Que la Prefectura de Pichincha ingrese documentación respecto a la socialización de la ordenanza para la creación del Fondo Especial para el Mejoramiento y Mantenimiento Vial de la Provincia de Pichincha con Aporte Ciudadano, antes de que entre en vigencia, es lo que la mañana de este miércoles solicitaron los jueces que analizan la acción de protección planteada contra el tributo por Darío Paladines, representante del sector Automotriz de Vehículos Usados y presidente de la Asociación Nacional de Motociclistas del Ecuador.

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La medida constitucional se interpuso debido a que no se estaría de acuerdo con el cobro de la denominada “tasa solidaria”, que buscaría obtener recursos para exclusivamente invertir en el mantenimiento y mejoramiento de las vías de las 53 parroquias rurales que tiene Pichincha. La audiencia sobre este tema se instaló después de las 08:30 de este miércoles en el Complejo Judicial de Quitumbe, en el sur de Quito, y se suspendió horas después, cerca del mediodía.

La contribución estaría basada en el tarifario anual de matriculación en la provincia de Pichincha y se pagará una vez al año. Desde este 2022, los vehículos públicos y comerciales deben pagar $ 20,50; los vehículos particulares, $ 18, y las motos, $ 9,30.

Tras la suspensión de la audiencia, Sebastián Espinosa, abogado de Paladines, señaló que quedan a la espera de que el tribunal señale una nueva fecha para que se reinstale la audiencia y analizar los documentos que los representantes de la Prefectura ingresarán a la causa.

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“Se ha demostrado de manera documentada que no existe un hecho generador en la ordenanza aprobada por la Prefectura de Pichincha, es decir, no existe la relación jurídico-tributaria y, si no existe la misma, no se puede dar paso, no puede nacer la obligación tributaria. En tal sentido, mal se podría cobrar este impuesto obligatorio o esta contribución especial a los ciudadanos”, apuntó Espinosa.

La acción de protección está siendo conocida por los jueces Wilson Caiza (ponente), Mirian Escobar y Rita Gallegos. Ellos anunciaron que, una vez que se entregue la información solicitada y de acuerdo con la agenda que manejan, notificarán con la debida antelación sobre la reinstalación de la diligencia. (I)