Una vez que han concluido el estado de excepción y el toque de queda decretados en 16 provincias del país por el Gobierno saliente, entre el 23 de abril y el 20 de mayo pasados, la Fiscalía General informó que las provincias de El Oro, Guayas, Azuay, Esmeraldas, Loja, Santa Elena y Pichincha fueron las zonas en las que más personas fueron procesadas por el incumplimiento de una decisión legítima de autoridad competente.

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La medida fue adoptada por el gobierno de Lenín Moreno para evitar los contagios de COVID-19 que se estaban dando en estas provincias, realidad que tenía en rojo al sistema de salud público en cuanto a camas disponibles en Unidades de Cuidados Intensivos y en las zonas definidas para tratar la enfermedad.

Según datos proporcionados por la Fiscalía, El Oro, Guayas y Azuay, con 240, 187 y 143 casos, respectivamente, son las provincias en las que se procesó a más personas por infringir el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que habla del incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

El incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente señala que la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

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En cambio, Manabí, Cotopaxi y Sucumbíos, con 21, 23 y 29 casos, respectivamente, fueron las provincias con menores personas procesadas por incumplir la decisión dispuesta por el Ejecutivo.

En las 16 provincias hubo un total de 1.354 casos, de los cuales 306 casos quedaron en investigación previa, a 137 personas se les abrió una instrucción fiscal y se les ordenó prisión preventiva y a 911 personas, es decir el 67%, se les definieron medidas alternativas a la prisión preventiva y se les abrió una instrucción fiscal. (I)