El aporte legislativo de la Asamblea Nacional a los acuerdos entre el Gobierno nacional y las organizaciones sociales e indígenas, suscritos hace cinco meses, es nulo.

De la suscripción de los acuerdos de octubre de 2022, en las diez mesas de diálogo, surgió la necesidad y el compromiso de impulsar la creación de cinco nuevas leyes y reformar al menos cinco normas que están vigentes, pero ninguna ha sido tramitada y tampoco ingresó a trámite.

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Tanto el Gobierno como el sector indígena tienen a sus representantes en la Asamblea Nacional, pero ninguno de esos dos sectores impulsó, en los últimos cinco meses, reformas que podrían contribuir al cumplimiento de los acuerdos.

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Hay que hacer un mea culpa, señala el representante de Imbabura por Pachakutik, Mario Ruiz, porque desde la bancada de Pachakutik no se motivó la aprobación de las leyes acordadas.

Añade que últimamente surgió desde la bancada un nuevo grupo de asambleístas que se dicen representar a Pachakutik-Conaie, pero ni ellos han presentado proyectos sobre los acuerdos, porque hoy “están concentrados en ver cómo botan al presidente de la República y así ajustarse a la agenda de los correístas”.

A nivel de Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos, asegura Ruiz Jácome, está listo para primer debate el proyecto de Código para la Protección de Garantía de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, en el que se aborda el derecho a la consulta previa, libre e informada para la explotación de recursos naturales en las tierras y territorios ancestrales, pero ese documento no surgió de las mesas, aunque se podría agregar en el segundo debate algunos aspectos que se acordaron entre el Gobierno y las organizaciones sociales, señala el legislador de Pachakutik.

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Cuáles son las diez leyes y qué buscan

Nombre de proyectoObjetivoEstado de trámite
<b>Ley sobre consulta previa, libre e informada, ambiental y legislativa</b>Esta ley es transversal a varios acuerdos, aborda el tema minero donde el movimiento indígena plantea que todo se consulte y su postura es no al extractivismo.Existen al menos cuatro proyectos en la Asamblea, pero ninguno producto de los acuerdos. No hay avances legislativos en este campo.
<b>Ley de Petroecuador</b>Esta es una ley nueva, debe enviarla el Ejecutivo porque afecta al presupuesto general del Estado y trata de un nuevo reparto de las ganancias petroleras, y busca la autonomía administrativa y financiera de la institución.No existe proyecto de creación de la nueva ley, se acordó trabajar en conjunto el documento.
<b>Reformas a la ley de hidrocarburos y ley de minería</b>Aplicar lo que señalan los artículos 315, 316 y 408 de la Constitución, referente a las modalidades de empresas para la explotación de recursos no renovables, con la participación de empresas de economía mixta.Se acordó trabajar en conjunto, no existe proyecto de ley
<b>Reformas a ley orgánica de la Circunscripción Territorial Amazónica</b>Incluir una nueva modalidad de distribución de los recursos en la Amazonía, esto es GAD, pueblos, nacionalidades y comunidades.Hay un informe para segundo debate de reformas a esta ley, pero no incluye los acuerdos de las mesas. En el Ejecutivo hay un proyecto listo.
<b>Reforma a la ley de Consejos Nacionales de Igualdad</b>Lo que busca es generar cambios en la forma de seleccionar a los consejeros.Hay un proyecto en trámite presentado por el Ministerio de Inclusión Social, pero es producto de los acuerdos y se puede incluir la reforma.
<b>Reforma al Código de Planificación de las Finanzas Públicas</b>Se introducen reformas a las leyes sobre Petroecuador e Hidrocarburos, busca nuevos recursos para fortalecer la autonomía y desarrollo de las comunidades y pueblos.No existe proyecto, su análisis está a cargo del Ministerio de Finanzas, pero las organizaciones indígenas no se presentaron a las mesas de trabajo.
<b>Ley de recursos hídricos o ley de agua</b>La ley busca evitar cualquier forma de privatización del agua y reconocer los derechos de la naturaleza y de las comunidades. La aprobación de la ley parte de una sentencia de la Corte Constitucional de enero de 2022.En la Asamblea hay un proyecto presentado por el asambleísta Ricardo Ulcuango (UNES), pero se espera que la Conaie entregue el documento para su unificación; se prevé que lo hará en la última semana de marzo.
<b>Ley para la institucionalización del SNAI</b>Se propone que el tema sobre el manejo de las cárceles en el país sea un servicio público de relevancia, por lo que se plantea constituir un ministerio.No existe un proyecto que haya surgido de las mesas de diálogos sobre esta materia.
<b>Proyecto técnico-jurídico que viabilice lo establecido en el art. 171 de la Constitución de la República.</b>Se refiere a justicia indígena para que estas sean respetadas por las instituciones y autoridades públicasA nivel de la Asamblea hay un informe sobre Código para la Protección de Garantía de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, en el que se aborda el tema pero no es producto de las mesas de diálogo.
<b>Reforma la Ley de Seguridad Social</b>Plantea la no privatización del IESS, implicaba una reforma a la seguridad social para ampliar más el número de afiliados e incluir a los indígenas, y cambiar la integración del consejo directivoNo existe proyecto sobre este tema, se acordó trabajar en conjunto.

