Vamos a combatir la corrupción de ahora, ayer y la que podría venir. Vamos a practicar una cirugía mayor”, fue una de las principales promesas que realizó Lenín Moreno el 24 de mayo de 2017, cuando se posesionó como presidente del Ecuador. Sin embargo, su administración, que finaliza en ocho días, ha estado envuelta en actos corruptos, varios de ellos investigados actualmente por la Fiscalía.

La corrupción incluso se tomó los hospitales públicos en plena crisis sanitaria en 2020. Mientras cientos de ecuatorianos morían en las calles o en sus casas por la falta de atención, se conocía de la compra de insumos médicos con sobreprecio.

La promesa de lucha contra la corrupción fue la gran y burda tomadura de pelo por parte de Moreno para los ecuatorianos. Solo por ejemplo, hemos visto en las últimas semanas que el contralor (Pablo Celi), la persona más importante para precautelar los bienes públicos, se ha dedicado a extorsionar sistemáticamente y Moreno lo sabía hace más de un año por lo que venía trabajando la justicia de Estados Unidos”, dice Alejandro Rodas, analista político.

Además, afirma que la “persecución” que el gobierno saliente realizó, de manera sistemática, a través de varias instancias del Estado, contra los líderes del correísmo ha hecho que estos personajes se victimicen ante la sociedad: “La corrupción casa adentro no fue investigada. El gobierno entrante deberá investigar casos como Inapaper, en los cuales está salpicado el presidente saliente. El único fin del morenismo fue enterrar al correísmo”.

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La falta de transparencia que generó la administración de Moreno ha causado un “vacío de impunidad” en toda la sociedad ecuatoriana, señala el experto. “El trujillismo (Consejo de Participación Ciudadana transitorio dirigido por Julio César Trujillo) logró sacar a autoridades con serios vicios de corrupción, pero, al final, se puso a otros que fueron peores”.

Para César Cárdenas, coordinador del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, lo único rescatable del presidente saliente es que respetó la independencia de funciones.

En el resto ha sido un desastre. No cumplió sus ofertas electorales, se han descubierto actos de corrupción despreciables, hasta con temas que son sagrados como es la vida de las personas”, señala.

Además, critica que Moreno haya dicho que no ha cumplido con sus ofertas por la crisis y la pandemia: “En los actos de corrupción se han llevado mucho dinero, plata hubo, pero lo que no hubo fue voluntad política para condenar estos actos”.

También afirma que los perfiles elegidos por el actual mandatario para que dirijan los ministerios no fueron los mejores, y esto ha sido uno de los factores para que la corrupción se desborde: “Hubo ministros como el de Salud (Juan Carlos Zevallos) que solo se preocupó por su madre y no vacunó a los ecuatorianos. Gente que solo llegó a los ministerios para cometer actos corruptos y beneficiar a sus grupos cercanos”.

Cárdenas añade que el presidente Moreno no desarmó en su totalidad el aparataje de corrupción montado por el correísmo y que incluso esto también perjudicó el desempeño de su administración: “El 70% de los funcionarios que tuvo Moreno fueron heredados del gobierno anterior y con gente así no se puede avanzar”.

Uno de los puntos positivos que impulsó Moreno fue la pregunta que incluyó en la consulta popular del 2018 que con su aprobación se suspendieron de por vida de los derechos políticos para los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción.

Además, en ese mismo año, Moreno envió un proyecto de ley anticorrupción y protección del denunciante. Sin embargo, en 2019, la Asamblea resolvió incorporar ciertos temas de la norma dentro de las reformas al Código Penal. (I)