Fiscal Diana Salazar: Cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato no era para una persona, éramos dos

En un video que colgó la tarde de este domingo, 12 de mayo, la fiscal Diana Salazar relevó nuevos datos sobre el asesinato de Fernando Villavicencio y un supuesto plan que la incluía a ella.

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“Cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato no era para una persona: éramos dos. A él lo asesinaron y creo que tratan de cumplir ese acuerdo”, reveló la fiscal.

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Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 en Quito, cuando salía de una actividad política durante la campaña electoral.

La fiscal comenzó ese video de doce minutos cuestionando la violencia política a través de redes por su condición de mujer negra y el puesto que ejerce.

Salazar leyó algunos mensajes que han circulado en redes sociales indicando que contienen una serie de epítetos y estereotipos.

Ella mencionó que sus redes sociales las maneja personalmente, pero información valiosa la dirige a través del Departamento de Comunicación.

Salazar reiteró que no piensa en una candidatura presidencial, pues tiene planes de iniciar una nueva etapa y dedicarse a su familia.

El FBI envió a la Fiscalía el contenido del teléfono celular de Fernando Villavicencio mediante una empresa de ‘courier’

“Son seis años que he dejado mi vida personal”, señaló.

Dijo que en abril del 2025 termina su gestión y que el juicio político es una forma de retaliación por el trabajo que ha desarrollado esta administración.

Diana Salazar mencionó que está en juego la justicia, porque sacando a la fiscal se buscará la impunidad.

Pidió a la ciudadanía estar pendiente de los operadores de justicia y de aquellas personas que continuarán el trabajo. Advirtió que se busca tomar control de las fiscalías provinciales, unidades especializadas y unidades donde se manejan casos sensibles.

“Eso está en juego y la ciudadanía debe estar consciente. Está en juego la institucionalidad”, mencionó.

En lo personal, la fiscal sostuvo que su dinámica familiar ha cambiado durante estos años en la entidad, porque no puede transitar libremente por las calles y debe andar con personal que la resguarda. “He perdido la libertad, vivo prácticamente bajo arresto, porque tengo a personas a mi alrededor. Es el precio que estamos pagando por hacer lo correcto”, indicó. (I)