El Municipio de Quito terminó de manera unilateral un contrato con el proveedor de alarmas comunitarias barriales.
Según Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del cabildo quiteño, no se estaban cumpliendo todos los requisitos tecnológicos del funcionamiento.
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Algunos de los problemas han sido que en los barrios los moradores no pueden conectarse desde su teléfono celular hacia el sistema y desde el sistema hasta el centro de operaciones.
Diez días antes de la finalización del convenio, el contratista tenía la responsabilidad de subsanar aquellos problemas tecnológicos, indicó la funcionaria.
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Durante esos días hubo una comisión entre el proveedor, el contratista, la Empresa Pública de Seguridad y la secretaría, con el objetivo de verificar el funcionamiento de 557 dispositivos.
Se determinó que un 85 % estaba en funcionamiento. Son unos 470 dispositivos que se recibirán porque están en total operación, mientras que un 10 % tiene intermitencia y un 5 % no funciona. Ese 15 % será reemplazado.
Al no poder recibir un producto que no funciona, se analizará cada uno en un acta de entrega-recepción.
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La funcionaria mencionó que es un contrato que viene desde la administración municipal anterior y que arrancó en 2022 con un monto de inversión de $ 1′014.000. Explicó que el contrato establece que se puede hacer una entrega parcial de las alarmas.
En Quito hay 1.270 barrios. Desde 2010 hay 1.200 alarmas en la capital, a las cuales —añadió— no se ha hecho una identificación de si están o no funcionando, si han sido robadas o no, y hay 557 que se están colocando.
La Administración de Pabel Muñoz espera que haya unas 1.700 alarmas en la ciudad.
La secretaria de Seguridad mencionó que está previsto crear en el plan metropolitano de seguridad y convivencia ciudadana 2023-2027 un sistema integrado con las alarmas, ampliando a 500 puntos nuevos complementarios.
“Lograremos tener una alarma por barrio al menos y amplificarlo en todos los puntos que sean necesarios, sobre todo alrededor de los índices de violencia y seguridad”, dijo.
Durante la próxima semana se empezarán a entregar las alarmas, lo que llevaría unas dos semanas.
Habrá un protocolo de uso y ejercicios de simulación en caso de un hecho de violencia o criminalidad en los barrios para que la alarma comunitaria fortalezca la organización barrial, sostuvo.
Una siguiente fase será el mantenimiento del 85 % de las alarmas en caso de que presenten algún problema.
Andrade explicó que, al haber garantías, se ha cobrado una multa durante el tiempo de retraso de la entrega, que corresponde al 5 % del total del contrato, es decir, $ 50.000. (I)