Por delitos como instar al desorden público, desacato, resistencia, atentado, ultraje a los símbolos de la patria y hasta sedición, que conllevan penas de entre 15, 18 y 20 años de prisión, están siendo juzgados los cientos de cubanos detenidos por las inéditas manifestaciones del 11 de julio de 2021, las mayores protestas antigubernamentales en décadas, espontáneas y masivas ligadas a la grave crisis económica que atraviesa la isla.

Organizaciones locales han revelado que esta semana serán 45 los juzgados, con al menos dos menores de 18 años, y varias ONG alertan sobre la falta de garantías y fabricación de pruebas en los procesos. En Cuba, la edad penal mínima es 16 años.

El colectivo Justicia 11J asegura que esta semana habrá tres juicios, que se celebran en Mayabeque y La Habana. El mayor de los procesos tendrá lugar en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre de La Habana, donde se juzgará en una causa común a 23 personas con peticiones de hasta 20 años de prisión.

Hermetismo en procesos

No se conoce el día puntual ya que las autoridades judiciales cubanas no acostumbran a informar sobre los procesos legales, sobre los que tampoco reportan los medios oficiales. Además hay mucho hermetismo ya que las vistas no son públicas y los medios internacionales no tienen posibilidad de cubrirlos.

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Así como tampoco se conoce la cantidad de personas arrestadas y procesadas por las manifestaciones que estallaron al grito de “Tenemos hambre” y “Libertad”, y que causaron un muerto y decenas de heridos.

“Lo que sucede en estos momentos en Cuba es una vulneración de los derechos humanos de aquellas personas que han tenido la valentía y autodeterminación de expresarse y no existen las garantías jurídicas para que puedan desarrollarse estos procesos con una absoluta transparencia y seguridad”, dice Dayana León, periodista cubana y docente de la Universidad de las Américas.

León dice que las redes sociales se han convertido en un mecanismo para que se pueda conocer más allá de lo que sucede en la isla y que eso es un indicio fuerte de cómo las garantías están siendo afectadas en Cuba.

Refiere que “el modelo cubano debe ser revisado y transformado y debe tener los principios internacionales de la garantía de lo que es una verdadera democracia, con libertad, sin cohersión y sin implicación de diversas funciones del Estado dentro de las garantías de la opinión pública”.

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Adalberto Mesa, coordinador en Ecuador del movimiento Somos más Cuba, coincide en que el internet y las redes sociales facilitan el conocer qué ocurre en la isla y hacen que a la dictadura le queden cada vez menos opciones.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba, en una fotografía de archivo. Foto: EFE

Régimen busca demostrar su capacidad de represión

“La práctica del terror en Cuba es longeva, lleva más de seis décadas, y con estos juicios lo que se está tratando es de ejemplarizar el poder represivo del país para que no sean sucesivas las manifestaciones”, dice Mesa.

El activista añade que con estos juicios, el Gobierno también demuestra su capacidad de represión con detenidos en condiciones hostiles en prisiones de máxima seguridad y que pueden ser peores para quienes lleguen a ser condenados por sedición.

Mesa menciona que todos quienes salieron a protestar lo hicieron en busca de un cambio y en contra de un Gobierno que no tiene nada que ofrecer. “Nuestro pueblo está cansado del hambre, de la miseria, de la represión y de no tener permitido ni siquiera demostrar su inconformidad de forma pacífica”, apunta.

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No obstante, las autoridades judiciales cubanas aseguran que se cumplen estrictamente los instrumentos internacionales, niegan que se trata de procesos políticos y subrayan que juzgan solo delitos violentos y actos de vandalismo.

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, hizo a inicios de la semana una referencia indirecta a los procesos en la apertura del año judicial al asegurar que, pese a la pandemia, la Justicia cubana ha podido seguir enjuiciando a quienes “cometieron hechos vandálicos, agresiones violentas contra autoridades y funcionarios, y otros graves actos delictivos”.

El Ejecutivo cubano ha negado además que se trate de juicios de carácter político. El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, aseguró recientemente que en la isla “no hay presos políticos” y que los cubanos “pueden manifestarse libremente” en contra de la revolución.

Sin embargo, según Prisoners Defenders, una ONG española que defiende los derechos humanos en Cuba, al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión en la isla por motivos políticos, en la mayoría de los casos por los hechos del 11 de julio. Entre ellos la ONG asegura que hay 26 menores de entre 14 y 17 años.

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Por su parte, la ONG cubana Cubalex ha identificado en su último recuento un total de 1.377 detenidos a raíz del 11 de julio y otros 94 por la frustrada protesta del 15 de noviembre. De ellos, 727 (de los que 15 son menores) siguen arrestados. Otros 361 han sido juzgados en procesos sumarios u ordinarios.

La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció recientemente ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) la situación de 39 menores de 21 años “encarcelados en Cuba por protestar pacíficamente”.

El 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a manifiestarse frente al Capitolio de La Habana. Foto: EFE

Intervención internacional se considera necesaria

Ante la compleja situación, León manifiesta que es necesario que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas intervenga y también que se llegue a establecer un proceso de denuncia para estas situaciones.

“La población cubana necesita tener garantías... quienes estamos en el exterior hemos decidido contar qué es lo que está pasando y tenemos temor por nuestros familiares que siguen en el país”, subraya.

La académica menciona también que ante lo que se vive en la isla es necesario retomar el tema del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente desde 1966, que señala que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación, pero que también es necesario que las personas puedan ejercer derechos y libertades e interponer cuando estos recursos no hayan sido generados.

Por su parte, Mesa dice que todos los cubanos desde el exilio buscan dar continuidad a lo que se denuncia desde la isla y sobre la intervención de organismos internacionales menciona que muchas veces se hacen de “oídos sordos” sobre lo ocurre en países como Cuba, Nicaragua o Venezuela. (I)