Tras un allanamiento realizado en una vivienda del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, la Policía Nacional logró la detención de Emilio Marino P., quien es investigado como el presunto autor de femicidio de Isabel Cristiana Marcalla.
El crimen de la mujer ocurrió el pasado 7 de abril en el caserío Pamatug, del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua.
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Según el coronel William Posso, jefe de la Zona 3 de la Policía Nacional, personal de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) de Tungurahua, luego del trabajo investigativo, logró ubicar al sospechoso de la muerte de la mujer de 64 años.
Posteriormente a la emisión de la boleta correspondiente, agentes policiales aprehendieron al hombre en un inmueble de Babahoyo, el pasado domingo 11 de abril.
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En la audiencia de formulación de cargos, un juez multicompetente de Pelileo acogió los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el sospechoso de 58 años.
En la diligencia, el fiscal David Suárez reveló que el día del crimen la sobrina de la víctima encontró el cuerpo sin vida de Cristina Marcalla en un callejón de acceso a su domicilio.
Varias personas habrían observado a la mujer discutir con Emilio Marino P. B. y minutos después observaron su cuerpo en el piso, con golpes y cortes en la cabeza, de acuerdo a los datos recabados en el proceso investigativo.
El fiscal también presentó otros elementos de convicción, como el informe de reconocimiento del lugar de los hechos e indicios (un pico de botella y fragmentos de vidrio), el acta de levantamiento de cadáver, la autopsia médico-legal practicada a la víctima, el informe investigativo de la Dinased, versiones de testigos e imágenes de un video de seguridad en el que se observa al procesado antes del crimen.
La instrucción fiscal será de 90 días, señaló la entidad en un comunicado.
El artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) estipula que el delito de femicidio puede ser sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. (I)