La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) organizó una misión en Nicaragua para recoger testimonios sobre la escalada de represión del régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

El resultado fue que tras una semana levantando información se realizó un informe preliminar que indica que “la entidad exhortará a organismos internacionales, a organizaciones que trabajan por la vigencia de los derechos humanos y a instituciones que defienden las libertades de expresión y de prensa a unir fuerzas para exigir el inmediato cese de la represión, la libertad de todos los detenidos por motivaciones políticas y la restauración plena de la institucionalidad democrática”.

“Varios de los entrevistados reiteraron una frase que resume de modo contundente el dramatismo del momento: Nicaragua es un país sin ley y sin Justicia”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director del medio argentino La Voz del Interior, quien encabezó las conversaciones junto con el director ejecutivo de la entidad, Ricardo Trotti.

Este último recordó que ya en 2018 hubo dos misiones tras las protestas que dejaron más 300 muertos, así como dirigentes sociales y periodistas detenidos. Pero en ese momento se pudieron reunir en persona con gente que pudo expresarse libremente. Algo que no se pudo ahora y lo ven como una muestra de que el deterioro de libertades se ha acelerado.

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La SIP también hace un llamado para que la prensa internacional informe de lo que ocurre en el país centroamericano, para mantener la conciencia de la situación.

Además menciona que las elecciones dispuestas para el 7 de noviembre solo pueden darse de manera libre y justa si se recupera un escenario de libertades de expresión, prensa, reunión. Aparte de que sea posible revisar que el proceso da las garantías necesarias.

La misión trabajó de forma virtual debido a las restricciones sanitarias y las limitaciones impuestas para ingresar a Nicaragua. Por la situación, se reserva el nombre de la mayoría de personas contactadas.

“La acentuación de la deriva autoritaria del gobierno de Ortega-Murillo comenzó a encender alarmas en septiembre del año pasado. Ese mes, la Asamblea Nacional dominada por el régimen inició la sanción de una decena de leyes represivas que definen de manera amplia y ambigua tipos penales que facilitan luego encuadrar en ellos todo tipo de acusaciones, sin prueba alguna”, dice el informe preliminar.

En los últimos dos meses se ha visto en el país una embestida ante cualquier crítico del régimen. Tomando acciones en contra de empresarios, periodistas, medios de comunicación y hasta políticos que aspiran a competir en las elecciones presidenciales.

“A partir de entonces, 21 personas fueron llevadas a prisión e incomunicadas o forzadas a permanecer en sus domicilios, entre ellas cinco precandidatos presidenciales... Además, se ordenaron restricciones migratorias que afectan a periodistas, empresarios y líderes sociales sin causa judicial abierta”.

“La misión de la SIP recogió denuncias sobre el accionar de grupos parapoliciales y paramilitares muchas veces encapuchados, que realizan desmanes en viviendas ya allanadas. Presionan también a familiares y personas del entorno de los detenidos o de quienes debieron exiliarse tras recibir mensajes intimidatorios o ser citados a presentarse en dependencias policiales, sin orden de la Justicia. Incluso se recogieron testimonios de que esos grupos ilegales persiguen a exiliados fuera de las fronteras nicaragüenses”, indica el texto preliminar, que indica que esto incluso hace que personas que no están en el país eviten hablar para que familiares en el país no tengan problemas.

Incluso la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha criticado el accionar de las autoridades.

Se tiene previsto presentar el informe completo el próximo 16 de julio. (I)