Estado de trámite

A nivel de Gobierno se señala que los acuerdos que dependen del Ejecutivo tienen un avance importante, pero hay temas en que existe un estancamiento y en su mayoría se refiere a las reformas mineras que demandan una consulta prelegislativa y que a nivel del Parlamento se encuentra paralizado desde noviembre de 2022.

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Existen al menos seis proyectos de ley referentes a reformas a la ley de minería y que deben ser sometidas a consulta prelegislativa, pero para llegar a ese proceso se necesita hacer las visitas a las provincias, cantones, comunidades y pueblos.

La comisión de Biodiversidad tenía listo un plan de consulta prelegislativa para ejecutarlo en el último trimestre de 2022, pero no pudo hacerlo por falta de presupuesto. Hoy nuevamente tiene un cronograma de visitas que aspira a empezar el 17 de junio en la provincia de Bolívar, y se estima que se extenderá hasta junio próximo, donde la última provincia en visitar será Carchi.

Henry Llanes, uno de los delegados de la Fenocin a las mesas de diálogo, destacó que hasta el momento “ni una vocal” se ha puesto en los proyectos de ley que debían estructurarse. Lo más importante de todas estas reformas son las relacionadas a hidrocarburos, Petroecuador y minería, añade el dirigente.

Describe que estas tres leyes deben ser cambiadas para proteger los ingresos del Estado producto de la explotación de los recursos naturales y que estos no deben ser menores al 50 % de la participación en la producción. Además, el Estado no debe recibir menos, en cuanto a utilidades y beneficios, de lo que recibe la empresa privada.

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Llanes señala que han pasado cinco meses y no existen resultados prácticos sobre la estructuración de los proyectos donde el Ejecutivo debió tomar la iniciativa y establecer un cronograma, y a nivel del Legislativo tampoco ha existido un interés por participar en la formulación de los textos a fin de facilitar la aprobación; aunque también reconoció que el sector indígena pretende abandonar las mesas.

El representante de la Fenocin ante las mesas plantea que las organizaciones abran un espacio de diálogo y hagan esfuerzos para llegar a acuerdos sólidos, y superar los conflictos, las contradicciones. Luego hacer una correcta evaluación del trabajo.

Pero que si no se llega a acuerdos, añade Llanes, las organizaciones sociales e indígenas podrían impulsar las reformas mediante iniciativa popular normativa; es decir, recoger alrededor de 33.000 firmas, donde no requerirán del Ejecutivo para la formulación de los textos y presentarlos a la Asamblea Nacional. (I)