Según la Organización Internacional de Migrantes, cada mes ingresan a Tulcán desde territorio colombiano aproximadamente 12 mil ciudadanos venezolanos que buscan continuar hacia el sur del continente, utilizando trochas y el río internacional Carchi ante el cierre del puente internacional de Rumichaca.

Esta organización indicó que son pocos los que intentan quedarse en esta parte de la frontera (Tulcán). Explicó que los migrantes venezolanos no lo hacen quizás por el clima frío y las pocas oportunidades de trabajo que existe en este sector, convirtiéndose la capital carchense en ciudad de descanso.

Santiago Cabrera, exrepresentante de Cooperación Internacional en la Municipalidad local, sostuvo que los ciudadanos venezolanos permanecen máximo cinco días en esta urbe, donde intentan regularizarse, recomponerse físicamente después largos trayectos que han caminado y juntar dinero a través de la mendicidad para luego continuar.

Algunos son favorecidos en dos centros de atención temporal administrados por ONG y el Municipio de Tulcán, adaptados en el excomplejo turístico de Rumichaca, en el norte, y en el Patronato Municipal, en el sur.

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En casos excepcionales, otros reciben hospedaje de hasta tres días en hoteles y hostales de Tulcán. Ante la proliferación de extranjeros que se tomaban calles del casco comercial, parques, umbrales, pórticos, edificios abandonados y espacios públicos, las autoridades pensaron crear un corredor para entregas móviles de ayudas humanitarias.

El propósito era que no ingresen al centro poblado y continúen hacia sus destinos, atendiéndolos en la Panamericana E 35, desde El Barrial hasta la parroquia de Julio Andrade, mientras se movilizaban.

Para Cabrera, esta estrategia no era viable constitucionalmente, ya que Ecuador ha firmado varios acuerdos internacionales relacionados con movilidad y los migrantes son responsabilidad del Estado. Además, porque “no es justo que duerman a la intemperie”.

Agregó que también analizaron crear una pequeña terminal alterna para las personas que vienen con pocos recursos y utilizan el transporte público para viajar, evitando que no entren a la urbe y se embarquen cerca al viaducto binacional, quedando también descartada esa posibilidad.

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Frente a esa realidad y ante el crecimiento de los movimientos migratorios en la frontera colombo-ecuatoriana, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal hizo un exhorto a la cooperación internacional para que traslade sus oficinas a la E35.

La propuesta busca que la atención humanitaria que brindan 19 organismos no gubernamentales sea formalizada fuera del centro poblado, guiando a los viajeros hacia sus sitios de destino por la Panamericana, una vez que llegan al país.

Cristian Benavides, alcalde y presidente del COE cantonal, explicó que cuando arriban los extranjeros a esta urbe fronteriza se ubican en parques y espacios públicos, generando varios inconvenientes e incidentes que mantiene en zozobra a la población.

“Es inhumano realizar operativos o intervenir estos sitios en las noches, donde pernoctan  familias que emigran con infantes, personas discapacitadas, vulnerables o de la tercera edad”, comentó el burgomaestre. Agregó que con la medida se intenta que sean acogidos en sitios cálidos y seguros.

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El pedido a las oenegés es que los trámites o asistencia humanitaria que brindan a estas personas los realicen en la Panamericana, evitado así que los inmigrantes ingresen a esta localidad.

Benavides aclaró que no están en contra de movilidad humana, sino que la mesa de seguridad del COE tomó en cuenta este clamor de la ciudadanía, que viene de algunos meses atrás.

Geovana Polo, secretaria de este organismo cantonal, indicó que para el ingreso de los migrantes al centro poblado, han acordado con los organismos no gubernamentales establecer una especie de protocolo para que sean alojados en hoteles, reciban servicios hospitalarios o sean transportados hasta la terminal de buses.

No obstante, los flujos de viajeros venezolanos no paran y en grupos recorren la ciudad buscando comida o sitios para pernoctar.

Las autoridades del COE de Tulcán explicaron que la idea es que los migrantes reciban atención digna y se recupere el orden en la ciudad, donde se han registrado hechos violentos que van desde ataques a conductores con machetes o el amedrentamiento a dueños de tiendas y restaurantes. (I)