Ecuador experimenta una tendencia a la baja del riesgo país tras el fin del paro indígena, que duró 31 días, lo que favorece sus condiciones frente a inversionistas y posibles financistas.
El indicador ha descendido 136 puntos en el transcurso de cuatro semanas y para el 10 de noviembre cerró en 670 unidades, marcando un nivel que no se había visto en los últimos seis años, de acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador (BCE).
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Cuando las protestas contra el Gobierno seguían activas, el riesgo país llegó a subir hasta 826 puntos, el pasado 14 de octubre. A partir de esa fecha el puntaje declinó.
El Gobierno atribuye los resultados a que “las decisiones del presidente Daniel Noboa han consolidado la confianza internacional hacia el país y han fortalecido la economía ecuatoriana y su sistema de dolarización”, según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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En 2025, el riesgo país llegó a su pico más alto el pasado 10 de abril, cuando registró 1.908 puntos, a tres días de las elecciones por la segunda vuelta presidencial.
Cuando el gobierno de Daniel Noboa anunció el fin de subsidio al diésel, el indicador descendió 17 puntos, ubicándose en 672 unidades en el momento en que el precio del combustible aumentó de $ 1,80 a $ 2,80 por galón.
El riesgo país es elaborado por el banco de inversión estadounidense J. P. Morgan. Mide diariamente la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras o experimenta una crisis económica que afecte negativamente a sus inversores y prestamistas.
En otras palabras, es una medida del riesgo asociado a invertir o prestar dinero a un país específico, describe el BCE.
Mientras más se eleve el puntaje significa que los mercados perciben que existe un mayor riesgo de impago.
El Ministerio de Economía y Finanzas, en un comunicado, resaltó que “el Gobierno seguirá trabajando para reducir más este indicador, porque un menor riesgo país significa financiamiento más barato para el desarrollo del Ecuador, más inversiones, más generación de empleo y más estabilidad económica”.
Adrián Ordóñez, gerente general de Coface, calificó como un logro de la administración de Noboa el haber mantenido la eliminación del subsidio al diésel a pesar de las manifestaciones en contra del régimen.
“Creo que el presidente consigue otro imposible, al igual que el incremento de la tarifa del IVA, que es la eliminación del subsidio al diésel. Dos presidentes previos intentaron (quitar el subsidio) y, si no se cayeron, estalló la ciudad y el país. Increíblemente, con estrategia militar y de comunicación, el presidente Noboa lo consigue. Y creo que, desde el punto de vista fiscal, esto es positivo para lo que se vendrá en las perspectivas de 2026 y en adelante”, opinó.
Ordóñez considera que el Gobierno ha implementado la mayoría de las medidas de ajuste necesarias para corregir la economía.
Pero faltan otras, anotó, como una reforma laboral estructural que no implique pérdida de derechos de los trabajadores y que modernice el Código del Trabajo, con el fin de reducir la informalidad.
Conectado a eso, dijo, se tiene que intervenir el sistema de seguridad social, que afronta un déficit actuarial, en el que los ingresos ya no alcanzan para cubrir los egresos.
Otra reforma importante que se requiere, según Ordóñez, es facilitar el acceso a crédito, que vaya más allá de la revisión de techos y pisos de las tazas de interés.
“Creo que algunos de las decisiones más difíciles ya se han tomado”, resumió el gerente de Coface en referencia al alza del IVA (del 12 % al 15 %), la eliminación del subsidio al diésel y el recorte de personal del sector público.
Ordóñez señaló que este año ha estado especialmente marcado por turbulencias políticas, anuncios y medidas que han generado incertidumbre dentro y fuera del país.
No obstante, con el paso de los días, ciertos temas álgidos se han asentado, como el precio del diésel y la convocatoria a la consulta popular que impulsa el Ejecutivo para escribir una nueva constitución.
“Seguimos parados en una posición de incertidumbre, pero no tan volátil como la que veíamos hace poco más de un mes, sobre todo porque se han asentado las aguas sobre el diésel y la convocatoria a la consulta”, puntualizó.
Los 670 puntos a los que llegó el riesgo país el pasado 10 de noviembre indican que el país “va en una buena dirección”. Sin embargo, advirtió que “todo puede cambiar”, dependiendo de los eventos que se presenten en las siguientes semanas.
Riesgo medido por Coface
Coface es una multinacional dedicada a la cobertura de empresas ante riesgos comerciales y políticos. En Ecuador asegura a grandes empresas por alrededor de $ 1.800 millones.
La compañía realiza su propia medición de riesgo país con base en una metodología de evaluación trimestral. El indicador es un alto referente para Europa.
Mientras que J. P. Morgan mide en números, Coface lo hace en letras, en este sistema la mejor calificación es A y la peor es E.
De aquí que Ecuador generalmente se ha ubicado en una categoría de riesgo C, pero en julio de 2024 descendió a D debido al déficit fiscal, la inseguridad y la crisis eléctrica.
La última evaluación que hizo Coface sobre el país fue durante las protestas por el paro indígena, la última semana de septiembre de 2025, dando como resultado una calificación D.
La próxima revisión será en diciembre. Ordóñez comentó que dado a que las protestas terminaron sin un retroceso del Gobierno sobre el subsidio al diésel, el escenario probable es que el país mejore su situación y regrese a la categoría C.
Si la calificación está en D, Coface tomará menos riesgos en el país, es decir, su nivel de cobertura disminuirá. (I)