Desafiliarse del partido o movimiento político por el cual se es electo no está entre las causales para destituir a un asambleísta.

Es razón de destitución gestionar nombramientos de cargos públicos o tener contratos con entidades estatales, pero sí se les permite integrar una bancada conformada por legisladores que sean parte de otra organización política.

Aún no se posesiona la nueva Asamblea Nacional, pero ya hay cuatro legisladores que se desligaron de los partidos o movimientos por los que fueron electos, en plancha, en las elecciones anticipadas.

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Asamblea Nacional enfrenta dificultades para instalarse de forma inmediata tras la muerte cruzada

El último es Ferdinan Álvarez, quien se desafilió del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC5) por el conflicto con Jorge Glas (exvicepresidente de la República del correísmo y sentenciado por corrupción) desatado ante la divulgación de audios que revelan diferencias personales entre ambos y que involucran a Soledad Padilla, exasesora del ex segundo mandatario y actual pareja sentimental del legislador reelecto por Guayas para el periodo que fenece en mayo del 2025.

Con ello la bancada RC5, que será la más numerosa de la próxima Asamblea Nacional, queda con 51 miembros, ya que Álvarez estará como independiente.

En tanto que el movimiento Construye, que respaldó la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto pasado, registra la salida de tres asambleístas que pasaron a ser independientes. Estos son Adriana García, legisladora nacional; John Polanco, representante de Esmeraldas; y María Fernanda Jiménez, del distrito 3 de la provincia del Guayas. Construye se mantiene entonces con 26 curules.

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Los ‘muñequeos’ para conformar las bancadas son evidentes.

Los tres parlamentarios electos que se separan de Construye están en conversaciones para conformar un grupo junto con los legisladores de Sociedad Patriótica y del movimiento Actuemos, que auspició la candidatura del expresidenciable Otto Sonnenholzner.

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Al no existir una prohibición específica en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), la tónica en el país han sido los denominados camisetazos o personas que se ponen la camisa de independientes, alejándose del movimiento o partido por el que llegaron a obtener su curul.

En ciencias políticas esto se denomina transfuguismo, lo que no es nuevo. Ocurrió, por ejemplo, cuando supuestamente se tenían los votos para destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso, en junio del 2022, pero finalmente no alcanzaron la mayoría necesaria. En este concepto se incluye también el cambio de postura repentino.

Ferdinan Álvarez no acudió a la entrega de credenciales a los asambleístas electos de Guayas

Para destituir a un asambleísta o al primer mandatario se requiere una mayoría calificada, que es el voto favorable de las dos terceras partes de las y los asambleístas que integran la Asamblea Nacional (92 de los 137 miembros del Legislativo).

Marcelo Espinel, abogado especializado en gestión pública, transparencia y gobierno abierto, afirma que los transfuguismos son frecuentes en el historial del Legislativo. “En el periodo 2017-2021 se dio un cisma muy fuerte en la Revolución Ciudadana tras la separación de Lenín Moreno de Rafael Correa, más de veinte legisladores conformaron la bancada morenista y otros se quedaron en la bancada correísta”.

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La debilidad del sistema de partidos coadyuva para que se dé lo que en términos criollos se conoce como camisetazo. “No tenemos verdaderos procesos de militancia política, por ejemplo, el hecho de que quieras ser candidato no te obliga a ser militante de una organización política, entonces cuando ganan el cargo no necesariamente sienten pertenencia a ese partido o movimiento”, dice Espinel.

Es lo que pudo haber ocurrido en el caso de los tres asambleístas que se volvieron independientes tras ser escogidos bajo la alianza de los movimientos Construye y Gente Buena.

La analista política Madeleine Molina indica que estas dinámicas de separación reflejan que los asambleístas tienen intereses personales y no de bloque. “¿Qué mueve a los legisladores a estar allí? Realmente lo que los mueve es el interés propio para ganar dinero con su curul, por logro personal o responden a otro tipo de movimientos de sectores de la ciudad que son puntuales, como los empresarios o grupos de poder político”.

