Alcalde de Quito, Jorge Yunda, es otra autoridad en Pichincha a la que un juez le ordena el uso del ‘grillete electrónico’

La medida cautelar de uso del dispositivo electrónico de seguridad (grillete electrónico) emitida por el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhaya, contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, le convierte al funcionario municipal, investigado por el delito de peculado, en la segunda alta autoridad pública en funciones dentro de la provincia de Pichincha que recibe esa orden judicial.

Paola Pabón, actual prefecta de Pichincha y quien es procesada por una rebelión ocurrida durante las protestas sociales de octubre de 2019, viene usando grillete electrónico desde diciembre de 2019, una vez la presidenta subrogante de la Corte de Pichincha, Patlova Guerra, cambió la prisión preventiva que pesaba sobre Pabón y en su lugar dispuso el uso del grillete, la presentación periódica y la prohibición de salida del país.

Procesados por rebelión durante el paro, en libertad pero usando grillete

El mismo Vladimir Jhaya, el 27 de agosto pasado, fue quien llamó a juicio a Pabón en calidad de autora mediata, y a Virgilio Hernández y Christian González como autores directos del delito de rebelión. Hasta el momento no se ha definido una fecha para evacuar esa diligencia.

La tarde del jueves último, Jhaya como juez ordenó no solo el uso del grillete, la presentación periódica y la prohibición de salida del país para Yunda, sino también contra la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, Linda G.; Daisy H., administradora del contrato; y Erik A. Mientras que para la actual secretaria de Salud del Municipio de Quito, Ximena Abarca; Jéssica C., encargada de compras públicas; y el excoordinador jurídico, Marco R., se dispuso la prisión preventiva.

Para la Fiscalía todos son responsables como autores mediatos y coautores del delito de peculado que habría existido en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19 que realizó la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. Según el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, la adquisición, realizada a la empresa Salumed S. A., habría representado un perjuicio para el Estado de $ 4′226.800.

En este caso estaban ya siendo procesados, desde noviembre pasado, el exsecretario de Salud Lenín Mantilla y Alejandro V., ambos prófugos, Diego S., José M., Simón V., Enrique B. e Iván M.

Lenín Mantilla recibe orden de prisión preventiva por el delito de peculado relacionado con la adquisición de pruebas PCR para C OVID-19 en el Municipio de Quito

Aunque Yunda dijo no tener problema en usar el grillete electrónico, pues aclara que lo llevará como una “especie de reconocimiento de la injusticia” que vive, él calificó de medidas extremas a las ordenadas contra él, Abarca o Guamán. Yunda, quien cumplió ayer su primera presentación periódica en la Corte de Pichincha, asegura que son inocentes y que no hay elementos contundentes para la vinculación que hace la Fiscalía.

El abogado de Yunda, Juan Pablo Albán, explicó que recién ayer, luego de algunos problemas en Fiscalía, pudo revisar los dos últimos cuerpos del expediente donde estarían una parte de los chats que sirvieron para vincular, pero, aseguró que de lo que ha leído “no existe nada impropio, nada irregular o algún mensaje en el que se diga que hay que ocultar ese informe o hay que dar por terminado el contrato”.

Albán cree que no será de inmediato que se ordene la colocación del grillete, pues se deben seguir algunos pasos. Lo que sí critico es que luego de la audiencia de vinculación y sin las defensas de los procesados se haya escuchado el audio de la diligencia y se haya definido que en los próximos días se girarán los oficios para que se cumpla la medida. El abogado ya pidió se le dé una copia certificada del audio de la audiencia y no descarta hacer uso de un recurso de aclaración.

“Puede que en el resto de chats que dice poseer Fiscalía haya algo impropio, pero por lo pronto en las fechas críticas que refirió el fiscal provincial en el desarrollo de la vinculación, no hay nada. Por eso supongo yo que el fiscal provincial no leyó las partes relevantes de los chats, porque en el caso de la vinculación de los otros funcionarios leyó las partes relevantes de documentos (...) pero en el caso del alcalde Yunda o de las doctoras Abarca y Guamán, no leyó nada”, refirió Albán.

El alcalde Yunda recordó que ante un informe que refería en la que había una disminución en la sensibilidad de las pruebas PCR para COVID-19, él dispuso otras validaciones con el Corea Testing Certification, la máxima autoridad sanitaria de Corea del Sur, que ratifica la sensibilidad y la efectividad de estas pruebas.

Además, señaló, que sobre este tema se debatió y discutió en el Concejo Metropolitano, compuesto por 21 concejales y el alcalde, y ahí se dispuso que un laboratorio privado con presencia en decenas de países del mundo, con sede en Alemania, como es Sinlab, puedan validar esas pruebas. A decir de Yunda, Sinlab concluyó que las pruebas validadas tenían más del 95% de sensibilidad.

“No quiero defender a la empresa, no quiero defender a las pruebas, yo defiendo la verdad, lo que se informó y se pudo demostrar hasta la saciedad. (...) Estos son los temas que no están en el expediente, que no se han difundido en las audiencias y que ahora que ya hay un proceso jurídico en donde ejerceremos nuestra legítima defensa los daremos a conocer”, apuntó el alcalde de Quito.

Respecto a los pedidos hechos por los concejales de Quito, Bernardo Abad y Fernando Morales, o la Comisión Nacional Anticorrupción para que se aparte del cargo mientras se aclare su situación jurídica, Yunda respondió que personalmente no lo hará, pero reconoció que si la mayoría del Concejo Municipal decide legalmente que lo debe hacer, él no tiene ningún inconveniente en respetar la decisión, porque no puedo ir en contra de las leyes.

Concejales de Quito toman posición sobre la situación judicial de Jorge Yunda

Hasta este momento, la prefecta Pabón ha continuado con sus actividades públicas y ha enfrentado el proceso legal por el delito de rebelión haciendo uso del grillete electrónico. (I)