El consorcio GMQ, formado por las empresas españolas Prointec y KV Consultores, es investigado por la justicia de España por presuntos pagos para adjudicarse un contrato con el Metro de Quito, el proyecto más costoso en la historia de la capital de Ecuador. Así lo sostiene un reportaje presentado por el diario El Confidencial en el que afirman que Fiscalía Anticorrupción denuncia el pago de al menos $ 1,2 millones a funcionarios ecuatorianos.

De la comisión técnica encargada del concurso público fue parte el entonces gerente de Equipos e Instalaciones y actual gerente general de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ), Efraín Bastidas. Es el noveno gerente que ha tenido el proyecto y el segundo durante la administración del alcalde Santiago Guarderas

Además, estuvo presidida por Catalina Rivera, quien se desempeñaba en ese entonces como gerenta Financiera Administrativa de la EPMMQ; Patricio Romero, el entonces gerente de Infraestructura, y Francisco Morales, subgerente jurídico de la empresa municipal, quien actuó como secretario de la comisión.

“El fiscal Luis Rodríguez Sol, al frente de las pesquisas, asegura que el consorcio influyó a través de las mordidas incluso en la fase previa de la licitación, de forma que el pliego de condiciones fue el resultado de una negociación concertada. Hasta tal punto estaba todo pactado que los miembros de la comisión técnica de Quito fueron indicando cómo debía ser la oferta para que tuviera éxito”, dice la nota periodística.

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Este Diario solicitó una versión del gerente Efraín Bastidas, sin embargo, hasta la difusión de esta nota informativa respondieron que están elaborando una respuesta oficial sobre el tema.

Las empresas que participaron en el concurso fueron las siguientes:

  • Consorcio Sener – Astec
  • Asociación Geodata Ingeconsult
  • Ineco
  • Consorcio GMQ

Según el contrato establecido entre el Metro de Quito y el consorcio GMQ, la consultora tenía la obligación de prestar los servicios de gerencia del proyecto por los siguientes 45 meses. En él se estableció la entrega de 40 productos mensuales, cada uno con el valor de $ 383.902,61. Las fechas iban desde el 31 de enero de 2014 hasta el 28 de abril de 2017.

Los presuntos desvíos de dinero habrían salido a la luz por confesión de personas involucradas en estas negociaciones. “Se camuflaron como pagos a terceras empresas por la prestación de servicios. Se trocearon en pagos más pequeños con la intención de que pasaran desapercibidos”, afirma el medio español.

El valor del contrato fue de $ 15′356.104,40 y se adjudicó en 2013, en la administración del alcalde Augusto Barrera.

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“La denuncia presentada por el Ministerio Público ya ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional, que ha citado como imputados para el próximo mayo a nueve personas, entre ellas varios empresarios que participaron en los hechos y a los que se acusa de la comisión de un delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales”, dice el texto periodístico.

El metro de Quito definirá su operador internacional en julio; funcionamiento está previsto para diciembre

Entre las empresas indagadas se encuentran Prointec (filial de la empresa Indra), KV Consultores y Bustren, sin embargo, en la constitución del consorcio, la tercera no forma parte de este. En la investigación del medio se detalla que esta eliminación se dio porque no cumplía con requisitos de antigüedad.

Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el consorcio GMQ se constituyó el 4 de julio de 2013, la unión fue celebrada en la Notaría Segunda del cantón Quito. La empresa KV Consultores de Ingeniería, Proyectos y Obras S. L. fue representada por José Antonio Cornejo, gerente de la compañía Profilegal Cía. Ltda. Por otro lado, la empresa Prointec S. A. estuvo representada por Richard Michael Montalvo.

En el contrato KV Consultores tuvo el 60 % de participación y Prointec el 40 %. Como representante del consorcio figura Patrick Barrera Sweeney.

No obstante, según la nota del medio español, el representante de Prointec, Jesús Miguel Trabada, tenía el 80 % de participación y las otras dos empresas se quedaron con el 10 % cada una. Además, el artículo sostiene que los pagos se destinaron a “uno de los hijos del cónsul honorario de Ecuador en Madrid, quien según las sospechas, creó una sociedad ficticia solo para recibir el dinero”. (I)