas en el domicilio de su madre, ubicado en una urbanización de la vía a la Costa. Como medida cautelar se le puso la presentación ante la Corte Provincial del Guayas el primer lunes de cada mes. Lo hizo el pasado 2 de mayo. (I)