Alrededor de 5.000 personas participan en plantón por suspensión de actividades mineras en El Oro

Alrededor de 5.000 personas participaron en un plantón realizado en el sector El Pache, límite entre los cantones Portovelo y Piñas, para rechazar la suspensión total de las plantas de beneficio minero dispuesta por el Ministerio de Ambiente y Energía.

La movilización fue pacífica y congregó a trabajadores, familias, empresarios y autoridades locales, este miércoles, 4 de febrero.

La protesta se produjo tras la publicación, el 2 de febrero de 2026, de la Resolución Ministerial n.º MAE-MAE-2026-0005-RM, que ordena la suspensión inmediata de actividades mineras en la provincia de Napo y el cierre total de las plantas de beneficio en El Oro y Loja, afectando de forma directa al distrito minero de Portovelo.

Según la resolución, la decisión se sustenta en informes técnicos de los entes de control ambiental que advierten una afectación grave a los recursos hídricos de la cuenca Puyango–Tumbes.

En los ríos Calera y Amarillo se detectaron metales pesados como plomo, arsénico, cobre y cadmio, además de cianuro, en concentraciones superiores a los límites máximos permisibles.

El documento oficial señaló que esta contaminación ha generado deterioro en la calidad del agua y afectaciones a los ecosistemas, lo que vulnera los derechos de la naturaleza, el derecho humano al agua y el derecho de la población a vivir en un ambiente sano.

Ante este escenario, la alcaldesa de Portovelo, Yulissa Aguilar Espinosa, expresó su preocupación por el impacto social y económico de la medida. “Paralizar las plantas de beneficio significa paralizar Portovelo. Aquí más del 90 % de la población vive directa o indirectamente de la minería”, afirmó durante su intervención.

La autoridad local recalcó que el cantón mantiene una tradición minera centenaria y que las plantas de beneficio han operado durante décadas con conocimiento del Estado. “Hoy la gente no sabe cómo va a llevar el pan a su casa mañana”, dijo, al referirse a las familias que dependen de esta actividad.

Aguilar aclaró que el Municipio no se opone al cumplimiento de la normativa ambiental, pero cuestionó que la resolución se haya adoptado sin una evaluación integral del impacto social.

Informó que se solicitó una audiencia con la ministra de Ambiente para exponer la realidad local y pedir que la medida sea revisada o aplicada de manera progresiva.

Desde el sector minero, la Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio de la Provincia de El Oro (Aproplasmin) resolvió acatar la resolución ministerial, pero paralizar actividades en el distrito y convocar a un diálogo abierto con las autoridades competentes.

Danilo Castillo, presidente del gremio, sostuvo que la minería legal es un eje económico clave. “La minería legal sostiene a miles de familias en la parte alta de El Oro y en el país”, afirmó, al advertir que el impacto de la suspensión trasciende a Portovelo y afecta a toda la cadena productiva.

Castillo indicó que el plantón busca que el Estado actúe como un ente acompañador. “Convocamos a un plantón pacífico para que las autoridades escuchen al sector y se instalen mesas de diálogo que permitan soluciones conjuntas”, señaló.

Desde el ámbito empresarial, Franco Fernández, representante de la empresa Goldmins, cuestionó el alcance de la resolución. “No nos oponemos al control ambiental, pero cerrar primero y pedir documentos después vulnera la seguridad jurídica y el derecho al trabajo”, manifestó.

Fernández insistió en que el sector está dispuesto a corregir observaciones ambientales, siempre que los controles se realicen en territorio y con acompañamiento técnico del Estado. (I)