La Superintendencia de Compañías alertó de que está en ejecución una sentencia que considera desproporcionada y sin precedentes dictada por el IV Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en la que se obliga a este organismo de control a pagar $ 53 millones por intereses en la compraventa de un edificio realizada hace 35 años.