Decenas de conductores al volante de sus automóviles realizaron la mañana de este domingo, 3 de agosto, una caravana motorizada en contra del peaje que se cobra en la autopista General Rumiñahui.

La vía conecta Quito con el valle de los Chillos y viceversa.

En videos de los protestantes se observa a varios de ellos con pancartas con frases como “No al peaje, tenemos derecho a la circulación”, o palabras pintadas de rechazo en los parabrisas como “Fuera, peaje, fuera”.

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En los vehículos también se colocaron globos de color blanco y circularon por tres carriles hacia la capital.

La autopista General Rumiñahui se inicia a unos 20 metros de El Trébol y va por barrios del suroriente de la capital hasta el puente 9, que conecta el Distrito Metropolitano con el cantón Rumiñahui y viceversa.

Esa vía es administrada por la Prefectura de Pichincha por delegación del cabildo quiteño.

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Diariamente cruzan por esa autopista unos 90.000 vehículos. Representantes barriales han señalado que en cada ocasión que usan la autopista Rumiñahui deben pagar peaje, lo que representa mucho gasto. Además, que al estar en una zona urbana un peaje es ilegal.

Existiría un convenio suscrito entre el Municipio capitalino y ese Gobierno provincial que data de octubre del 2007 y que establece que la última institución se encargará del mantenimiento del sistema vial de esa autopista, según el concejal Fidel Chamba. Su vigencia es de 30 años, hasta el 2037.

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La caravana avanzó desde el puente 9 de la autopista y llegó hasta los límites del peaje.

La cuenta que da a conocer sobre la situación de esa vía en la red social X informó que hubo carga vehicular a la altura del pórtico del peaje en sentido valle de los Chillos-Quito, que fue el sitio al que llegaron las personas que hicieron la protesta antes del mediodía, pero luego hubo normalidad en el tránsito.

La manifestación de inconformidad, que no es la primera que se realiza, se produce en medio de una acción de inconstitucionalidad contra el cobro del peaje de la autopista General Rumiñahui, administrada por la Prefectura de Pichincha, que fue presentada en la Corte Constitucional (CC) a finales de marzo. (I)