Proceso de vacunación anti-COVID-19: desde aparentes suplantaciones de identidad hasta pocas seguridades en carnés de inoculación

Mathías Calderón ha querido vacunarse contra el COVID-19, pero hasta la fecha no ha podido hacerlo.

Lo extraño es que supuestamente fue inoculado el pasado 17 de julio de 2021, con la dosis de la vacuna Sinovac. En una factura de un local comercial apareció como que había accedido a la inmunización.

Fue a un punto de inmunización en Quito, pero no pudo ser inoculado, pues en el sistema aparecía como que ya se le administró la vacuna.

Hizo primero un trámite en línea; sin embargo nunca hubo una respuesta. Luego presentó una solicitud escrita; tampoco le llegó alguna contestación.

“Y ahora me dicen que (...) mi caso ha pasado a una instancia como de las oficinas nacionales del Ministerio de Salud Pública porque esto más o menos va de una suplantación de identidad o una falsificación de documentos y tienen que saber quién exactamente digitó esa información y en dónde y cuándo”, dijo.

Su pregunta es hasta que concluya el trámite: ¿cuándo podrá vacunarse?

Este Diario puso en conocimiento del Ministerio de Salud Pública el hecho y solicitó información al respecto.

Este hecho anómalo no es el único que ha ocurrido en el proceso de vacunación contra el COVID-19, que se ha implementado en dos gobiernos en Ecuador; se inició en enero del 2021.

En la administración de Lenín Moreno hubo aparentemente un grupo privilegiado que accedió a las dosis de la vacuna antes del tiempo que se había establecido.

En la administración de Guillermo Lasso, si bien ha habido mayor agilidad en la inoculación, hay quejas de la vulnerabilidad del carné de vacunación, que se entrega tras recibir las dosis.

Para una persona de más de 50 años, quien fue a recibir la tercera dosis, el carné que le entregaron no es más que una copia de una hoja simple que recortan como una tarjeta. A su criterio, es fácilmente falsificable, pues no hay nada de códigos ni sellos.

En algunos carnés de vacunación de la dosis de refuerzo hay un sello del lugar en el cual las personas recibieron la vacuna; en las dosis anteriores se entregaba el documento en un papel tipo cartulina, más grueso y resistente.

En la parte posterior se lee que la vacunación es voluntaria y gratuita y hay las direcciones de redes sociales del Ministerio de Salud Pública.

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Esa cartera de Estado indicó que hará un exhorto al Municipio de Quito para que no exija el carné de vacunación contra el COVID-19 físico sino digital, que cuenta con un código QR, que no puede ser falsificado.

Según la ministra de Salud, Ximena Garzón, es la mejor manera para evitar las denuncias en cuanto a venta de carné de vacunación falsos.

Argumentó que con ese código la ciudadanía puede bajar la información de la página web de esa cartera de Estado.

Anunció que desde el próximo lunes 31 de enero habrá una versión más pequeña del documento que será más fácil para llevarlo en el teléfono móvil o para imprimirla.

“El momento en que ustedes acceden desde cualquier teléfono celular, el teléfono celular puede leer ese código y se les despliega toda la información que se encuentra almacenada en el Ministerio de Salud Pública”, dijo.

El certificado de vacunación digital tiene un código QR al lado derecho del nombre y apellido de la persona vacunada. Además, la fecha de emisión, fechas de primera y segunda dosis y qué país lo emite.

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Los documentos de vacunación se piden para poder ingresar a algunos centros comerciales, restaurantes, supermercados o usar el transporte público. Esto una vez que el Gobierno decretó -en diciembre pasado- que la vacunación contra el COVID es obligatoria.

A través de redes sociales, la Fiscalía General del Estado solicitó a la ciudadanía denunciar si conoce a alguien que utiliza un carné de vacunación o pruebas para detectar COVID-19 falsos, o que haya falsificado uno de esos documentos.

La Fiscalía pidió además no comprar carnés de vacunación y recordó que el uso de un documento falso o la falsificación de un documento es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años.

En diciembre pasado, el MSP presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado por supuesta falsificación y uso de documentos falsos, que están relacionados con los carnés o certificados de vacunación contra el COVID-19.

La institución informó que había cuatro personas sospechosas de utilizar y facilitar su entrega. (I)