Al menos dos errores, desde el propio Ejecutivo, y la abierta oposición que existe al momento en la Asamblea, le pasaron factura al Gobierno el jueves pasado, cuando no logró que se aprobaran las dos ternas para las Juntas de Política de Regulación Monetaria y Financiera por parte del Legislativo, que más bien devolvió las listas y resolvió pedir la entrega de “nuevos nombres”, en cinco días.

En cuanto a los errores, el primero fue no haber enviado en la lista el periodo de duración de funciones de cada uno de los miembros. Así lo establece la Ley de Defensa de la Dolarización. Por ser la primera elección se establecía que de los tres candidatos, uno duraría cuatro años, otro tres y otro dos. Esto para que a futuro, los miembros cuyo periodo será de 4 años, sean reemplazados de manera escalonada.

El segundo error fue haber escogido a al menos dos personas (de los seis candidatos) que, aparentemente, no cumplían los requisitos. Fueron ellos mismos los que declinaron sus candidaturas, incluso antes que la Asamblea analizara sus perfiles, pues ni siquiera enviaron la documentación. Aunque no se explicaron las razones para la declinación, se conoció que ambos tenían algún impedimento.

Para Jaime Carrera, lo sucedido el jueves se convierte en una lección para el Gobierno en el sentido de que debe ser sumamente cuidadoso en observar con rigor lo que establece la ley; pero además es una muestra de la tirantez y oposición que tiene desde la Asamblea para cualquier tipo de nombramiento o reforma que busque hacer el Gobierno.

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Asegura que al Gobierno le corresponde, además, realizar una fina lectura política de cuál es el papel del correísmo y de Pachakutik, sobre todo porque el envío de las ternas fue un primer ensayo de un asunto más bien sencillo. Sin embargo, considera que esto es una muestra de los obstáculos que habrá frente a la presentación de nuevos proyectos como la megaley económica, la proforma 2022, entre otros temas.

Entre tanto, Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, considera que lo sucedido es una muestra palpable de la pugna abierta de la Asamblea con el Gobierno. Los correístas y Pachakutik están midiendo fuerzas con el Gobierno, y la Asamblea sigue siendo esa pared por donde no pasa ninguna iniciativa del Ejecutivo. Coincide que este bloqueo se podrá replicar con la megaley de oportunidades, las proformas, entre otros. Esta actitud podría, en su momento, empujar más al Ejecutivo hacia la alternativa de la consulta popular, dice.

Sobre el nombramiento de las ternas, Carrera considera que el no haber establecido los periodos de cada candidato podría haber sido una señal de inexperiencia del Gobierno, pero tenía la obligación de enviar nombres de personas que cumplieran los requisitos. También reconoció que no existen tantas personas que puedan cumplir los estrictos requisitos, pero aunque los hubiera, muchos no están dispuestos a dejar sus propias actividades privadas para entrar en la vorágine del sector público.

En la Ley de Defensa de la Dolarización se establecen los requisitos que deben cumplir los miembros de las Juntas: ser ecuatoriano, tener título de cuarto nivel en economía, finanzas, derecho, administración o auditoría. Tener experiencia profesional de diez años en dirección o administración relevantes en el ámbito monetario. De estos, hasta cuatro años pueden ser cátedra universitaria. Se establece también que no deberán haber sido afiliados a partido político en los últimos doce meses. No haber sido dueño del 6 % de acciones de entidades del sistema financiero.

Carrera refiere que el Gobierno podría al cabo de cinco días reenviar al menos los cuatro nombres que sí cumplían los requisitos, y buscar los reemplazos para los que no. Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea mencionaban que deberá enviar nuevos nombres para las Juntas.

Para Acosta, los cuestionamientos de la Asamblea sobre las ternas son de forma, pero no sobre los requisitos de los candidatos que sí cumplieron con el perfil, por lo que coincide en que es viable el reenvío de los candidatos que sí cumplieron.

Entre tanto, el debate para la proforma presupuestaria 2021 quedó a medio ejecutar. La Asamblea debe continuar con la sesión hasta el 22 de septiembre, de lo contrario podría pasar por el Ministerio de la Ley. (I)