La posibilidad de restablecer bases militares extranjeras en Ecuador se convirtió en el epicentro de un debate en los recintos electorales de Manta durante la consulta popular de este domingo.

En esta ciudad, que albergó al Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos hasta 2009, la pregunta electoral no fue un simple enunciado, sino un motivo de reflexión ciudadana.

El dilema entre recuperar la seguridad perdida y el temor a la violación de la soberanía nacional polarizó las opiniones en los recintos electorales, donde se enfrentaron dos narrativas.

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Gente vinculada al sector pesquero de Manta fue el grupo más inclinado a rechazar la propuesta. Para muchos pescadores y sus familias, el recuerdo de la presencia militar estadounidense está marcado por la preocupación y las denuncias de abusos de poder.

Juan Delgado, un pescador, resumió el sentir de la gente que trabaja en esta actividad. “Voté no por lo que ocurrió con el sector pesquero de Manta. No queremos que se repita lo que pasó hace unos años, cuando nuestros barcos eran hundidos”, expresó.

Su posición de rechazo se sustentó en experiencias pasadas de presuntos casos de abuso de poder, en los que los pescadores alegan que sus naves sufrieron daños durante revisiones o patrullajes.

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La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu) documentó el hundimiento de al menos 36 embarcaciones entre 2002 y 2005, sucesos que, según los afectados, ocurrieron durante el periodo de operación del FOL en la ciudad manabita.

Ernesto Chávez, otro ciudadano, compartió la razón por la que votó no. Él indicó que la decisión se debe a los testimonios directos de sus amigos pescadores. “Muchos amigos me contaron cómo eran esos tiempos. Les hundían los barcos al revisarlos. Había casos de abuso de poder y hay temor de que ocurra de nuevo”, explicó Chávez.

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Sin embargo, a pesar de algunas opiniones negativas, la urgencia por recuperar la seguridad en el país ante el avance de los grupos de delincuencia organizada (GDO) impulsó la narrativa a favor de la presencia militar extranjera.

Un sector importante de la ciudadanía ve en el retorno de estas bases la única vía efectiva para contener la escalada de violencia y crimen que azota al país.

José Chang, un ciudadano que votó sí, argumentó que la decisión traerá beneficios tangibles en seguridad y mejorará la percepción de tranquilidad no solo en Manta, sino a nivel nacional. Además, Chang destacó que la presencia militar extranjera generaría un impulso económico indispensable para la ciudad y el país, ya que, a su juicio, la lucha contra el crimen organizado es una prioridad que justifica la colaboración internacional.

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Chang confrontó la preocupación sobre la soberanía, uno de los argumentos centrales de quienes se oponen al tema. “Hay gente que dice que la llegada de bases extranjeras atenta contra la soberanía. Pero si ya estamos invadidos. Estamos perdiendo la soberanía en manos de los GDO”, afirmó.

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Aseguró que la presencia de fuerzas externas se percibe como un mal menor, para recuperar el control territorial frente al crimen transnacional.

En la misma línea, Ángela Chanchay, otra votante a favor, expresó su convicción de que el sí evitará la delincuencia. “Pienso que sí evitará la delincuencia al votar que sí en esa pregunta.

En mi casa fue una de las que más discutimos con la familia. Yo creo que no va a afectar en nada y hay que darles la oportunidad a las bases, a ver qué pasa", compartió Chanchay.

El contexto que aviva este debate incluye la posibilidad de que Estados Unidos reactive su Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL) en Manta o incluso en Salinas.

Esta hipótesis cobró fuerza tras la visita de altos funcionarios de seguridad de EE. UU. a Manta y Salinas, el pasado 6 de noviembre, con el objetivo de evaluar posibles ubicaciones para la reactivación.

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La función principal de la base en Manta se centró en el monitoreo y la lucha contra el narcotráfico; sin embargo, también incluyó operaciones de la Guardia Costera de EE. UU. que, según reportes de prensa nacional, detectaron a 7.953 emigrantes ilegales entre 1999 y enero de 2007. (I)