‘65.336 guardias están operativos, pero hay los que cumplen este rol sin tener preparación, el peligro es que sean reclutados por las bandas’, dice Pablo Coello, director de Seguridad Privada del Ministerio del Interior

La disposición general tercera de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada indica que “las compañías de vigilancia y seguridad privada prestarán colaboración inmediata a la Policía Nacional en apoyo a la seguridad ciudadana”.

Pablo Coello, director de Regulación y Monitoreo de Seguridad Privada de la entidad, indica que esta atribución se aplica a través del programa denominado Ojos, Oídos y Voz con el que los guardias privados trabajan en la prevención del delito.

La labor de la seguridad privada, añade, acoge relevancia en medio del auge delincuencial que enfrenta el país.

Estas empresas requieren de un permiso de operaciones que otorga el Ministerio del Interior cada dos años, ya sea por primera vez o renovación.

El número de compañías que obtuvieron estos permisos pasó de 618 en 2017 a 772 en 2019 (primera vez y renovación), pero disminuyó a 544 en 2021 y 541 en 2022.

La informidad en el sector persiste y hay personas que fungen de guardias en urbanizaciones, centros comerciales y negocios sin tener la capacitación adecuada, reconoce el funcionario.

¿Cuál es el papel de la seguridad privada en medio del auge delincuencial actual?

El Estado está tomando las acciones necesarias con el fin de contrarrestar esta problemática. Entendemos que la seguridad privada atiende requerimientos en funciones específicas sobre la contratación de sus servicios. La disposición final tercera de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada da un contexto de apoyo y colaboración a la Policía Nacional en función de la seguridad ciudadana. En base a ello pueden mantener un rol preventivo. Está claro que estas compañías tienen sus competencias y la Policía Nacional como parte de la fuerza pública también tiene las suyas, no obstante, se puede hablar de una colaboración hacia la Policía Nacional en el plano preventivo porque no queremos tampoco que haya una exposición de los guardias o que de pronto se arroguen competencias que no tienen.

¿De qué forma articulan esta colaboración?

La Dirección de Regulación y Control de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, ente rector de la seguridad ciudadana en Ecuador, es la encargada de desarrollar programas en función de que la seguridad privada apoye a la Policía Nacional. Hay que entender que las compañías de seguridad privada manejan la seguridad física y tecnológica. Por ejemplo, estamos manejando un programa que se llama Ojos, Oídos y Voz en el que el rol de las compañías de seguridad privada va a ser mucho más activo y participativo. Lo que se pretende es que los guardias sean más colaborativos en el eje preventivo de la actividad delincuencial. La idea es que fundamentalmente los guardias se conviertan en esos ojos, oídos y voz que requiere la Policía Nacional. Hay 65.336 guardias de seguridad privada que están actualmente laborando en el sector privado a nivel nacional. Ellos se convierten en un contingente que está incluso un poco más arriba del numérico de policías nacionales del Ecuador (unos sesenta mil).

¿Cuál es el alcance de la labor de los guardias dentro del eje preventivo?

Hay que ser muy claros, es de apoyo preventivo en funciones de obtener información y colaborar. El hecho de que que un local privado o una institución pública cuenta con un servicio de seguridad privada es un elemento disuasorio con un guardia haciendo presencia en un sitio dando servicios.

¿Cómo hacer que cumplan esta labor sin ponerlos en más riesgo?

Hay que estar claros que no queremos exponerlos más bajo ningún concepto, pero ellos pueden convertirse en colaboradores de la Policía con información. Esto obviamente hacerlo con el cuidado del caso y la reserva porque esto puede conllevar inclusive a algún tipo de respuesta en contra del propio guardia. El programa Ojos, Oídos y Voz va en función de eso, convertirle al guardia en un ente de carácter preventivo en el tema delictual con la obtención y traslado de información hacia la Policía de manera efectiva.

Uno de los problemas es que hay negocios, edificios y urbanizaciones en las que se contrata como guardia a personas que no están acreditadas y preparadas para cumplir esa función.

Hay conjuntos privados, edificios que ponen al conserje con un uniforme, este funge como guardia de seguridad, algo que no es legal ni correcto. Esta práctica no es acorde a la normativa vigente, que indica que un guardia debe estar acreditado con la capacitación correspondiente.

¿Cuál es la preparación que tiene un guardia de seguridad acreditado?

Debe seguir dos cursos. El nivel uno y el dos. En el primero se acredita como guardia de seguridad privada de manera general, entonces puede establecer un servicio, pero sin arma. En el segundo ya hay una capacitación en el manejo de armas. Un total de 245.000 guardias han sido capacitados y acreditados en el país, de estos 65.336 están operativos trabajando con afiliación a la seguridad social. Estos últimos cuentan con la garantía de pertenecer a una empresa de seguridad privada. Para establecer un servicio, por ejemplo, tiene que ser a través de una compañía de seguridad privada legalmente constituida, que tenga el permiso de operación avalizado por el Ministerio del Interior. No se puede contratar a un guardia que no pertenezca a una compañía.

¿Qué consecuencias conlleva la informalidad que hay en la contratación de personas como guardias privados?

El hecho de que al conserje se le ponga uniforme para que acoja el rol de guardia es ilegal, informal. Es un servicio totalmente precarizado a través del cual no estamos garantizando seguridad porque puede ser inclusive una persona que pueda ser fácilmente reclutada para que transmita información a grupos delincuenciales y con ello se facilite la realización de actividades ilícitas.

Hay empresas que manejan insumos y productos importados que no tienen ni garitas de seguridad privada en sus instalaciones, lo que facilita que sean presa de las extorsiones.

Lo recomendable es que si tenemos negocios con un manejo de recursos económicos fuertes, diarios y ya tengo una capacidad instalada empresarial, en ese caso es idóneo la contratación de una compañía de seguridad privada. La seguridad obviamente está a cargo del Estado, pero también como ciudadanos podemos ser corresponsables y esa corresponsabilidad también se la puede atribuir al sector privado a través de una compañía legalmente constituida con el permiso de operación vigente.

Las compañías de seguridad legales aplican pruebas de confianza en su personal para disminuir el riesgo de que estos sean reclutados por las bandas.

Esto depende de cada compañía. Unas aplican pruebas de confianza y hacen una revisión del perfil de las personas que van a ser contratadas para las labores de seguridad privada, como que no tengan antecedentes penales. Aquí el llamado de contratar servicios con empresas que estén legalmente constituidas. Como Estado tenemos muchos problemas de informalidad y obviamente realizamos los operativos de control que sean necesarios de manera activa y conjunta con el Comaco (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para el tema del control de armas), Ministerio de Trabajo, con el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). Muchas compañías están fungiendo o laborando de manera informal, sin haber obtenido el permiso de operación. Contratar a una legalmente constituida va a garantizar el hecho de que primero ha cumplido con todos los requisitos, instalaciones, capital social, las pólizas de seguros que deben tener. Estas también exigen que los guardias de seguridad privada hayan sido capacitados y tengan los cursos pertinentes. (I)