El Estado recuperaría unos $ 550 millones con los acuerdos sobre exclusión de subsidios a los combustibles: Henry Llanes

El asesor técnico de la la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Henry Llanes, explica cuáles fueron los criterios para establecer los parámetros de exclusión para quienes ya no podrán tener el subsidio, a mediano plazo. Asegura que el nuevo sistema que involucra herramientas tecnológicas y reformas legales no se puede implementar de un día para el otro. Para Llanes, las políticas acordadas sí podrían generar al Estado un ahorro en subsidios de $ 550 millones.

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¿Cuál es la evaluación del trabajo que se hizo en la mesa de focalización?

Creo que es la primera vez que un gobierno accede a dialogar con sectores sociales importantes y busca ponerse de acuerdo sobre una política pública importante. Me parece que es positivo, este manejo del Gobierno y sectores, me parece importante. Es una muestra de que la mejor forma de gobernar son estos mecanismos de diálogo y a futuro se podría implementar esta metodología con otros sectores. Es un hecho que tiene el carácter de inédito, se verán a futuro las concreciones.

¿Sobre los parámetros, por qué se fijó este criterio de los $ 3.500 de ganancia mensual y si tienen más de dos vehículos?

Esta cifra generalmente gana un sector de la clase media alta, que se encuentra tanto en el sector privado como en el sector público. Sobre el tema del número de vehículos, quien tenga personalmente, no la familia, sino personalmente tres vehículos o más, también pierde el derecho al subsidio.

¿Cuáles fueron las reflexiones para retirar el subsidio de vehículos de 2.201 c. c., jeeps de 2.401 c. c. y camionetas de 3001 c. c.?

El ministro de Transporte tiene esa data. Y, por ejemplo, se planteó que taxis que son normalmente vehículos de 1.500 y 1.600 c. c. no se verán afectados. En cambio, el automóvil de 2.201 c. c. es un carro de mejor cilindraje que ya puede llegar a costar entre $ 35.000 y $ 40.000. También se apunta a esos Jeep de 2.401 y las grandes camionetas.

¿Pero cuánto creen que se pueda ahorrar el Estado, con las medidas descritas, en este subsidio que llega ahora a $ 4.000 millones, aproximadamente?

Aún no se tiene una certeza, pero se calcula que alrededor de $ 550 millones al año.

En el caso de estas personas que tienen grandes carros, nuevos, muchos de ellos ya consumen súper, es decir, no se estaban beneficiando del subsidio, ¿entonces qué se gana con ello, ahí seguramente no habrá baja de subsidio?

Hay que tomar en cuenta que el consumo de combustibles ha cambiado. El sector de la Cámara de Distribuidores ha dicho que el consumo de la súper ha bajado y que ahora es de 2,5 % de todo el mercado. Entonces, significa que muchos consumidores con vehículos grandes migraron al otro combustible con subsidio. Estas personas se quedarán sin subsidio.

Ah, entonces a estas personas que se pasaron a la extra ahora les sube el combustible y les resultaría mejor regresar a súper nuevamente.

Por ejemplo, yo mismo tengo conocidos que tienen un auto nuevo de gran cilindraje de más de $ 45.000 y se pasaron a la extra, ahora este tipo de carros ya aparecerán en el registro de los excluidos y ya no podrán tener el combustible subsidiado de la extra. Y probablemente el mercado de la súper se recupere. Quienes son de clase media no tienen problema, porque tienen carros de 1.500 y 1.600 c. c. y pueden seguir con la extra sin problema.

El único problema es que van a seguir poniendo gasolina de mala calidad, lo cual no es bueno para el medio ambiente.

Son temas que las dos comisiones que se van a crear irán afinando. En la reforma a la ley de hidrocarburos hay un tema de salud y medio ambiente. Se ha planteado reformar la ley para que se procure industrializar el petróleo, generar combustibles de alta calidad, para poder sustituir las importaciones.

Otro tema que genera duda es saber si un ciudadano cumple cualquiera de los parámetros ya queda excluido del subsidio, o si se deben cumplir todos esos criterios.

Con uno solo de los criterios ya es suficiente para quedar fuera.

¿Para cuándo se implementaría esta forma de focalización por exclusión?

Esto no va a ocurrir enseguida, y previamente se van a conformar, como ya mencionaba, dos comisiones: la primera de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los acuerdos. La segunda será una comisión técnica que se debe encargar de las reformas en el marco jurídico. La comisión de seguimiento debe verificar los plazos de Petroecuador que debe obtener la herramienta tecnológica, que debe ser a través de proceso licitatorio. Luego se debe implementar el plan piloto y dependiendo de que haya buenos resultados, ver cómo se puede implementar a nivel nacional. Hay que tomar en cuenta que los distribuidores dicen que no están dispuestos a hacer ninguna inversión.

Otro tema que se ha acordado es que no habrá precios liberalizados, ¿esto se refiere a las gasolinas súper 92- 95 y ecoplús 89? ¿Cómo funcionaría?

Sí, a esas gasolinas. Justamente la segunda deberá encargarse, por ejemplo, de concretar la reforma a la ley de hidrocarburos. La propuesta que hicimos es que se reforme la ley de hidrocarburos para que los precios de los combustibles que se fijen en función de costos, por el pago de impuestos y una utilidad razonable. Consideramos que deben tomarse en cuenta para el costo la exportación del barril en Balao, y luego los costos de refinación, distribución o venta.

¿Pero ahora estas gasolinas tienen un precio liberalizado, qué pasará mientras se hacen todos estos cálculos?

Seguirán como hasta ahora, pues no tenemos la normativa. (I)