La licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga sigue vigente, no ha sido revocada y hasta el momento no hay ninguna petición formal ni estudios que respalden una revocatoria de la licencia, indicó el viceministro de Minas, Xavier Subía.
“Nosotros tenemos que trabajar en evidencia, no hay ninguna motivación entregada formalmente por ningún funcionario ni representante del pueblo”, aseguró.
Esto a pesar de que el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, entregaron al gobernador de la provincia, Xavier Bermúdez, informes e información con los que aseguran que hay afectación para sus territorios.
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Ante ello, Subía respondió que “una cosa es tener una carpeta en la mano y decir aquí está toda la evidencia, otra cosa es decir yo como autoridad o como funcionario envío formalmente la petición de que la licencia ambiental sea revocada con base en esta información. Hasta el momento no han tomado esa responsabilidad, no se han hecho responsables y por lo tanto al no tener una información respaldada, sustentada, solicitada por las autoridades locales, no podemos nosotros actuar en otra forma más que mantener lo que corresponde”.
Ante los reclamos en Azuay por este proyecto, el presidente Daniel Noboa dijo el 12 de septiembre del 2025 que si el Municipio y la Prefectura tienen informes que hablan de contaminación que lo sustenten. “Para no acatar la sentencia de la Corte, sustenten y responsabilícense por los informes y se tira abajo el proyecto, así de sencillo; nosotros no nos vamos a poner del lado de la posible contaminación, pero también hay que comunicarle a la gente la realidad”, dijo Noboa en la estación radial La Suprema.
El proyecto está por ahora suspendido por un tema de comunicación.
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Subía comentó que el problema de comunicación ya lo habían detectado muchos meses atrás. Que el presidente Daniel Noboa se reunió con los ejecutivos y les dijo que debían trabajar no solo en el área de influencia, sino también en la de no influencia directa del proyecto. “Como está demostrado en estudios, no va a ser afectada, pero se siente afectada. Por lo tanto había que trabajar, no ahora, mucho tiempo atrás. No lo hicieron, no comunicaron. El tener unas vallas o el auspiciar un equipo deportivo es importante, no es suficiente”.
La polémica en torno a este proyecto tiene efecto en los inversionistas. Hay temor, según el ministerio, porque los ministerios que son las autoridades competentes estén supeditados a las acciones de entes locales que no tienen la competencia. “Todos tienen el temor de que esto pueda reproducirse. Son inversiones multimillonarias”.
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Por ejemplo, solo la construcción de la mina del proyecto Cangrejos tiene casi $ 1.800 millones de inversión directa en el lapso de dos años.
La licencia ambiental es un acto administrativo del entonces Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica basado en los estudios hídricos y bióticos que se realizaron en la sentencia 2022, agregó el funcionario. (I)
