El Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Rehabilitación recibieron más de 40 alertas del sistema inteligencia sobre los hechos que iban a suceder el 23 de febrero en las cárceles del país, denunció el asambleísta y presidente de la Comisión de Justicia, José Serrano (AP).

Insistió que hubo más de 40 informes de inteligencia que señalaban que esta tragedia se iba a dar, y aseguró que un día antes el 22 de febrero recibieron información específica sobre en qué centros penitenciarios se iban a dar esos hechos, pero no se hizo absolutamente nada.

Además denunció que en junio del 2020, cuando se otorgó la prelibertad al cabecilla de Los Choneros, alias Rasquiña, se llegó a un acuerdo con funcionarios del Gobierno para que el individuo complotado con otros cabecillas dentro de las cárceles mantenga el orden en los centros de rehabilitación y al mismo tiempo empiece a dar información de las bandas que estaban operando en el país a cambio de esa prelibertad cuando tenía una sentencia de 20 años, que luego se le redujo a ocho años y que se otorgó la prelibertad antes de cumplir la mitad de la condena.

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El problema explicó el asambleísta nacional que no solo pasa por la masacre y la crisis que se vivió el 23 de febrero, pues la situación es mucho más grave y compleja porque las bandas criminales se han tomado las calles del sur de Guayaquil en la provincia del Guayas; de Esmeraldas; Los Ríos y Manabí, para el microtráfico y narcotráfico, afirmó Serrano.

Dramas continuos en las cárceles del país

Influencia de carteles mexicanos en cárceles ecuatorianas

Las dos denuncias las formuló el legislador de Alianza PAIS, tras conocer las excusas que presentaron la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez; el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; y el director del Sistema Nacional de Rehabilitación, Edmundo Moncayo, que fueron convocados a la Comisión de Justicia para que informen sobre sus acciones emprendidas frente a la crisis carcelaria.

La ausencia de las autoridades del Gobierno convocadas para este 26 de febrero molestó a Serrano, y afirmó que “esa es la acción de un Gobierno inoperante y corrupto, de un Gobierno que está preocupado en poner las vacunas a los amigos, a ciertos periodistas y familiares, y no preocupado de protegernos a los ecuatorianos de las estructuras criminales que se han apoderado del país”.

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Cuestionó que la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, recién se acuerde de que presidía el organismo técnico de rehabilitación social y comunica que el 2 de marzo se reunirán para ver qué es lo que ha pasado con el sistema de rehabilitación social y la tragedia vivida en estos días.

Por otro lado, dijo Serrano que el ministro de Gobierno se excusó ante la Comisión de Justicia porque va a comparecer el día lunes al pleno de la Asamblea.

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El Gobierno liderado por Lenín Moreno, sus ministros y funcionarios meten la cabeza en la tierra como la avestruz para no decir absolutamente nada sobre esta crisis carcelaria.

Antes de concluir la exposición, José Serrano expuso dos videos que involucrarían al ex subdirector de Rehabilitación, Orlando Jácome, que según narró el asambleísta habría hecho una visita conyugal una PPL en Jipijapa, que estaría manejando toda una estructura de corrupción en el interior de ese centro de rehabilitación.

Tras una breve exposición de los asambleístas miembros de la Comisión de Justicia que condenaron la ausencia de las autoridades del Gobierno y los hechos registrados el 23 de febrero, Serrano anunció que nuevamente convocará a las autoridades del Gobierno para este sábado 27 de febrero a que comparezcan y presenten su informe sobre la crisis carcelaria y advirtió que si se niegan a comparecer podrían ser objeto de un juicio político.

Para el próximo lunes 1 de marzo, a las 11:00, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, convocó ante el pleno legislativo al ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, y a Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), para que informen lo sucedido en los centros de privación de la libertad. (I)

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