Este jueves 6 de junio se retomaron las mesas de renegociación de los contratos de concesión del espectro radioeléctrico que fueron suspendidas en 2023, durante el anterior Gobierno. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y las operadoras Conecel (Claro) y Otecel (Movistar, Tuenti) se reunieron en las oficinas de Arcotel.

Previamente, el ministro de Telecomunicaciones, César Martín Moreno, había explicado en una entrevista con Teleamazonas que las discusiones versarían sobre cláusulas específicas del contrato de renovación. Otros temas a tratar serán las “obligaciones de hacer” (obras a las que se comprometen las empresas para mejorar la conectividad de todos los ciudadanos).

También se deberá discutir el valor del espectro radioeléctrico y sus formas de pago, dijo. El ministro indicó que sobre el último punto, es decir sobre el valor a pagar por parte de las empresas, se ha pensado en un pago híbrido. Este contendrá un valor monetario que es necesario para el país y también que se cumpla con temas para el desarrollo de las telecomunicaciones.

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En este segundo punto se busca que haya obras para las parroquias rurales que no tienen conectividad, también en carreteras o escuelas.

Recordó que antes el negocio era la telefonía móvil, pero ahora este se ha transformado en servicio móvil avanzado; internet y datos. La meta es abandonar la telefonía 2G y 3G. Es decir, la idea es que en el Ecuador ya se pueda usar de manera extendida el 4G y el 5G.

Además, lo que se busca es que de los 15 años que duraría la concesión, las obligaciones de infraestructura se realicen en los primeros cinco años del contrato.

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Arcotel dijo que en el marco de esta renegociación buscará acuerdos que beneficien a todos los ecuatorianos, respetando el debido proceso, según lo establecido en la Constitución, en la normativa vigente, con el fin de atraer ingresos de capital, generar empleo directo e indirecto, expandir la cobertura, la conectividad, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Asimismo, se contará con índices de capacidad de los servicios prestados en el país, para maximizar el bienestar social; así se promueve el desarrollo de una política pública de inclusión digital, indicó la entidad. (I)