En 2007, el Municipio de Quito y la Prefectura de Pichincha firmaron un convenio sobre la autopista general Rumiñahui, que está vigente.
Esa vía une la capital con el valle de los Chillos y viceversa. En Quito inicia a pocos metros de El Trébol, recorre un peaje, diez puentes, a los costados hay zonas urbanas. Tiene una extensión de 11,7 kilómetros.
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Permite además conectar -aunque no de forma directa- con la Panamericana sur y con la carretera Alóag-Santo Domingo de los Tsáchilas.
Diariamente cruzan por esa autopista unos 90.000 vehículos. Representantes barriales han señalado que en cada ocasión que usan la autopista deben pagar peaje, lo que representa mucho gasto. Además, que al estar en una zona urbana un peaje es ilegal.
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Es un convenio, según el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la Provincia de Pichincha, de cooperación interinstitucional para que esa institución realice todas las obras necesarias respecto de las intersecciones urbanas en esa vía.
No es que el Municipio de Quito, en ese entonces y por ese convenio, le entregó la administración al Gobierno Provincial, indicó Tania Arias, procuradora síndica de la Prefectura de Pichincha.
La autopista, agregó, forma parte del sistema vial de administración y de competencia exclusiva de la entidad provincial que conecta dos cantones: Quito y Rumiñahui.
Esa vía la construyó el Gobierno Provincial, la administró originalmente, luego pasó a una empresa que prestaba servicios viales, después de una resolución judicial volvió a manos de la Prefectura tras ganar un juicio. Pertenece y forma parte del sistema vial provincial de Pichincha desde sus orígenes hasta la actualidad, indicó.
Mencionó que es un convenio previo a la Constitución del 2008 y a la normativa del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), y la legislación posconstitucional definió cuáles son las competencias exclusivas, concurrentes de los gobiernos provinciales, parroquiales, cantonales.
Añadió que en las entradas a ciertos barrios, que son sectores urbanos, se hacen obras con cargo al presupuesto de la autopista.
“El peaje no está establecido en zona urbana, de hecho, está en la autopista general Rumiñahui y en el circuito que forma parte del sistema vial intercantonal que administra el Gobierno Provincial”, dijo.
El pago del peaje ha servido -históricamente- para sostener los costos que representa para el Gobierno Provincial, el mantenimiento, el establecimiento de todos los servicios de seguridad que tiene la autopista que incluye un seguro, la atención de emergencia, señalización, mencionó.
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En 2024, en la autopista Rumiñahui circularon 89.647 vehículos que dejaron un ingreso de alrededor de $ 13 millones anuales. Para 2025 se movilizarían 96.076 automotores y se estima que en 2028 suban a 106.176.
El pago del peaje ha motivado que conductores realicen protestas. Una de las últimas fue a inicios de agosto cuando hubo una caravana motorizada por esa arteria vial.
En videos de los protestantes se observó a varios de ellos con pancartas con frases como “No al peaje, tenemos derecho a la circulación”, o palabras pintadas de rechazo en los parabrisas como “Fuera, peaje, fuera”.
En los vehículos también se colocaron globos de color blanco y circularon por tres carriles hacia la capital.
Además de las inconformidades de los moradores y sus protestas, en la Corte Constitucional (CC) se presentó -en marzo pasado- una demanda de inconstitucionalidad contra el cobro del peaje, planteada por el concejal Fidel Chamba y la asambleísta Inés Alarcón que tiene el apoyo de un colectivo en el que los usuarios se han agrupado.
Para Chamba, el pago está afectando a los bolsillos de los moradores del valle de los Chillos y de zonas aledañas, pues hay personas que tienen que destinar más o menos $ 300 y $ 400 anuales para poder pagarlo.
Jorge Calero, quien integra un grupo que realiza protestas, estimó que como mínimo utiliza al día entre cuatro y seis veces esa vía e hizo un estimación de cuánto dinero destina anualmente al pago del peaje: $ 842.
La Prefectura fue notificada de la demanda presentada el pasado 23 de julio y ya respondió. El proceso de análisis en la CC incluye una audiencia y Arias estima que con demandas de inconstitucionalidad, que se han planteado de otros temas en ese organismo, este caso podría demorarse dos o tres años. (I)