El testimonio de un agente de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos fue determinante en la sentencia condenatoria de 17 personas por una caso de financiamiento y producción de drogas en Manabí.

El agente fue quien estuvo al frente de la incautación de 20 toneladas de drogas provenientes de Ecuador.

Los implicados fueron detenidos el octubre de 2021 en Manabí, en un operativo contra grupos delictivos, en el que se desarticularon tres estructuras delincuenciales que tendrían vínculos con operaciones internacionales de narcotráfico.

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El operativo estuvo liderado por el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía de Ecuador y tuvo el apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Los detenidos fueron declarados inocentes en julio del 2022 por un tribunal de Manta. Sin embargo, la Fiscalía apeló la sentencia.

El Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí acogió el recurso de apelación y revocó la sentencia de primera instancia, y por voto de mayoría, dictó sentencia condenatoria en contra de 17 de los 18 procesados en esta causa.

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En el desarrollo de la audiencia, el Tribunal acogió la tesis presentada por el Fiscal del caso y declaró culpables a seis personas, a quienes les impuso una pena privativa de libertad de 16 años como autores directos de la infracción, mientras que a 9, en calidad de coautores, y a dos más como cómplices, les dictaron una pena de ocho años de prisión, informó la Fiscalía.

El voto salvado acogió en su totalidad el pedido de Fiscalía y dictó sentencia condenatoria en contra de todos, como coautores del delito tipificado en el artículo 221 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), imponiéndoles la pena de 16 años a cada uno. No obstante, prevaleció el voto de mayoría.

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Para aquello, Fiscalía solicitó que se analicen adecuadamente las pruebas presentadas en la audiencia de juzgamiento, entre las que constan: tres asistencias penales internacionales y 35 testimonios, con los que se demostró la materialidad de la infracción y la responsabilidad penal de los imputados.

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También se presentaron diez buques pesqueros incautados (uno de ellos transportaba 300 kilos de cocaína). A lo que se suman pericias y pruebas documentales sobre la participación en la organización y financiamiento para el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, lo que demostró que todas ellas hicieron el mismo recorrido, detalló la entidad

En su sentencia, los tres jueces ordenaron que se oficie a los dos jueces del Tribunal de Manta que ratificaron el estado de inocencia para que informen sobre sus actuaciones, a efectos de que se verifique si existe algún tipo de infracción disciplinaria.

El artículo 221 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. (I)

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