Cinco días después de que el juez de Pichincha Máximo Ortega fue notificado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, de la detención en Buenos Aires, Argentina, de Sebastián Yunda, procesado por el delito de asociación ilícita y quien posee orden de prisión preventiva, Ortega solicita formalmente la extradición del hijo mayor del cesado alcalde Jorge Yunda.

El jueves último, Saquicela notificó a Ortega de la detención realizada por agentes de la Policía Federal de Argentina, parte de la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés), contra Yunda hijo, debido a una notificación roja que pesaba en su contra. En el documento, el presidente de la CNJ le hacía saber de esa información para que, “de considerarlo procedente”, solicite el inicio del trámite de extradición, según lo establecido en la ley.

En el oficio, enviado la tarde del 7 de diciembre último a Iván Saquicela, el juez Ortega hace una explicación de los hechos ocurridos en este caso, los cuales generaron una investigación contra Yunda y ocho personas más por el delito de asociación ilícita, un recuento del delito que se procesa, un resumen de la formulación de cargos para la vinculación de Sebastián, los elementos de convicción existentes, la medida cautelar que se le definió de presentación periódica, la cual no cumplió, razón por la cual llegó la orden de prisión preventiva, entre otra información relevante.

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“Llega a conocimiento de Fiscalía que en Quito existe una organización donde una persona emparentada con el burgomaestre cometía presuntos actos delictivos: tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y peculado, con la presunta participación de servidores públicos quienes al encontrarse en cargos estratégicos con sectores privados realizarían contrataciones con beneficios económicos”, señala Ortega en su explicación del caso.

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Se resalta en el documento que en el teléfono celular de Sebastián Yunda, el cual se encuentra bajo cadena de custodia, existirían diversas conversaciones vía WhatsApp con dichos servidores públicos.

Ortega también detalló todo lo realizado para pedir que Interpol emita una notificación roja contra Yunda en sus registros. Desde el 12 de noviembre último, el hijo del exalcalde de Quito era buscado en 194 países del mundo que son parte de la Interpol. Se dio a conocer a las autoridades los datos personales y de ubicación de la persona requerida.

“Con los antecedentes presentados solicito la extradición del procesado Yunda Yunda Jorge Sebastián, (...) para ello, remítase la presente solicitud al presidente de la CNJ Iván Saquicela para los efectos de ley, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25 y 7 de la Ley de Extradición”, apuntó Ortega.

De haberse entregado la documentación necesaria, se dictaminará procedente la solicitud de extradición y se dictará la solicitud formal de extradición a las autoridades del Estado requerido, en este caso, Argentina. La semana pasada, Saquicela reconocía que el proceso de extradición no puede darse en pocos días, debido a que hay un proceso de por medio que hay que cumplir.

Ahí confirmó el presidente de la Corte Nacional que para este caso, como para muchos otros, se debe justificar documentadamente que existe un proceso penal, cuál es el tipo penal por el que se está procesando a la persona requerida y la motivación y justificación de la orden de prisión preventiva, entre otros temas.

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Ortega dispuso que al pedido de extradición que se entregue a la CNJ se adjunten piezas procesales, como copias certificadas de las actas de audiencia de formulación de cargos, vinculación a la instrucción y revisión de medidas; copias certificadas de los oficios de localización y captura dirigidos a la Policía Judicial de Pichincha; oficios dirigidos a la Unidad Nacional de Interpol y sus contestaciones.

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Por orden de la justicia argentina, Sebastián Yunda fue dejado en libertad, pero bajo el cumplimiento de ciertas obligaciones mientras se tramita su extradición a Ecuador, como parte del requerimiento dentro del proceso por asociación ilícita. Yunda debe presentarse ante las autoridades de justicia de Buenos Aires cada siete días, tiene prohibido ausentarse por más de 48 horas de su domicilio, sin previo aviso al juzgado, tiene la obligación de poner en conocimiento del juzgado cualquier cambio de domicilio y tiene prohibido salir de Argentina.

La figura aplicada a Yunda en Argentina fue la libertad bajo “caución juratoria”, es decir, bajo la promesa jurada del detenido de cumplir fielmente las condiciones impuestas.

Este procesamiento penal arrancó el 3 de septiembre pasado con la formulación de cargos de seis personas, y trece días después se vinculó a la investigación a Sebastián y su tío César Yunda. La instrucción fiscal pasó de tener 90 días a 120 días, es decir, deberá cerrarse el 3 de enero de 2022.

Quito. 02/12/2021. Agentes de la Policía Federal de Argentina detuvieron a Sebastián Yunda debido a una notificación roja solicitada a Interpol por parte de la justicia de Ecuador, dentro de un proceso penal por el delito de asociación ilícita. Cortesía/El Universo. Foto: El Universo

Información ubicada en el teléfono celular del líder de la banda musical 4AM dio pie a 19 allanamientos en Quito y Guayaquil, en los que se detuvo a Christian Hernández, exasesor de Jorge Yunda; Cinthya Puga, exjefa de despacho del alcalde Yunda; Adrián Haro, exgerente de la empresa pública EMSeguridad; la organizadora de eventos Pamela Novoa; la empresaria Nancy Gaibor y su esposo, un exdirectivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, Yinlong Wang.

Menos de 30 días le quedan a la instrucción fiscal en este caso.

Saquicela será el encargado de llevar adelante el proceso de extradición activa al ser el presidente de la CNJ. Según la Ley de Extradición, una vez él haya asumido la competencia, antes de declarar procedente la solicitud de extradición que realice el juez de la causa, se deberá comprobar que se cumplan los requisitos exigidos por la ley y por los tratados internacionales.

En caso de que falte algún documento, se lo solicitará al juez de la causa, a la Fiscalía General del Estado o al ente público correspondiente. (I)