Tulcán

Frente a los altos índices delictivos e incidentes que provocan ciudadanos extranjeros que ingresan a la ciudad de Tulcán, en el norte de Ecuador, por pasos irregulares, Cristian Benavides, alcalde de Tulcán, pidió la colaboración de las Fuerzas Armadas.

El pedido fue oficializado en la Gobernación de Carchi, la mañana de este martes, al coronel Diego Hernández, comandante de la Brigada de Infantería Andes, asentada en la capital carchense.

Benavides solicitó la asistencia de los uniformados en parques y espacios públicos que son tomados por los migrantes venezolanos, donde descansan, lavan y tienden ropa, pernoctan y hacen sus necesidades biológicas, atemorizando a los vecinos de estos lugares.

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Policías municipales con acompañamiento de la Policía Nacional venían efectuando los desalojos, pero la actuación violenta de ciertos inmigrantes ha causado incidentes y enfrentamientos.

El primer personero municipal local se reunió con el representante de las Fuerzas Armadas y el gobernador de Carchi, Yaco Martínez, para coordinar acciones a favor de la seguridad ciudadana.

Este miércoles han sido convocados por el Municipio de Tulcán los presidentes de más de 130 barrios a un encuentro que se realizará en el teatro Lemarie, con la finalidad de conocer los problemas de inseguridad y coordinar acciones, informó Danny Olmedo, director de Gestión y Control.

Las autoridades provinciales tienen previsto reunirse con los representantes de las oenegés que brindan servicios humanitarios para planificar una hoja de ruta que garantice la atención que reciben los migrantes de forma ordenada en la periferia de la ciudad.

El acalde Benavides aclaró que no se pretende afectar el derecho a la movilidad, ni irrespetar las normas constitucionales y derechos humanos, y adelantó que el plan estará a cargo del Ministerio de Movilidad y Relaciones Exteriores.

Patricio Silva, consultor local, explicó que aproximadamente 3.000 migrantes viven en Tulcán y 5.000 más están en movimiento, constituyéndose en un fenómeno social que debe ser enfrentado con responsabilidad por el Estado. (I)