Colombia lleva diez días de protestas contra el Gobierno y aún no se ve que haya una solución a corto plazo para las demandas de los manifestantes.

Lo que empezó como una movilización en rechazo a una reforma fiscal, ya retirada, se ha transformado en una de las mayores manifestaciones contra el presidente conservador Iván Duque, quien no ha podido evitar que sigan los bloqueos en las carreteras, que han provocado escasez de combustible en ciudades como Cali y Pereira (centro-oeste).

Este viernes marcharon en Bogotá los indígenas misak, según el diario colombiano El Espectador.

Las marchas han sido en su mayoría pacíficas y han ido aflojando con el paso de los días. Pero desde el inicio de estas, en algunas ciudades se presentaron disturbios y choques con la fuerza pública que dejan al menos 26 muertos —la oenegé Temblores eleva la cifra a 37 homicidios— y más de 800 heridos.

Publicidad

En ese marco, este viernes el Gobierno denunció una “campaña de estigmatización” contra la fuerza pública, que está bajo la lupa de la comunidad internacional por abusos en medio de las protestas.

“Hay una campaña de estigmatización de las operaciones de la fuerza pública, que la mueven en redes sociales con el fin de ponerla en contra de la sociedad”, aseguró a Blu Radio el ministro de Defensa, Diego Molano.

La ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia en la represión de las manifestaciones contra el presidente Iván Duque.

“La contundencia del Gobierno es en contra de los vándalos, no de los manifestantes”, afirmó Molano, sin precisar quién estaría detrás de la presunta campaña de desprestigio.

De acuerdo con el Gobierno y la Fiscalía, disidencias de las FARC —que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016— y el ELN —última guerrilla reconocida en Colombia— se camuflan entre los manifestantes para hacer “vandalismo” y atacar a la fuerza pública.

Naciones Unidas reiteró este viernes su “llamado a que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta” en el país de 50 millones de habitantes. También pidió “garantizar el libre acceso a insumos alimentarios básicos, la misión médica y misiones humanitarias”, afectados por los bloqueos.

Publicidad

“Los niveles de desigualdad en Colombia son altísimos, entonces, ya había un caldo de cultivo para la movilización social, pero creo que el factor detonante definitivamente es la pandemia”, comentó la analista política Sandra Borda, quien agregó que “Colombia ya no es un país de clase media, Colombia básicamente tiene a la mitad de su población sumida en la pobreza, y era perfectamente esperable que eso resultara en una movilización social en búsqueda de soluciones a ese proceso de marginalización económica y social por el que está pasando la gente”.

“El paro muy seguramente va a optar en términos de movilización social por una estrategia (...) que muy seguramente se va a convertir en acordeón, en donde en unos momentos va a subir la espuma de la intensidad de la protesta y poco a poco bajará”, dijo el analista Jairo Libreros, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia.

Duque ha llamado esta semana a un diálogo con “todos los sectores”, incluyendo al Comité del Paro, que impulsa las protestas y agrupa a varias organizaciones.

Sus miembros tienen reclamos variopintos, como una reforma a la Policía, “renta básica” de unos 250 dólares mensuales para los sectores más pobres, gratuidad en la educación superior, frenar una iniciativa del Ejecutivo que busca el regreso de las fumigaciones con glifosato en las regiones donde se cultiva la hoja de coca, entre otros.

En ese escenario, Duque se reunió el viernes con la llamada Coalición de la Esperanza, en la que están figuras políticas como Humberto de la Calle o Sergio Fajardo.

De la Calle comentó que estaban ahí como uno de los sectores que quieren que las cosas mejoren; pero que no eran representantes del Comité del Paro, con el que el presidente debería conversar.

Al término de la reunión con la Coalición de la Esperanza, el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el mandatario Duque sí quiere reunirse con el Comité del Paro el próximo lunes.

Sin embargo, el presidente sigue sin reconocer los abusos por parte de las fuerzas de seguridad e insiste en criminalizar las protestas resaltando los actos de vandalismo y hablando de organizaciones criminales detrás de ellas.

Opiniones de líderes internacionales.

La Cancillería colombiana replicó este viernes al presidente argentino Alberto Fernández, quien había pedido que se resguarden los derechos humanos y cese la “violencia institucional que se ha ejercido”.

“Cancillería, en nombre del Gob. de COL, rechaza firmemente las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que desconocen que miles de colombianos han tenido, conforme a nuestro Estado de derecho, todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del país”, respondió.

Desde España, el líder opositor venezolano Leopoldo López aseguró que la violencia resta “legitimidad” a las protestas que se están registrando en Colombia contra las políticas del presidente.

“Por eso digo a mis hermanos de Colombia: no pongan en peligro lo que tantas vidas, sufrimiento y esfuerzos ha costado. La estabilidad democrática es la más alta aspiración de todo pueblo libre”, afirmó López.

Mientras, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó los casos de “tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden” en Colombia, pero llamó también a respetar los derechos de quienes no protestan y exhortó a un cese de los bloqueos.

“Condenaremos especialmente los casos de tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden”, indicó el diplomático uruguayo en una declaración publicada en Twitter. (I)