La situación política de Nicaragua es un tema frecuente en la política regional y este miércoles se presentó una sorpresa relacionada a esto en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields Yescas, decidió dejar de “guardar silencio” y arremetió contra “la dictadura” de Daniel Ortega en su país.

“Tengo que hablar aunque tenga miedo, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí”, declaró durante una sesión telemática del organismo.

Las condenas de entre 8 y 13 años de prisión contra 7 dirigentes opositores que quisieron competir por la Presidencia con el gobernante Daniel Ortega en las elecciones de noviembre pasado en Nicaragua mostraban una “política contra todo liderazgo” alternativo, según el observatorio Urnas Abiertas.

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“La declaración de culpabilidad contra los siete rivales que pretendían hacerle frente a Ortega y (Rosario) Murillo es la consumación de la persecución y judicialización política contra todo liderazgo o fuerza opositora que aspiraba disputar el poder a través del voto”, indicó Urnas Abiertas, un organismo independiente, en una declaración.

Los siete políticos que anunciaron sus intenciones de ser candidatos a la Presidencia de la oposición y que fueron condenados son Arturo Cruz (9 años), Cristiana Chamorro Barrios (8 años), Félix Maradiaga (13 años), Juan Sebastián Chamorro (13 años), Medardo Mairena (13 años), Miguel Mora (13 años) y Noel Vidaurre (9 años).

Los opositores nicaragüenses fueron declarados culpables por delitos que son considerados traición a la patria o lavado de dinero, pese a que, según organismos humanitarios, ellos no los cometieron.

Algunos de ellos adicionalmente tendrán que pagar multas millonarias, mientras que otros no podrán ejercer cargos de elección popular incluso después de haber pagado condena.

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“Son sentencias nulas, son inocentes, exigimos libertad inmediata”, consideró, por su lado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que acompañó los casos.

La última en ser condenada fue Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien venció de manera sorpresiva a Ortega en las elecciones de 1990. (I)