Entre Guillermo Lasso Mendoza y Aparicio Caicedo Castillo hubo una suerte de clic en el 2011. El ahora mandatario viajó ese año a Pamplona, España, a dar una conferencia sobre emprendimiento en la Universidad de Navarra, que es regentada por el Opus Dei, prelatura a la que él pertenece, y en la que Caicedo había sido primero estudiante de un doctorado en Derecho y para ese momento, docente. Luego del evento charlaron un poco sobre su visión del país y nació la admiración mutua.

Caicedo ha contado en entrevistas de prensa que con Lasso “se cayeron bien” y que después lo invitó a sumarse al equipo que le estaba dando forma a su proyecto político: llegar a la Presidencia de la República.

Y así fue. En el 2012 regresó de España y se incorporó a la Fundación Ecuador Libre, el think tank (tanque de pensamiento) creado por Lasso en el 2005 con el fin de generar ideas para su plan de gobierno y formar cuadros para un eventual mandato, y desde ahí lo asesoraba en cuestiones políticas y jurídicas.

Asimismo, junto a otros ‘Lasso boys’ como Pablo Arosemena, Eduardo Bonilla, Manuel Ignacio Gómez y Juan Francisco Núñez, acompañaba a su líder en los recorridos de sus dos primeras campañas presidenciales, en 2012 y 2017, dándole insumos para sus reuniones, debates y discurso, según cuenta Nathalie Arias, asambleísta del movimiento oficialista Creando Oportunidades (CREO) y exintegrante de la fundación.

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Pero Caicedo no participó en la formación de CREO. “Se centró en lo académico, porque él venía de ser asesor parlamentario en España e investigador de una universidad en Estados Unidos”, dice ella.

En el 2018 asumió la dirección de la oenegé tras la salida de Arosemena, ahora ministro de Economía y Finanzas, de ese puesto.

Más de diez años después de ese primer encuentro en España, Aparicio Caicedo es ahora una de las voces de mayor peso en el entorno político del jefe de Estado. Y también una de las más cuestionadas desde el inicio del gobierno tanto por la figura bajo la cual colabora con Guillermo Lasso tras llegar finalmente al poder en el 2021 cuanto por las funciones que cumple.

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Aparicio Caicedo (c) es director de la Fundación Ecuador Libre, de la cual han salido los 'cuadros' para los cargos del Gobierno. Foto Tomada de la web de Ecuador Libre

A través del Decreto Ejecutivo número 26, del 24 de mayo de 2021, lo designó como consejero ad honorem, es decir, que no recibía remuneración del Estado.

Esto ocurrió, según Arias, porque Caicedo sigue ejerciendo la dirección de la fundación y es catedrático de la Universidad de las Américas (UDLA). “Temas que le demandan tiempo”, refiere ella.

Recién esta semana Lasso derogó el decreto 26 y lo nombró consejero presidencial con sueldo. Dice Arias que fue para transparentar aún más la gestión que viene desarrollando. Al ser ‘enrolado’ en la Presidencia “ya existe la obligatoriedad de hacer una rendición distinta a la de un ad honorem”, agrega.

De la Fundación Ecuador Libre salió buena parte del gabinete de Guillermo Lasso

En ese puesto, Caicedo se dedica prácticamente a lo mismo que hacía en Ecuador Libre cuando Lasso era candidato; esto es, asesorarlo en temas políticos, económicos y jurídicos, reseña Bonilla, que hasta hace poco fue secretario de Comunicación.

Trabaja en coordinación con la Secretaría Jurídica de la Presidencia, a cargo de Fabián Pozo, que también era miembro de la oenegé, preparando proyectos de ley, aportes legislativos, elaborando los vetos totales o parciales, decretos, reglamentos y procesos de fiscalización.

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Pero también, según cuentan exfuncionarios de Carondelet que prefieren la reserva, es el “operador político” del mandatario en temas que le interesan particularmente. Algo así como un ministro de Gobierno paralelo que conversa con sectores políticos y hace acercamientos con otras funciones del Estado.

Así, por ejemplo, Arias recuerda que el consejero siguió de cerca -junto con la Secretaría Jurídica- el debate que se dio en la Asamblea Nacional respecto a los Pandora Papers cuando la Comisión de Garantías Constitucionales planteó la destitución de Lasso con base en el artículo 130 de la Constitución por “grave conmoción interna” supuestamente generada al no haber declarado que poseía bienes en paraísos fiscales. En esa coyuntura daba sugerencias al bloque de asambleístas, a los abogados y al entorno personal del presidente sobre cómo manejar la situación.

Luego fue acusado por un exasesor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alejandro Gallo, de haberse entrometido en los procesos de elección de autoridades.

Raúl González dice que jamás le aclararon que haría el ‘papel de relleno’ en la terna para la Superintendencia de Bancos

Gallo indicó que él se reunía -supuestamente- con servidoras de la Presidencia de la República y con el consejero presidencial para preparar las carpetas de los candidatos a las comisiones ciudadanas de selección, y de aquellos que se postulen a ser autoridad; así como las impugnaciones ciudadanas que se podrían presentar en contra de los participantes. Y que como Sofía Almeida no aceptó modificar los reglamentos de los concursos se la defenestró “por venganza”.

