Debido a que se habría evidenciado que los servidores que actualmente ocupan el cargo de fiscal provincial de Los Ríos y de El Oro “han demostrado inacción en el cumplimiento de sus atribuciones, así como en el actuar hacia los hechos de connotación y conmoción nacional”, la fiscal general, Diana Salazar, pide al Consejo de la Judicatura (CJ) que se dé el cambio de estas autoridades provinciales. La solicitud la realizó Salazar mediante un oficio dirigido, el lunes último, a Mauricio Riofrío, director general del CJ.

Persiste la angustia de las personas que entregaron dinero a Big Money; Miguel Ángel Nazareno anunció liquidación de supuesta empresa

En la carta, la fiscal general explica que el pedido de cambio y de que se encarguen esas funciones a otros funcionarios lo hace con base en las competencias que mantiene el Consejo de la Judicatura, para precautelar los servicios que da la Fiscalía en esas provincias, para no afectar el normal funcionamiento de la institución y mientras se declaran ganadores de los concursos para fiscales provinciales.

La fiscal Salazar solicita que sean removidos de sus cargos de fiscal provincial de El Oro y de Los Ríos a Luis Alberto Caivinagua y Luis Germán Pesantes, respectivamente. En su reemplazo, la Fiscalía propone que se encarguen los despachos a funcionarios ubicados en la tercera categoría de la carrera fiscal que mantienen “idoneidad en el desempeño de sus funciones”.

Tribunal de El Oro ratificó inocencia de Daniel y Noé Salcedo en caso de lavado de activos

Los cambios, a decir de Salazar, buscan refrescar las fiscalías de El Oro y Los Ríos y colocar una nueva visión por parte de las autoridades provinciales.

Al momento en Los Ríos se investigan varios hechos irregulares que se desprenden de la existencia de una red de captación ilegal de dinero denominada Big Money, la cual está liderada por Miguel Ángel Nazareno o Don Naza. Mientras tanto, en la zona de El Oro se acaba de ratificar el estado de inocencia de los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, quienes eran procesados por el delito de lavado de activos. (I)