Un sonido de agua se escucha en medio de una verde y espesa vegetación. Mariposas blancas y multicolores revolotean mientras los mosquitos hacen presa de quienes caminan por un trecho de tierra y pequeñas piedras.
Es el río Chirapi, ubicado en Pacto, una parroquia de Quito que está a unas dos horas de capital. Está en la reserva de biósfera del Chocó Andino de Pichincha, que en 2018 fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) como una zona de conservación y desarrollo sostenible.
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Grandes rocas y una pequeña cascada llamada La Chorera adornan el río. Aprovechando la alta temperatura, varios moradores de esa parroquia nadan y algunos hasta hacen clavados en medio de risas de otros habitantes que chupan naranjas, las cuales bajan directamente de los árboles de la zona.
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Nadar es su manera de representar la limpieza del río, que en algunos lugares tiene peces por todos lados. Es un proyecto turístico en marcha. Su propietario, Germán Velásquez, lo ve como una oportunidad para impulsarlo a través de lo que llama “turismo minero”.
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Y es que explotación de la minería metálica es de lo que se habla en el Chocó Andino a pocos días de una consulta popular.
La consulta popular del próximo 20 de agosto consta de cuatro preguntas acerca de si la ciudadanía está o no de acuerdo con prohibir la minería metálica a gran escala, mediana escala, pequeña escala y artesanal en el Chocó Andino de Quito. Esto en seis parroquias del noroccidente de Pichincha: Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea y Calacalí.
Unos están en contra por el impacto que la minería tendría en el área. Otros grupos y algunos moradores están por el Sí, pero la idea de Velásquez es que los concesionarios mineros autoricen ingresar a las minas con los turistas para que verifiquen el respeto a la ecología. La meta es que la gente conozca, además de los proyectos, la abundante flora y fauna, que está marcada por un clima tropical.
Sería una especie de paquete turístico, explicó, que permitiría el acceso a las minas para que los visitantes vean cómo es el trabajo minero y verifiquen lo que, a su criterio, es una oportunidad más, no una amenaza.
Comuneros como este emprendedor lo ven desde otra perspectiva: como una fuente de desarrollo para mejorar su nivel de vida.
Según Estalin Andrango, ingeniero geólogo, consultor para minería y ambiente y del Frente Pro Minería, quien está en contra de que se prohíba la minería, las primeras inversiones que una empresa hace van dirigidas al área social y a las primeras etapas, como la construcción de viveros y zonas productivas para la economía local.
Citó la ordenanza metropolitana 137 de 2016, con la que se rige el Chocó Andino, para referirse a la pobreza de tres parroquias: Nono, Pacto y Gualea.
Según ese documento, en Nono el nivel de pobreza era del 88 %; en Gualea, del 86 %; y en Pacto, del 83 %. Además, había déficit de abastecimiento de la red pública de agua.
María Eulalia Silva, quien es la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, dijo que prohibir una minería responsable —que además es indispensable para el futuro— no va a mitigar las amenazas que tiene el Chocó Andino, como la tala y minería ilegal, el tráfico de especies, así como el mal tratamiento de las aguas grises y negras. Esto porque en ciertas zonas del río sus aguas cristalinas se han transformado y tienen un color negro verduzco.
Señaló que sí puede haber minería responsable y que su sector puede ayudar a reducir la pobreza.
Steven Petersen, especialista ambiental, mencionó que el ámbito minero debe cumplir regulaciones específicas y permisos cuya obtención en muchas ocasiones tarda de tres a cuatro años.
Además se hacen estudios de impacto ambiental y procesos de participación ciudadana. También hay sanciones en caso de incumplimientos, con reparación en caso de daño ambiental, explicó el experto en una rueda de prensa.
La construcción de huertos orgánicos y de una bocamina, que es el ingreso, es la única actividad que se realiza en una de las doce concesiones mineras, señaló Andrango.
En caso de ganar el Sí, Andrango indicó que esas concesiones tienen derechos adquiridos, pero hay unas ocho concesiones solicitadas que saldrían del trámite y se archivarían.
Aseguró que no se pueden hacer descargas directamente a los ríos, sino que deberá haber una planta de tratamiento, y que no se construirán plantas de beneficio, que es el lugar donde se hace el procesamiento del mineral, sino que se lo extraerá para llevarlo a los parques industriales de Portovelo, en la provincia de El Oro y Ponce Enríquez, provincia de Azuay.
A criterio de Marcia Dután, quien trabaja en una finca que produce panela, la consulta popular no debe ser decidida por los habitantes de Quito, sino solo por los de Pacto. (I)