Estas rupturas visibles sin que estén aún posesionados en el pleno evidencian inestabilidad. “No se puede esperar mucho de la gestión que hagan para este pequeño periodo, es más de lo mismo”, agrega Molina.

Incluso, como se usa el voto en plancha para designar a los miembros de la Función Legislativa, en ese caso se sufraga por el grupo de postulantes de una determinada organización política. “En el caso de Álvarez, la gente lo escogió por el respaldo que tenía la Revolución Ciudadana, se vota por todos. Allí también estaba Alexandra Arce (exalcaldesa de Durán) como parte de los candidatos de la circunscripción tres de Guayaquil”, añade Molina.

En estas desafiliaciones se refleja la agenda propia que tiene cada legislador. “No hay mucha cohesión, con lo ocurrido se habla de que habrá nuevas deserciones de la RC, un bloque que se había caracterizado por ser homogéneo”, agrega.

El problema, asegura Espinel, es que estas desafiliaciones o alejamientos son una ventana abierta a la corrupción. “Estos votos flotantes que quedan en la Asamblea Nacional pueden convertirse en espacios en los cuales aquellos que tengan intereses de obtener estos votos puedan utilizar prebendas para conseguirlos. Allí es cuando se negocian contratos, cargos, carnés de discapacidad, hospitales”.

Estos legisladores independientes pueden mantener su independencia en la militancia, pero aquello no les impide ser parte de alguna bancada sin afiliarse a esa organización política. “Las bancadas pueden ser integradas por independientes, no tienes que obligatoriamente estar afiliado a un partido”.

Luego de las denuncias de violencia y acoso hechas por Soledad Padilla, Paola Pabón plantea una unidad para atender los casos de violencia de género dentro de la RC

En otros países hay normas para impedir los camisetazos. “Los partidos deciden no admitir en sus bancadas a los que se declaran independientes para que no se dé esta negociación de votos, pero acá en el país no hay ese tipo de prohibiciones”.

Determinarlas requerirá de un acuerdo político para impulsar una reforma. “Acá no lo hacen porque claramente no les conviene”, indica Espinel, quien además es coordinador del Observatorio Legislativo.

Desde la sociedad civil se enfocan en que la nueva Asamblea trate los 20 proyectos de ley que quedaron represados tras la instauración de la muerte cruzada por parte de Lasso, que conllevó a la realización de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas.

Entre otros, las reformas a la Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a la Ley de Contratación Pública y al Código de la Niñez y Adolescencia.

“No tiene sentido que se presenten nuevos proyectos de ley considerando el poco tiempo que estarán en funciones (hasta mayo del 2025)”.

Entre las competencias de la Asamblea Nacional está “destituir con el voto favorable de la mayoría calificada a las y los asambleístas”, según el numeral 23 del art. 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Los asambleístas cesarán en sus funciones por los siguientes motivos, según el art. 115:

  1. Terminación del periodo para el que fueron electos.
  2. Renuncia.
  3. Destitución conforme al trámite previsto en esta ley.
  4. Revocatoria del mandato.
  5. Sentencia penal condenatoria ejecutoriada.
  6. Abandono del cargo.
  7. Muerte.

Respecto de la destitución, el art. 163 de la norma señala las prohibiciones, que en caso de ser incumplidas provocan la pérdida de la calidad de asambleístas.

Estas son:

  • Desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si son incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria siempre que su horario lo permita.
  • Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional.
  • Gestionar nombramientos de cargos públicos.
  • Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas; que incluirán la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo.
  • Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones remuneradas de otras funciones del Estado.
  • Integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o empresas en las que tenga participación el Estado.
  • Celebrar contratos con entidades del sector público.

Luego del trámite previsto, el legislador será destituido con el voto favorable de la mayoría calificada de la Asamblea Nacional. (I)