Suertes distintas tendrán las concesiones de los bloques 67 y 16 y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). En ambos casos se trata de concesiones que, al cumplirse el plazo, pueden legalmente regresar al Estado. El primero, el que tuvo por muchos años Repsol, y que recientemente pasó a manos de Petrolia, fenece este 31 de diciembre, mientras el del OCP termina el 31 de diciembre pero del 2023.

De acuerdo con el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite: “El 31 de diciembre a las doce de la noche los bloques 16 y 67 vuelven al Estado”. Explica que temporalmente los manejará Petroecuador y “se espera sacarlos a licitación lo más pronto posible”. Santos dice que Petrolia, que estaba manejando actualmente esos bloques, está invitada a participar en la licitación.

A pocos días de que se extinga el contrato, la empresa Petrolia ha amenazado con iniciar una demanda arbitral en contra del Ecuador, pues según su postura, no se han respetado sus derechos a pedir una extensión del acuerdo.

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Entre tanto, en el caso del OCP, el contrato termina el 31 de diciembre del 2023, por lo que hay un año para negociar.

De acuerdo con el ministro Santos, se trata de dos casos distintos. Por ejemplo, en cuanto a la solidez de las compañías, Petrolia no justificó su experiencia ni su solidez financiera ni económica y por lo tanto no obtuvo el permiso de comprar Repsol. En cambio, la compañía OCP es seria y ha hecho una petición de que se le extienda el contrato.

En este contexto, en el OCP hay que hacer enormes inversiones en oleoductos, pues se debe evitar la erosión del río Coca. El OCP va a cumplir 20 años de operación continua en el 2023 y hay que hacer un mantenimiento mayor. El cambio de ruta puede costar $ 200 millones. “Estamos hablando de mucho dinero que no lo tiene el Estado”. Si se llega a un acuerdo con el OCP en el sentido de que ellos financien y por ello reciban una tarifa razonable puede funcionar, explica. También aclara que esta vez sería solo un contrato de operación ya que la línea pasa a ser propiedad del Estado. El ministro dice que se está estudiando, por ejemplo, que se pudiera unificar la operación del SOTE con el OCP, pues ahora hay una duplicación de esfuerzos y de personal. “Se podría optimizar para que una sola compañía maneje los dos oleoductos”.

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Entre tanto, el ministro considera que una eventual demanda de arbitraje por parte de Petrolia en contra del Ecuador no va a prosperar. Cree que pueden demandar, pero que no tienen ninguna base para ello. El ministro explica: Primero, nunca merecieron el acuerdo ministerial que aprobara la compra de Repsol porque no demostraron su experiencia ni su solvencia técnica ni económica. En segundo lugar, no es obligación del Estado extender un contrato. Esto es facultativo de la autoridad.

De acuerdo con Santos, la ley indica que cuando se vende una concesión petrolera, el comprador debe tener experiencia y solidez equivalente a la de la vendedora. “Repsol es una de las más grandes compañías del mundo, pero Petrolia -con todo respeto- es una empresa de papel. Creemos que cualquier tribunal arbitral va a fallar a favor del Ecuador”, comenta. (I)