El Ministerio de Economía y Finanzas informó la tarde de este 1 de agosto de 2022 que hasta el momento no se ha recibido una notificación oficial por parte de las autoridades judiciales de Luxemburgo sobre un congelamiento de los activos del Estado. Ni conoce de ninguna afectación a los activos del país en el extranjero en torno al caso Perenco. Sin embargo, ratifica que cumplirá con el laudo arbitral y que se aplicará la repetición a funcionarios que en el 2007 estaban en funciones.

El pronunciamiento del Gobierno se da ante la información publicada por la agencia Reuters de que un alguacil de Luxemburgo ordenó el 28 de julio pasado a 122 entidades bancarias que operan en esa jurisdicción que es parte de la Unión Europea (UE) congelar activos en cuentas utilizadas por Ecuador en nombre de Perenco, como resultado de una disputa sobre una indemnización de $ 391 millones dispuesta a favor de esa compañía.

Hace un año el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló de forma definitiva a favor de Perenco y en contra del país y esa petrolera “todavía no ha recibido un solo dólar de Ecuador”, según un comunicado de la empresa anglofrancesa que difundió este lunes Reuters junto con la noticia de que a los bancos de Luxemburgo se les ordenó congelar los activos de Ecuador. Los bancos nombrados incluyen a Deutsche Bank, Credit Suisse y HSBC, que no se han pronunciado.

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El Gobierno ecuatoriano se comprometió en junio de 2021 a honrar la deuda otorgada a Perenco por el Ciadi, que dictaminó que Ecuador había terminado ilegalmente un acuerdo de producción compartida con la empresa. La Procuraduría General del Estado había indicado el año pasado que debido a problemas financieros, el régimen se comunicó con Perenco para negociar un plan de pago. En octubre del 2021 el país presentó ante un tribunal de distrito estadounidense (District of Columbia District Court) un pedido para que las deudas fiscales que mantiene Perenco compensen el importe del laudo al que debe hacer frente para tener opción y recuperar las deudas, porque Perenco no dispone de activos suficientes para pagar estos impuestos. Entonces, como respuesta la petrolera pidió ante un tribunal de Estados Unidos que se ejecute el laudo contra Ecuador y que no se usen reclamaciones fiscales.

“Hasta la fecha, Perenco, más de un año después, todavía no ha recibido un solo dólar de Ecuador”, señala Perenco en un comunicado, y agrega que “tomará medidas para hacer cumplir sus derechos de pago contra Ecuador en Luxemburgo y otras jurisdicciones”, recoge Reuters en su publicación.

Sin embargo, “Perenco mantiene la esperanza de que el Gobierno de Ecuador finalmente cumplirá con sus obligaciones internacionales, demostrará su compromiso con el Estado de derecho y cumplirá sus promesas a los inversionistas extranjeros, al cumplir con el laudo sin demora”, se atribuye también al comunicado de la petrolera.

El Estado ecuatoriano y la petrolera mantenían un largo litigio judicial desde que se impuso la Ley 42, que aumentó la utilidad del Estado en los contratos de participación de Perenco en los bloques 7 y 21.

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Ese cambio se generó en el 2007 –durante la administración de Rafael Correa– cuando se aumentó del 50 % al 99 % la participación del Estado en los excedentes petroleros.

Perenco había acusado a Ecuador de que se había violentado el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito con Francia. Demandó a Ecuador en el 2008.

En el fallo se determinó que el Decreto Ejecutivo 662, del 4 de octubre de 2007, violó el Derecho Internacional Público en perjuicio de la petrolera Perenco.

El Ministerio de Economía indica que la retención habría sido ordenada por los jueces de Luxemburgo en ejecución del laudo, dictado el 12 de septiembre de 2014 y recuerda que este proceso arbitral se inició el 30 de abril de 2008, en el cual Perenco exigía originalmente el pago de $ 1.423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley 42 del 25 de abril de 2006; que en ese cuerpo legal se estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50 % de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos; porcentaje que mediante el Decreto Ejecutivo 662 de 2007, dictado durante la administración del expresidente Rafael Correa, se incrementó al 99 %.

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Esta cartera de Estado señala que el Tribunal Arbitral resolvió que dicho incremento equivalía a una confiscación y condenó al Estado ecuatoriano al pago de $ 374′373.154. Y ratifica que el Ministerio y la Procuraduría General del Estado continuarán con el establecimiento del mecanismo de pago con Perenco. Y “una vez hechos los pagos corresponderá a la Procuraduría coordinar con las entidades públicas correspondientes el inicio de los juicios de repetición contra los funcionarios responsables de los actos por los cuales el Estado fue condenado internacionalmente”. (I)