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¿Es posible lograr la rehabilitación social de los presidiarios o se trata de una utopía?

Invertir en educación y generar empleo son factores claves para reducir la criminalidad y, a su vez, la sobrepoblación carcelaria, señalan expertos.

Las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga concentran el 70% de la población presidiaria del país. Foto: api

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Mientras el Gobierno afronta señalamientos por parte de la sociedad civil y de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que le piden investigar los ataques simultáneos en cuatro cárceles, que dejaron 80 muertos, y adoptar medidas urgentes para afrontar la crisis carcelaria en Ecuador, expertos hacen un diagnóstico de la situación y hablan sobre la necesidad de poner en marcha un verdadero sistema de rehabilitación, que frene la violencia entre los internos y que les dote de conocimientos y habilidades para su futura reinserción en la sociedad.

Tras aquellos ataques con ese saldo mortal récord, el martes pasado, en cuatro amotinamientos en dos cárceles de Guayaquil, y en la de Turi, en Cuenca, y en la de Latacunga, el Gobierno ha ofrecido aumentar el presupuesto para el sistema penitenciario y ha empezado a reubicar a numerosos prisioneros hacinados en dichos centros hacia otras cárceles del país.

¿Pero es posible lograr la rehabilitación de internos que, según sus propias comunicaciones, pertenecen o colaboran con carteles mexicanos de la droga, enfrentados entre ellos y que ya no solo asesinan a sus rivales, sino que mutilan sus cuerpos y los exhiben en videos como una demostración sanguinaria de fuerza?

“No es una utopía hablar de rehabilitación. Es un desacierto pensar que la cárcel per se rehabilita”, dice David Cordero-Heredia, catedrático y director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).

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Cordero-Heredia, uno de los casi cien académicos y profesionales del derecho que han firmado una carta abierta dirigida a los poderes públicos ante la crisis en el sistema de rehabilitación social del Ecuador, asegura que “existen experiencias exitosas de reinserción social de personas que han pertenecido a pandillas en varias partes del mundo, pero son programas integrales, con equipos interdisciplinarios, que no se quedan en más penas, más hacinamiento y condiciones de vida miserables”.

Prueba de lo mal que está el sistema de rehabilitación, cita como ejemplo “el evento de tortura a los presos de Turi (Cuenca) en 2016” y asegura que aquello “está íntimamente relacionado con lo que pasó esta semana: esa visión de que rehabilitación significa humillar y golpear a las personas privadas de la libertad es un error”.

La policía vigila el ingreso a los centros penitenciarios donde se amotinaron los detenidos. Foto: api

“Los niveles de violencia y crueldad van de la mano con procesos de deshumanización”, complementa Daniela Oña, experta en Derechos Humanos y personas privadas de la libertad, quien señala que para responder a las preguntas sobre qué tan posible es rehabilitar a un recluso y cómo lograrlo, es fundamental conocer las causas que han llevado a las personas a cometer delitos.

“Posiblemente la falta de oportunidad, que es parte de un problema de desigualdad estructural y que se expresa en una vida entera de falta de acceso a derechos básicos como educación, salud y trabajo, la falta de oportunidades para conseguir un sustento por la vía legal, probablemente lleven a una persona a cometer delitos como el narcotráfico o el robo. Entonces, si pensamos en una política efectiva de rehabilitación, el Estado tendría que eliminar las razones que llevaron a esta persona a cometer estos ilícitos y buscaría fortalecer otras capacidades que le permitan insertarse en la sociedad”.

Con ella coincide Ricardo Camacho, exsubsecretario de Rehabilitación Social y experto en temas de seguridad, quien señala que incluso después de aplicar un verdadero proceso de rehabilitación, el Estado debería tener un programa dirigido a apoyar por tres o seis meses al que sale de la cárcel hasta que se inserte en la sociedad.

“Una real rehabilitación social se logra desde un enfoque de derechos y desde la atención integral de la persona, cuestión que lo plantea el modelo de gestión penitenciaria pero que no ha podido ejecutarse de forma adecuada debido principalmente a la falta de presupuesto. Se rehabilita trabajando los ejes de salud, psicología, trabajo social, educación, cultura y deportes”, dice Daniela Oña.

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Camacho sugiere “hacer convenios con las cámaras de Comercio, de Industrias, para establecer en las cárceles regionales pequeñas empresas y que los presos puedan trabajar, aprender oficios a nivel masivo, e incluso instalar allí un sistema educativo, de colegio y universidad.

Hacinamiento y su relación con la prisión preventiva

Los expertos consultados coinciden en que el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria están conectados con la violencia dentro de los centros penitenciarios. Y apuntan al sistema de justicia y a la propia legislación penal como causa principal de que cada vez existan más reclusos.