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El Gobierno negó estas afirmaciones en su momento, e insistió en que no había ejercido injerencias ni presiones en dicha función del Estado.

Y en esta semana, Caicedo fue nuevamente protagonista de una polémica relacionada con la designación de autoridades al hacerse público un audio en el que le pide a Raúl González, el segundo en la terna enviada por el Ejecutivo al Consejo de Participación para nombrar al superintendente de Bancos, que renuncie porque “ha perdido la confianza del presidente”.

La terna estaba encabezada por Rosa Matilde Guerrero, quien no pasó la etapa de impugnación, y en el tercer puesto constaba Doris Padilla, que fue descalificada. El pleno del Consejo designó a González y ofició a la Asamblea Nacional para que lo posesione, pero con una resolución judicial esto quedó sin efecto. Luego, con otro fallo, se dispuso que tome juramento.

González dijo que recibió varias llamadas de Carondelet. La última fue de Caicedo: “El presidente no te quiere en su terna. Eres un ambicioso, lo indigno es que sigas en una terna en la que el presidente no te quiere”.

El asesor presidencial admitió que le hizo tal requerimiento a González. En un escueto comunicado publicado en las redes sociales, bajo el título ‘Oportunismo político y deslealtad institucional’, explicó que el candidatizado perdió la confianza cuando “negoció políticamente con asambleístas y otros actores políticos”.

La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional le sigue los pasos al académico desde el año pasado. El legislador correísta Ferdinand Álvarez, su presidente, señala que ambos episodios relacionados con el CPCCS dan cuenta de actos de intromisión irregulares por parte de Caicedo, pues como asesor privado del mandatario no tenía atribuciones para hacer cabildeos políticos en su nombre.

En una comparecencia en la mesa en el marco de una investigación al rol de lo asesores ad honorem impulsada por Unión por la Esperanza (UNES), el secretario general de la Presidencia, José Yunes, indicó el pasado 8 de agosto que estos colaboradores ocupan un espacio físico en el Palacio de Carondelet y tienen escolta policial. Al consultarle a la Contraloría General, a través de su director jurídico, si se podría considerar como uso indebido de un recurso público que alguien que no es funcionario público puede tener estos beneficios, le respondieron que sí. “En el ámbito penal, es un peculado de uso”, indica.

“También le pregunté a Yunes si un consejero ad honorem podía llamar a ministros u otras personas a nombre del presidente y su respuesta fue un no tajante. Al día siguiente sale el audio de González. ¿Qué tenía que hacer el señor Caicedo llamando de parte del presidente e incluso dejando entrever intimidaciones de no aceptar su solicitud?”, dice.

Álvarez indica que el hecho de que ya se lo haya nombrado como funcionario oficialmente no significa que no tenga que rendir cuentas por las actividades desarrolladas antes. “Y va a tener que responder por eso”, dice. Como ya es funcionario de la Presidencia, el asambleísta lo convocará a la Comisión la próxima semana.

Arias defiende la gestión de su compañero. “Es importante que se reconozca que el Gobierno, a través del Ministerio de Gobierno, tiene una instancia formal que se relacione con otras funciones del Estado para la coordinación de varios temas. Este tipo de designaciones de autoridades de control arrancan en el Ejecutivo y luego tienen que seguir su trámite en el Consejo de Participación, y que no termina ahí porque la Asamblea tiene la atribución del control político... No se ha hecho la pedagogía suficiente para que la ciudadanía conozca y pueda juzgar con más elementos dónde está la línea que divide la coordinación interinstitucional de la llamada ‘operación política’. Esto tiene una connotación negativa pero al menos en la Asamblea es indispensable que se coordinen ciertas acciones con las bancadas, las autoridades de la Asamblea, el Consejo de Administración de la Legislatura... cosas que pueden verse extrañas, pero creo que tienen que explicarse”. (I)

Hoja de vida

Nombre: Aparicio Eduardo Caicedo Castillo

Edad: 43 años

Estado civil: Casado

Educación: Tiene un título en Ciencias sociales y políticas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y una maestría en derecho comercial internacional de la Universidad de Navarra en España, así como un diplomado en política internacional de la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Es doctor en derecho por la Universidad de Navarra, España.

Actividades privadas: Director ejecutivo de la Fundación Ecuador Libre y miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Ha sido profesor de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en la Universidad Casa Grande de Guayaquil y en la Universidad de las Américas. Ha sido columnista en varios medios de comunicación y ha escrito varios libros como El New Deal del comercio global y Noche larga no liberal: realidad detrás del mito populista.

Patrimonio: $ 350.127,00 (presentó su declaración juramentada de bienes por inicio de gestión en la Contraloría General del Estado el pasado 9 de agosto).