La Asamblea Nacional recibirá este viernes 31 de octubre del presidente Daniel Noboa el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2026. Aunque el mandatario asegura que la economía del país evoluciona positivamente, a pesar de las adversidades, reconoce que existe un serio desequilibrio entre ingresos bajos y gastos altos, por lo que se han adoptado mecanismos alternativos para financiar la proforma.
La crisis del sector petrolero es una de las causas de la debilidad de los ingresos del Estado.
El presupuesto de 2025 se aprobó con ingresos totales estimados en $ 27.440 millones frente a $ 33.065 millones en gastos, dando como resultado un déficit global de $ 5.625 millones, que equivale al 4,4 % del producto interno bruto (PIB).
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Aquella proforma se estructuró considerando un precio promedio por venta de barril de crudo en $ 62,2, con una producción fiscalizada de 170 millones de barriles.
Sin embargo, el mercado internacional empujó a la baja de los precios del crudo, a causa de una mayor oferta de petróleo por parte de los grandes productores mundiales, causando que Ecuador venda su petróleo por menos de lo previsto.
Además, internamente, la producción nacional se ha visto afectada por la paralización de los oleoductos, problemas con la refinería de Esmeraldas y el cierre progresivo del bloque 43-ITT.
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De tal manera que en septiembre pasado el Gobierno tuvo que corregir los supuestos iniciales de la proforma, ubicando un precio referencial de $ 60,1 por barril y una producción de 158 millones de barriles.
Noboa tiene claro que las proyecciones globales sobre el mercado petrolero apuntan a que los precios seguirán cayendo, a lo que Ecuador deberá adaptarse.
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Cifras de Petroecuador, que aporta con el 80 % de la producción nacional de crudo, dan cuenta de que la extracción de petróleo está estancada y ha retrocedido en comparación con 2024.
Entre enero y septiembre de 2025 la empresa pública produjo 93.361 barriles, lo que representa el 11,12 % menos que en igual periodo del año pasado, cuando se extrajeron 105.048 barriles.
El petróleo se ha vendido en $ 60,27 por barril, en promedio, mientras que en 2024 se comercializó en $ 70,50.
Venta de activos
Uno de los caminos que tomará el Gobierno para mitigar el impacto del sector petrolero será monetizar (vender) activos considerados ociosos.
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Es una medida adoptada mediante el Decreto Ejecutivo 199, del 30 de octubre, que dispone que en 2026 se financiarán los gastos de salud, educación y justicia con recursos de ingresos no permanentes, como venta de activos, deuda pública y dinero del petróleo.
“¿Cómo funciona el Estado? Tiene su presupuesto de petróleo, en este caso estaba en $ 62. Las últimas semanas ha estado en menos de $ 62, la proyección es que va a estar deprimido también el petróleo. Tenemos que tomar ciertos mecanismos para mejorar la situación. ¿Cómo? Tenemos un pocotón de activos ociosos, un pocotón de edificios que deberían de venderse“, dijo el presidente en una entrevista con Teleamazonas el 31 de octubre.
No es la primera vez que el Gobierno intenta conseguir recursos con la monetización de activos. En la proforma de 2025 se incluyó el monto de $ 230 millones por este rubro.
Además, este año el régimen trató de concesionar el campo petrolero Sacha, por lo cual esperaba recibir un pago inicial inmediato de $ 1.500 millones, pero la operación se truncó.
Administraciones pasadas, como la de Guillermo Lasso, Lenín Moreno y Rafael Correa, también intentaron vender, delegar o concesionar activos, pero no tuvieron éxito.
Noboa dijo que había dificultades burocráticas que impedían concretar la monetización. Y adelantó que si se logra vender inmuebles, los recursos podrían destinarse a programas habitacionales, residencias universitarias, pagar deudas a prestadores médicos.
Contratos con telefónicas
Otra fuente de ingresos que nutrirá la proforma 2026 será por la renovación de contratos con las operadoras de telecomunicaciones Conecel (Claro) y Otecel (Tigo).
El presidente Daniel Noboa confirmó que el Estado firmó la renovación de los títulos habilitantes del Servicio Móvil Avanzado (SMA) con las dos compañías.
De momento se desconoce el monto que recibirá el Estado, así como los detalles de los contratos y cláusulas.
En la proforma de 2025 el Ministerio de Finanzas incluyó $ 460 millones por la concesión del espectro radioeléctrico.
Una cantidad superior a los $ 410 millones que se consideraron en el presupuesto de 2024, dinero que no ingresó a las arcas fiscales porque no terminaban las negociaciones con las telefónicas. (I)