En la carta abierta a los poderes públicos, Cordero-Heredia y sus colegas les recuerdan a fiscales y jueces que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional, no la norma; o en otras palabras, el último recurso, no el primero, para asegurar que una persona investigada no huya mientras se desarrolla el proceso de juzgamiento.

Según Oña, el incremento de la población penitenciaria era algo predecible porque “las estadísticas lo fueron evidenciando, pero no se tomaron los correctivos necesarios. No se pensó en la prevención integral del delito, sino solo en construir más cárceles y ya se ha visto que esa no fue la solución”. El hacinamiento, afirma, se debe en buena medida a la expansión del “catálogo de delitos” que se hizo en el Código Integral Penal (COIP) en 2014 y al “abuso de la prisión preventiva” por parte de los jueces que acogen esas solicitudes que hace la Fiscalía.

Cordero-Heredia propone que se revise de forma exhaustiva y seria el COIP, de manera que se eliminen delitos que podrían tener un abordaje civil (pago de indemnización) o reglamentario (sanciones como pérdidas de licencia, incapacidad de participar en ciertas actividades, etc.). “La regla debería ser quedarnos con penas privativas de la libertad para crímenes violentos o que atenten contra bienes jurídicos fundamentales como la vida o la integridad personal”.

Pero califica como “un paso importante” el hecho de que la Corte Constitucional le quitara la competencia al Consejo de la Judicatura de sancionar a los jueces por error inexcusable sin previa declaración judicial, porque “en muchos casos, el Consejo usaba esa atribución para sancionar a los jueces que no dictaban la prisión preventiva”.

“Si las razones humanitarias no son suficientes (viendo el problema de hacinamiento), al menos deberíamos atender razones económicas, el uso de tecnología (como los grilletes electrónicos) es más económica, en muchos sentidos, que mantener a una persona privada de su libertad. Sumado esto a que el Estado tiene la obligación de indemnizar económicamente a las personas que hayan estado en prisión preventiva y cuyo estado de inocencia sea ratificado judicialmente”.

Si les seguimos dando la espalda a los problemas reales que tiene nuestra sociedad, la violencia se nos puede salir de las manos”.

David Cordero-Heredia, catedrático de la PUCE.
Familiares de los reos mostraban su dolor y desesperación por el conflicto entre bandas en el interior de la cárcel en Cuenca. Foto: api

El abuso de la prisión preventiva sí influyó en el aumento de privados de la libertad, dice Ricardo Camacho, conocedor del sistema carcelario.

“Lastimosamente, los grilletes electrónicos que se compraron no son confiables, porque eso sería la solución para tener a unas 5.000 personas con medidas cautelares, fuera de las cárceles, mientras esperan su juzgamiento”.

Su idea es que las personas sentenciadas por un delito menor a 3 años y que no tengan conductas de violencia deberían ir a un centro de rehabilitación distinto, no a una cárcel nacional, donde se va a contaminar con prisioneros violentos. “Así le pongamos en (pabellones de) mínima seguridad va a tener pésimas compañías. Una persona sí se puede rehabilitar si no está en un medio lleno de maldad”.

Según el presidente Lenín Moreno, el número de personas privadas de libertad pasó de 9.000 en 2007 a cerca de 40.000 en 2020 debido a la “lucha frontal de este Gobierno frente el delito”, pero según el mandatario, el mayor número de apresados “disparó el hacinamiento y volvió insostenible el actual sistema penitenciario”.

Pero no todos los que están en las cárceles del país tienen sentencia condenatoria. Daniela Oña habla de una proporción de 40% de presos que aún no han sido juzgados.

Las cifras del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) señalan que hasta diciembre del 2020 había el 30% de hacinamiento en el sistema carcelario, conformado por más de 30 centros penitenciarios: 38.729 personas privadas de la libertad (PPL) versus las 29.746 plazas de la capacidad instalada efectiva a nivel nacional; es decir, hace ya dos meses faltaban 8.983 plazas para los PPL.

Y de esa población de 38.729 presos, en diciembre pasado había 14.705 sin ser juzgados, esperando a ser declarados culpables o inocentes, más otros 583 contraventores y 470 detenidos por apremio (falta de pago de pensiones alimenticias), según los registros del SNAI.

En la cárcel de Turi, en Cuenca, los militares ayudaron a vigilar los exteriores tras la masacre entre reos. Foto: Api

Esta gran masa de presidiarios se ha convertido en un caldo de cultivo para potenciales crisis carcelarias, lo que es aprovechado por las mafias, refiere el abogado penalista Pablo Encalada.

“El crimen organizado se beneficia del hacinamiento carcelario para realizar estos actos (disturbios con matanzas). El hacinamiento hace que las autoridades pierdan el control frente a tanta población carcelaria”.

