Los dueños de 14.800 buses escolares a nivel nacional podrán acogerse a la extensión por cinco años de la vida útil de estos vehículos, luego de la aprobación de un criterio jurídico enmarcado en las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Esta medida busca aliviar las pérdidas económicas generadas por la pandemia del COVID-19, que dejaron sin trabajo al 80 % de la flota vehicular de esta modalidad, desde marzo del 2020.

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A través de memorando del 8 de diciembre, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Adrián Castro, comunicó a los municipios que los vehículos de transporte escolar desde el año de fabricación 2001 en adelante “cuentan con el derecho a ser beneficiarios de la ampliación de la vida útil”.

Así lo señala la reforma a la Ley de Tránsito, situación que permitirá matricular sus unidades sin tener que renovarlas de manera inmediata.

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Manuel Ayala, transportista escolar y dueño de una buseta del 2001, comentó que al intentar matricular su vehículo para poder prestar servicio con el retorno a clases le dijeron que este había cumplido su vida útil (20 años) y que para poder seguir trabajando tenía que comprar una nueva unidad.

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“No hemos trabajado por casi dos años, si vendo mi unidad no me van a dar más de 6.000 dólares y un carro nuevo está sobre los 20.000 dólares. Las deudas nos están acorralando y no tenemos recursos para renovar la flota, si no se prolongaba la vida útil me hubiese quedado en el desempleo”, refirió el hombre, quien calcula que en Azuay, donde presta servicios, al menos 980 de sus compañeros se acogerán a este beneficio.

El director ejecutivo de la ANT indicó que esta decisión es “ante todo solidaria con quienes han sido afectados por la pandemia” y anunció que en los próximos días se emitirán resoluciones que beneficiarán a las demás ramas del transporte, que también se vieron afectadas por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. (I)