Mediante operativos de control y supervisión, la Policía Nacional ha identificado la existencia de 36 focos principales de minería ilegal metálica en Ecuador, que están localizados en doce provincias: cinco son de la Sierra, cinco de la Amazonía y dos de la Costa.
Así lo reveló Luis Fernando Pérez, viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, durante su exposición en el Encuentro Anual de Minería (Enaep), que se realizó en Quito el 11 de diciembre.
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La minería ilegal produce graves impactos ambientales, problemas socioeconómicos, problemas de salud pública, pérdida de recursos.
Esta actividad ilícita envuelve criminalidad, violencia, delincuencia, y está relacionada con otro tipo de delitos, como el lavado de activos, tráfico de armas y explosivos, trata de personas, tráfico de estupefacientes, delitos ambientales, contrabando de combustibles y maquinaria, entre otros, describió Pérez.
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De acuerdo con la información oficial, en las provincias focalizadas existen 4.400 concesiones legales, que abarcan una superficie de 16.814 kilómetros cuadrados.
El 85 % de las concesiones están inscritas y las demás, en trámite. Comprenden yacimientos metálicos (2.936), materiales de construcción (1.094) y no metálicos (370).
La minería artesanal predomina con alrededor del 54,8 % de las concesiones en las provincias con problemas de minería ilegal, le siguen el régimen de pequeña minería (34,4 %), gran minería (6,3 %), régimen no definido (3,2 %) y mediana minería (1,3 %).
Grupos armados
La minería ilegal y sus delitos conexos son altamente atractivos para los grupos delincuenciales, por la millonaria rentabilidad que obtienen para financiar sus actividades criminales.
Detrás de estos delitos se ha identificado a al menos tres grupos armados con presencia en cinco provincias:
- Lobos: en Imbabura (parroquia Buenos Aires) y Azuay (cantón Ponce Enríquez).
- Frente Oliver Sinisterra: en Esmeraldas.
- Comando de la Frontera: en Carchi y Orellana.
Andamiaje de la minería ilegal
El viceministro de Seguridad Pública explicó lo que calificó como “el andamiaje” alrededor de la minería ilegal y su vinculación con la delincuencia organizada transnacional.
Son cuatro elementos que tienen que ver con contrabando de insumos (químicos, combustibles, maquinaria); contaminación de zonas con presencia de oro (fluviales, subterráneas, pétreas); criminalidad, donde los actores son nacionales e internacionales; y perjuicios económicos por la comercialización de minerales (evasión de impuestos, fraude fiscal, empresas ficticias, evasión tributaria, mafias internacionales y lavado de activos).
Pérez dijo que este año se ha visto que la comercialización de maquinaria pesada “ha venido sin mayor control, por parte del ente rector”.
Por lo que se han articulado acciones y trabajos coordinados con el Ministerio de Infraestructura y Transportes para mejorar los controles, debido a que la custodia de maquinaria decomisada es compleja.
Más de 260.000 kg de material mineralizado retenido
El viceministro resumió los resultados de los 398 operativos de intervención realizados este año por la Policía Nacional, con corte al 8 de diciembre.
Producto de esas acciones se ha aprehendido a 208 personas, se han retenido 264.232 kilogramos (kg) de material mineralizado, se han incautado 169.051 explosivos, 48 vehículos (autos y motos).
También se han incautado 47 armas, 759 municiones, 133 maquinarias pesadas.
Los operativos han afectado a un total de 55 grupos de delincuencia organizada (GDO), según los datos expuestos por Pérez.
“Con esto pueden ver la magnitud que tiene este grupo de estas organizaciones para poder ejercer su actividad lícita. Tienen recursos, tienen medios, tienen influencia, tienen capacidad de comprar a las autoridades. Sin embargo, al conocer todos estos fenómenos que actualmente ocurren, en el ministerio (del Interior) lo que hacemos es justamente luchar y buscar las maneras y la política pública para poder enfrentar de manera efectiva”, dijo.
El viceministro explicó que el material mineralizado incautado pasa a una cadena de custodia y a la Fiscalía para las investigaciones respectivas.
El producto es trasladado a bodegas y ahí “se han detectado ciertas falencias de seguridad", reconoció.
Dijo que el año pasado observaron la existencia de la práctica conocida como “cambiazo”, que es cuando se suplanta material mineralizado con rocas.
“El año pasado vimos que existe este famoso cambiazo. Existen algunas personas que han sido procesadas por este delito”, indicó y aclaró que la custodia en las bodegas es responsabilidad de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
Actividad ilegal deja una rentabilidad diaria de $ 300.000
Según estudios, se estima que la producción aurífera ilegal deja a los grupos criminales alrededor de $ 300.000 diarios de rentabilidad, mencionó el funcionario.
“Eso nos da la medida de qué tan fuerte es este delito y qué capacidades da a los grupos para luego invertir, entre comillas, en su negocio. Se estima, porque no existen cifras oficiales, que de la utilidad que ellos reciben por este delito se reinvierte, entre comillas, más o menos entre el 20 % y 30 %. Les da un poder económico gigantesco”, dimensionó el viceministro de Seguridad.
Por otro lado, destacó que para combatir a las organizaciones delictivas responsables de la extracción ilegal de minerales, Ecuador cuenta con cooperación internacional en distintos frentes.
“Hemos integrado a esta lucha a actores externos al país para poder tener asesoramiento, equipamiento, todo lo necesario para poder finalmente combatir a esta actividad criminal”, señaló. (I)