En el 2020, año de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, 1′247.529 familias recibieron algún tipo de bono o pensión permanente por parte del Gobierno, que invirtió más de $ 937 millones para ayudar a las personas calificadas, de acuerdo con su registro social, entre los rangos de pobreza y pobreza extrema.

Esta y otras cifras fueron expuestas por las autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), con Vicente Taiano a la cabeza, en la última rendición de cuentas de esta cartera de Estado, bajo el mandato de Lenín Moreno que concluye este 24 de mayo.

En respuesta a información más detalla que fue requerida por este medio, el MIES señala que cuando el actual Gobierno inició su gestión, en mayo de 2017, se registró un total de 1′030.553 usuarios de los bonos y pensiones que venía entregando ese ministerio. Pero la cifra creció y al cabo de cuatro años hay 1′444.519 usuarios de bonos y pensiones, con un presupuesto de inversión desde 2017 hasta la actualidad de $ 3.352 millones.

La entrega de transferencias monetarias “tiene un doble propósito para ayudar a superar la pobreza”, refiere el viceministro Diego Aldaz. “Alivia las necesidades más urgentes de consumo y busca romper el círculo intergeneracional de este problema, fortaleciendo capacidades, vinculadas con servicios de salud y educación para niños y adolescentes”.

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Más usuarios de bonos

La pandemia no paralizó los servicios del MIES, que aumentó los receptores de las transferencias monetarias.

El 2020 cerró con 670.779 personas beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano (que otorga $ 50 mensuales), con un monto de inversión de más de $ 273 millones, lo que representa un incremento de 251.208 beneficiarios solo en el año de la pandemia, destaca el MIES. Eso representa un 37% más respecto al 2019.

En este mismo periodo, 81.590 núcleos familiares se beneficiaron con el Bono de Desarrollo Humano con componente variable, que puede llegar a $ 150 por beneficiario. Con corte a mayo de 2021, el MIES dice que entre el bono normal y el variable, en el país existen 926.805 beneficiarios.

Equipo del MIES acompaña a una adulta mayor a cobrar el Bono de Protección Familiar ($ 120) en el cantón Bucay, Guayas.

El economista Pablo Lucio Pareces dice que, a pesar del incremento en la ayuda social, la pobreza ha aumentado en el gobierno de Moreno y no todo se puede atribuir al COVID. “Un 20% de este aumento se dio antes de la pandemia, por la necesidad de “poner orden” en la economía luego de los graves desajustes que dejó el gobierno de Correa”.

“Con los bonos y pensiones no solo se busca brindar un piso de protección social para quienes más lo necesitan, sino que también se promueve la movilidad ascendente de las familias en condición de vulnerabilidad”, dijo Aldaz en la última rendición de cuentas que hizo el MIES.

Del total de usuarios de los bonos y pensiones del MIES, el 76% son mujeres. El 54% de los beneficiarios residen en el área urbana y el 46% en el sector rural, según información del registro social.

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Aunque es positivo que se hayan dado ayudas en momentos de crisis como el actual, estas deben ser focalizadas, temporales y no depender de créditos de los multilaterales como lo ha hecho el actual Gobierno, sostiene el analista económico Jorge Calderón.

“Los bonos se dan por un tiempo, mientras se dan estructuras y condiciones para que esas personas salgan de la pobreza y ya no necesiten ese bono”, insiste Calderón, pero según Taiano, el MIES ha cumplido sus objetivos y por eso él termina su gestión satisfecho: “Hemos construido la red de protección social más amplia de la historia del Ecuador, que cuida al ser humano toda la vida”.

Vicente Taiano ofreció su última rendición de cuentas como ministro de Inclusión Económica y Social.

Durante el último año, 62.981 usuarios recibieron la pensión para adultos mayores, de $ 50, un incremento de 19.764 personas (24% más que el año anterior). Y la pensión “Mis mejores años”, que subió de $ 50 a $ 100, benefició a otros 296.327 adultos mayores,  un aumento de cobertura del 6% frente al 2019.

También hubo un “incremento histórico del Bono Joaquín Gallegos Lara”, para personas con discapacidad severa, afirma Taiano. Son 5.532 nuevos usuarios que reciben mensualmente $ 240.

El analista político Alejandro Rodas dice que, si bien la pandemia empeoró la crisis que ya sufría el país, la “inoperancia” del régimen saliente imposibilitó la creación de fuentes de trabajo y no contribuyó a salir de la pobreza: “Continuó con ese Estado paternalista que solo da bonos, pero no soluciones reales”.

Niveles de pobreza, al alza

A pesar del incremento en la inversión estatal para ayudas sociales destinadas a las personas más vulnerables, el presidente Lenín Moreno deja el poder con indicadores que reflejan que la pobreza va en aumento.

En 2020, según cifras del Banco Central, el 32% de la población estaba sumida en la pobreza, 7% más en comparación con el 2019. Mientras que la pobreza extrema se ubicó en 14,9%, un incremento de seis puntos en relación al año anterior.

En junio de 2017, un mes después de que Moreno asumió el poder como sucesor de Rafael Correa, esos indicadores estaban en 23,1% y 8,4%, respectivamente, de acuerdo con los registros del Banco Central. Por lo atento, aunque hay más inversión en ayudas sociales que al inicio de su gestión, también hay más pobres que al comienzo de su mandato.

Pero Taiano asegura que, “gracias a la red de protección social”, más familias que quedaron vulnerables por la pandemia fueron beneficiarias de bonos como el de Protección Familiar ($ 120), que atendió a cerca de 950.000 familias que no recibían otras ayudas del Gobierno, que invirtió $ 114 millones para este bono emergente y que sumados a los $ 937 millones para bonos y pensiones permanentes se obtiene una inversión total de $ 1.051 millones en el último año de gestión gubernamental.

Pablo Lucio Paredes dice que el momento económico del país es dramático y debe ser corregido, recuperando el crecimiento, el empleo y además con políticas de apoyo social focalizadas. (I)