Juan Zapata, exministro del Interior, hizo llegar un reclamo a la Asamblea Nacional detallando una serie de irregularidades en el proceso de juicio político seguido en su contra por supuesto incumplimiento de funciones en el área de seguridad. Afirma que no se otorgaron todas las garantías del debido proceso.
Zapata está acusado por el socialcristiano Carlos Vera Mora de no ejecutar el presupuesto asignado a la cartera a su cargo durante el 2023, lo cual contribuyó al incremento de la inseguridad del país, crímenes y asesinatos, entre ellos el del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, alcaldes y excandidatos.
Publicidad
El exministro hizo pública una carta dirigida a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional donde afirma que, a pesar de los reportes mediáticos sobre el avance del proceso, no ha sido notificado oficialmente en ningún momento respecto a la presentación de pruebas y comparecencias.
Esto, según el exfuncionario, contradice el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina que el debido proceso debe ser respetado en todas las etapas del enjuiciamiento político.
Publicidad
Asegura que, a diferencia de otras convocatorias en las que ha participado, esta vez no recibió notificación alguna sobre el presente juicio político, ni siquiera por correo electrónico o teléfono, a pesar de contar con un correo oficial registrado en el sistema de gestión documental de la Asamblea Nacional.
En la carta, Juan Zapata asegura que el 29 de enero de 2024 remitió a Soporte de Gestión Documental de la Asamblea Nacional, donde se confirma la creación de un usuario en el sistema y se registra su correo electrónico para comunicaciones oficiales. Esto evidencia que el canal oficial de notificación es el correo electrónico corazonesazules@gmail.com.
Zapata pidió a la Comisión de Fiscalización que se certifique si fue notificado en el correo electrónico registrado y que se retrotraigan todas las actuaciones del proceso hasta el momento de la primera notificación por parte de la Comisión de Fiscalización. Además, reitera su vocación democrática de responder ante cualquier proceso de fiscalización, siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso y los derechos constitucionales en los procesos de enjuiciamiento político.
De su lado, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, dijo que se cerró la etapa de prueba y que el acusado no respondió ni presentó prueba alguna en el proceso, por lo que fue juzgado en rebeldía.
Y, según el cronograma establecido en la comisión, el fin de semana pasado venció el plazo para la actuación de las pruebas de cargo y de descargo. De ahí, la Comisión de Fiscalización, en el plazo de cinco días, remitirá a la presidenta o al presidente de la Asamblea Nacional un informe que detalle motivadamente sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al pleno de la Asamblea Nacional el archivo del trámite o el juicio político, aunque la comisión puede pedir una prórroga de cinco días adicionales para la remisión del informe. (I)