La Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento es, después del Municipio de Quito, la segunda entidad metropolitana que más recursos ha destinado durante estos primeros seis meses. En ese periodo ha invertido $ 26,3 millones, cerca de $ 24 millones fueron adjudicados y $ 2,5 millones cursan etapas de contratación, según la información publicada por el Sercop.

En la gestión de Verónica Sánchez se asignaron $ 1,9 millones para retomar el proyecto de agua para el sector de San Juan de Calderón, que en 2019 había sido contratado y en 2022 fue finalizado unilateralmente con el 38 % de avance, porque la demanda de este servicio persiste. En los documentos del proceso, la empresa pública detalla que en esa zona hay una “explosión demográfica causada por un movimiento migratorio inusitado nacional e internacional”, lo que provocaría un incremento del requerimiento de agua en la parroquia Calderón de 700 a 810 litros diarios para el próximo 2024.

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“Ese desfase, de 110 litros diarios, exige el planteamiento de un proyecto urgente, que satisfaga las necesidades de servicio hasta que entre en funcionamiento el proyecto Integral Calderón en el año 2024″, señala la institución en el proceso. Con esta construcción, que incluye una línea de transmisión de 7.032,9 metros de longitud que conducirá el agua desde los tanques del sector de Carcelén hasta la nueva cámara proyectada en San José de Morán 2, se estima abastecer del líquido a 173.491 habitantes.

A esta obra se suma el alcantarillado de los barrios El Pedregal y Santa Rosa de Chillo; nuevas conexiones domiciliarias de aguas servidas en varios sectores; reparación de sistemas de bombeo, estaciones y pozos; atención de fugas en el sistema de distribución del suministro; compra de bombas, entre otras adquisiciones, por un rubro total de $ 9,3 millones.

En los primeros seis meses, la alcaldía de Pabel Muñoz ha contratado por $ 146,2 millones, diez áreas concentraron los recursos en Quito

También se contrató por $ 3,8 millones el servicio de lectofacturación de los medidores de agua -con 16,3 millones de lecturas- durante dos años; en el programa de suspensiones y reconexiones del suministro a clientes en mora se destinaron $ 1,6 millones; en la lectura de los equipos en las parroquias Nayón, Amaguaña, Quinche, Píntag, Llano Chico, Puembo, entre otras, $ 655.000; y en el arrendamiento de un contact center, un poco más de $ 865.000.

Para reemplazar medidores se asignaron $ 695.110; en la compra de repuestos para las estaciones de bombeo de pozos y sistema de levantamiento de lodo, $ 240.000; y en la adquisición de 1.250 rejillas plásticas para sumideros, $ 99.000.

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Este último insumo ya no se adquiere en material de hierro por “el alto índice de sustracción de rejillas y los costos de reposición que demanda esta actividad”, justifica la entidad en el proceso y añade que esta alternativa plástica “disminuye el riesgo de robo o daño” y “mejora la durabilidad y el funcionamiento del sistema de recolección de aguas lluvias”.

Este elemento será colocado en sectores “más vulnerables”, en donde hay reportes constantes de hurto, ya que la falta de este elemento puede ocasionar -según el proceso- accidentes de tránsito. Además, el costo de esta nueva rejilla también es menor, cada una cuesta $ 84, casi 50 % menos que las elaboradas con cerco de hierro, que se venden entre $ 141 y $ 166. (I)