Los procesos de liquidación de asambleístas y servidores legislativos continúan en la Asamblea Nacional que fue disuelta hace 35 días mediante Decreto Ejecutivo 741, pero se desconoce la cifra de cuántos ya recibieron y el monto del rubro correspondiente.

Todos los días, el Parlamento recibe a los exfuncionarios y exasambleístas que tienen fecha asignada para la entrega de bienes como mobiliario, documentación y más asuntos pendientes como asistencia. Una vez concluido ese proceso se abre el plazo de un mes para su liquidación.

Mientras dure el proceso de disolución de la Asamblea Nacional, la administración de la Función Legislativa estará en manos de Miguel Pesántez Urgilés, hombre de confianza del expresidente Virgilio Saquicela. Él define y justifica ante el Ministerio de Economía y Finanzas el número de funcionarios y el monto que se debe asignar cada mes para cubrir gastos de sueldos. Con la prensa no quiere hablar y tampoco existe acceso al edificio, afuera del Palacio al menos cinco miembros de la escolta legislativa son los encargados de la bitácora y verifican la autorización de acceso.

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Al momento existen 228 empleados legislativos, entre ellos, asesores de presidencia, coordinadores, secretarios, protocolo, analistas, contadores, servidores legislativos de varios niveles, especialistas, personal de odontología, enfermería, choferes y hasta mecanógrafos.

Asamblea Nacional disuelta sigue con asesores de presidencia, secretarios y coordinadores con sueldos superiores a 4.000 dólares

El actual administrador de la Asamblea se convierte, según la normativa, en la máxima autoridad y representante legal de la Función Legislativa.

La exlegisladora Nathalie Arias (CREO), exintegrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), señaló que tras la disolución de la Asamblea se necesitaba de una estructura mínima de personal para poder cerrar funciones y recibir toda la documentación y bienes entregados a los legisladores y sus colaboradores, de acuerdo con un calendario programado.

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“A mí me ha sorprendido saber el número de funcionarios que todavía están en la Asamblea disuelta, y esa parte podría prestarse para una suerte de manejo político y abusar de los recursos públicos y humanos para efectos de una campaña”, afirmó la exlegisladora oficialista.

Indicó que existe mucha discreción de parte de la actual administración para determinar cuáles son las áreas indispensable y sobre todo el número adecuado de funcionarios.

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La Contraloría debe intervenir en este caso; pues dijo que personalmente conoció de un caso de una persona que buscaba su reintegración porque era de la secretaría general, pero su incorporación dependerá de la decisión del administrador.

También el Ministerio de Economía y Finanzas puede desentenderse del tema porque son valores que tienen que justificarse mes a mes, dijo Arias.

El exasambleísta y coordinador de Pachakutik, Mario Ruiz Jácome, manifestó que el único personal que no podía ser removido correspondía al que tenía nombramiento y otros funcionarios que no eran de carrera, pero tenían que ver con actividades como custodia de bienes y encargado del inventario.

Pero si es por cuestiones políticas que algunos se mantienen dentro de la Asamblea Nacional debería ser observado por la Contraloría del Estado para verificar el número de personal legislativo que se quedó, qué funciones cumplió, cuánto se pago a ese personal y bajo qué autorización y concepto se quedó el personal desde el día de la disolución.

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Johanna Moreira (ID), integrante del CAL, señaló que se entiende que el personal que se quedó en el Parlamento era para ayudar a los procesos de liquidación a los legisladores y funcionarios. Consideró que el Ministerio de Economía y Finanzas tampoco dará los recursos para el pago de estas personas que siguen en la Asamblea Nacional.

Examen de Contraloría

La Contraloría General del Estado mantiene un equipo de auditoría interna en el Legislativo, en este momento se realiza un examen en la contratación de servicios. Respecto a las liquidaciones de asambleístas y funcionarios, así como las contrataciones realizadas por el actual administrador del Parlamento será parte del plan de auditoría del 2024, tomando en cuenta que la Contraloría realiza sus exámenes sobre lo ejecutado.

Los exámenes que ha realizado la Contraloría General del Estado entre 2022 y 2023, en la Asamblea Nacional, son los siguientes:

  • Seguimiento de recomendaciones de las auditorías aprobadas entre enero y diciembre de 2021.
  • Auditoría al proceso de selección, ingreso, asistencia y permanencia del personal, en la Asamblea Nacional, entre enero de 2021 y agosto de 2022.
  • Examen a las declaraciones patrimoniales juradas de un funcionario legislativo.
  • Examen de servicios de limpieza en la Función Legislativa entre enero de 2020 y diciembre de 2021.
  • Revisión de la contratación del servicio de transporte institucional entre enero de 2019 y diciembre de 2021.

Al momento se encuentran en ejecución las siguientes auditorías:

  • Pagos de los servicios de logística y catering para eventos entre junio de 2017 y diciembre de 2022.
  • Declaraciones patrimoniales de un servidor legislativo.
  • Servicios de limpieza por catálogo electrónico entre octubre de 2021 y diciembre de 2022. (I)