En trece provincias de Ecuador se ha identificado la presencia de actividad de minería ilegal.
Esto es en Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Loja, Azuay, El Oro, Esmeraldas, Bolívar, Cotopaxi y Pastaza, según la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), una dependencia estatal que se encarga del control de las actividades mineras.
Sin embargo, las provincias con mayor incidencia son Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
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Además, la Arcom ha determinado más de 350 focos activos de minería ilegal en el territorio nacional.
La minería ilegal, indicó la entidad a este Diario, es toda actividad minera que se realiza sin los títulos habilitantes correspondientes.
Las fases de la minería incluyen: extracción, beneficio y comercialización. La minería ilegal comprende la extracción ilícita del recurso, tanto en minería subterránea como a cielo abierto, así como delitos conexos asociados a las fases de beneficio y comercialización.
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En zonas como Zaruma y Portovelo, en El Oro, y Chinapintza, en Zamora Chinchipe, se ha registrado actividad minera desde hace décadas, señaló.
No obstante, el incremento de prácticas ilegales, informales y antitécnicas comenzó, indicó, desde la década de los 80, con auge posterior al año 2019 tras la pandemia del coronavirus, expandiéndose principalmente en Imbabura, Esmeraldas, Napo, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, El Oro y Azuay.
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Desde agosto de 2024 hasta la fecha se han ejecutado 190 operativos de control con base en la Ley de Minería.
Los operativos incluyen monitoreo satelital y levantamiento de información previa, intervención en campo con Policía Nacional y Fuerzas Armadas, emisión de actas técnicas, legales, y destrucción de maquinaria pesada, clausura de bocaminas en minería subterránea.
Entre los equipos intervenidos hay excavadoras de más de 50 toneladas, bombas de agua y motores eléctricos, todos altamente destructivos en minería a cielo abierto, mencionó.
En Napo se han realizado 16 operativos, en Azuay, 30; en Imbabura, 33. En Morona Santiago, 36; en El Oro, 21; en Loja, 15, mientras que en Zamora Chinchipe, 28, en Chimborazo, 3 y en Guayas, 8.
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El Gobierno indicó que la minería legal genera al país aproximadamente $ 1.050 millones anuales en patentes y regalías y que si bien no se puede determinar con exactitud la pérdida ocasionada por la minería ilegal, se estima que las afectaciones económicas al Estado podrían ser similares a ese monto.
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La Arcom sostuvo que, según información de Inteligencia Militar, los grupos armados organizados vinculados con la minería ilegal incluyen a Los Lobos, Los Choneros y dos frentes disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que actúan principalmente en la frontera norte del país.
La minería ilegal indicó es una problemática regional que está presente en varios países sudamericanos y su solución requiere un enfoque integral y sostenido que incluya:
-Fortalecimiento del control estatal y coordinación interinstitucional.
-Regulación y formalización de actividades mineras.
-Supervisión efectiva de concesiones.
-Acción del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim), que articula las acciones estatales frente a esa problemática. (I)