Y a mayor población carcelaria, mayor consumo de droga y por lo tanto el negocio del narco en las prisiones aumenta, lo que -sin una real rehabilitación por parte del Estado- se traduce en la lucha de poder que tienen las bandas, dicen los analistas.

El presupuesto, otro problema

“Tenemos un déficit de casi el 70% solo de agentes de seguridad penitenciaria para poder controlar a las personas privadas de la libertad que tenemos”, reconoció el martes pasado Edmundo Moncayo, director del SNAI. Un reclamo velado al Gobierno, que ahora dice que no escatimará recursos para atender la crisis carcelaria.

En los registros del SNAI se detalla que el presupuesto de la institución para este año asciende a $ 91 millones. En el 2020, año de la pandemia y posterior crisis, ese rubro se fijó en $ 98 millones, pero entre febrero y mayo de ese año, el Ministerio de Finanzas ejecutó tres recortes al programa por más del 70%. El presupuesto quedó en $ 1,8 millones.

“El Estado redujo sustancialmente el presupuesto del sistema de rehabilitación social y el número de guías penitenciarios, ese hecho tiene directa conexión con la situación de pérdida de control sobre las cárceles del país”, analiza el catedrático David Cordero-Heredia.

Y agrega: “A eso se suma la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el primer intento serio en nuestro país de tener una política integral para abordar el tema de la rehabilitación social. Según un reportaje de Teleamazonas, los recortes de personal en el sistema penitenciario significaron el despido de psicólogos y trabajadores sociales, es decir, precisamente el personal que hace seguimiento a los programas de rehabilitación. Dejando solamente al personal encargado de vigilar que no escapen de la cárcel. Eso no es implementar políticas de rehabilitación, si no se implementan, ¿cómo podemos afirmar que no funcionan?”.

Daniela Oña cree que “si en el Gobierno realmente existe una real intención de mejorar y de poner fin a esta crisis, veremos la asignación de presupuesto, la contratación de personal y la implementación de políticas públicas de prevención del delito”.

Y asegura que esta debe ser una prioridad dentro de los primeros meses para el siguiente Gobierno, “caso contrario, las consecuencias dentro y fuera de las cárceles pueden ser más graves”.

En tanto que Ricardo Camacho reacciona ante las declaraciones del jefe de la seguridad carcelaria que reconoce un déficit del 70% de guías penitenciarios.

Los 38.729 reos del país están bajo la mirada de 1.418 agentes de seguridad penitenciaria, según los registros del SNAI. Significa que cada agente tendría que estar pendiente de 27 internos si todos los agentes estuvieran en funciones al mismo tiempo, sin días de descanso.

“Naciones Unidas dice que por cada diez reos tengo que tener un guía. Son 3.800 que debería tener, pero como no son robots necesito el doble, es decir, 7.600”, dice Camacho, quien recomienda revisar los procesos de selección y capacitación del personal que labore en las cárceles para que no sean contaminados con la corrupción interna.

Cárcel sin rehabilitación no sirve de nada

Los expertos consultados señalan que debe reducirse dramáticamente la población carcelaria para poder diseñar planes de rehabilitación social, porque con 38.000 presos, el 40% de ellos incluso sin sentencia, no se puede hacer un trabajo psicosocial serio y garantizar la reinserción mediante programas que se extiendan incluso fuera de la cárcel.

Cuando se piensa que la cárcel ha sido la única solución para los problemas de una sociedad es que todo lo demás ha fallado”.

Daniela Oña, experta en DD.HH y privados de libertad

Cuando tengamos una cárcel segura y bajo control se puede iniciar un gran programa de rehabilitación con el 60 % o 70% de PPL que desean cambiar, dice Ricardo Camacho. “Con mayor presupuesto y seguridad usted ya puede trabajar el eje educativo, enseñanza de oficios, trabajo masivo para los PPL, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, personal que enseñe los diferentes oficios”.

Pero no hay que olvidar que la criminalidad nace de problemas económicos, advierte Cordero-Heredia. “Si les seguimos dando la espalda a los problemas reales que tiene nuestra sociedad, la violencia se nos puede salir de las manos como ya ha pasado o está pasando en países de nuestra región.

Un amplio sector de la sociedad piensa en la privación de la libertad como un castigo que imponemos a las personas que cometen una infracción penal y que debería ser suficiente con tener varios años a las personas encerradas para que ‘mediten sobre sus actos’ y una vez que recuperen la libertad no vuelvan a cometer delitos. No podemos decir que la rehabilitación es una utopía cuando ni siquiera hemos intentado superar esa visión punitivista y avanzado hacia una verdadera visión de rehabilitación social”, señala. (I)

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