En cadena nacional, Jamil Mahuad anunció la eliminación de los subsidios al gas y la electricidad, reducción del subsidio al diésel y la creación del Bono Solidario para compensarlo. Era septiembre de 1998. A los seis meses, en otra cadena, su Gobierno declaró el feriado bancario y, diez meses más tarde, la dolarización.

La constante devaluación causó un nuevo desfase del precio y el efecto no se mantuvo; el bono, sí, y en dos décadas el Estado ha destinado más de $ 5.900 millones para pagarlo y otros $ 4.600 millones en ayudas que se han incorporado a lo largo de estos años; con ello suman $ 10.500 millones, sin contar los primeros siete años, de los que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) no tiene datos, ni tampoco los bonos emergentes dados en la pandemia.

Amarilis tenía entonces 26 años y dos hijos pequeños. Su esposo y ella estaban desempleados. Cuando escuchó el anuncio, acudió a formar la larga fila para registrarse como beneficiaria. Toda mujer que no estuviera afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y que fuera madre de al menos un hijo menor de 18 años iba a recibir desde noviembre ese bono de 100.000 sucres; y los adultos mayores de 65 años, 50.000 sucres.

Empezó a recibirlo unos meses después, ya que inicialmente les daban prioridad a los ancianos y mujeres embarazadas. Y con ese dinero compraba víveres y el gas. Antes de Mahuad, el tanque de 15 kilos costaba 4.900 sucres; con ese anuncio, lo subió a 25.000 sucres.

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“El impacto social del programa fue monumental, pues en pocas semanas tuvimos registrados 1,2 millones de beneficiarios, lo que correspondía al 10 % de la población en ese momento”. Esto lo describe Mahuad en su libro Así dolarizamos al Ecuador. Ahí se explica que, si la economía hubiese estado dolarizada, la medida tomada en el tema de subsidios se habría mantenido, porque el precio en dólares que se pagaba por la importación de gas y el diésel se habría establecido también en dólares para el consumidor. “Lamentablemente, esta medida no pudo mantenerse porque la constante devaluación del sucre frente al dólar produjo rápidamente un nuevo desfase del precio”.

Hoy son 1′446.164 beneficiarios: el 70 % de ellos recibe esa ayuda, que pasó a llamarse Bono de Desarrollo Humano; y el 30 % restante, las demás transferencias monetarias creadas posteriormente: pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad, que son de $ 50, $ 100, $ 150 y $ 240. Además del bono a menores por la muerte violenta de su madre.

En el 2021 se entregaron $ 111.413,04 para menores que quedaron huérfanos por femicidio

El MIES cuenta con datos desde el 2006 de los bonos entregados, aunque son 24 años los que lleva este sistema aplicado por los seis presidentes que siguieron a Mahuad. Él menciona en su libro el costo del programa Bono Solidario: $ 217 millones anuales ($ 58 millones por dos meses que se pagaron en 1998). Para este 2022, en el presupuesto están asignados $ 1.256 millones.

En todos estos años han ayudado a paliar la pobreza; no a eliminarla, sino a reducir sus efectos (son más de 5 millones de personas que viven con menos de $ 84 al mes). Pero el país no ha logrado crecer a tasas elevadas para que salgan de ella; algunos llevan cobrando más de veinte años y “se van a jubilar con el bono”, comenta Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, quien indica que la pobreza en Ecuador ha estado en el mejor de los casos en el 20 % de la población y ahora es más del 30 %.

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La clase media en Ecuador se reduce y pasa a la vulnerabilidad y a la pobreza

Y es que para lograr ese objetivo apunta cuatro elementos: crecimiento económico, atención en educación y salud pública, entrega de dinero en efectivo y —lo fundamental— generación de empleo. Y en Ecuador solo se ha tenido el tercero, que son los bonos. Por ello, considera que debe trabajarse y llegar a un acuerdo nacional para conseguir los otros factores.

La señora Amarilis, hoy con 50 años, ya no lo cobra. Cuando el Ministerio de Bienestar Social lanzó el programa de créditos para que las beneficiarias pusieran su negocio, ella aplicó y empezó con la venta de artículos de cocina (vasos, platos, ollas) en su casa. Al inicio le fue bien, pero luego la clientela fue bajando.

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El monto del crédito se lo descontaban del bono mes a mes; esto fue por un año. Luego quiso renovar el crédito, pero se lo negaron. Y además la retiraron del listado de beneficiarias. Para entonces, ya tenía tres hijos. Lo cobró por unos seis años. “Eso me molestó, yo tenía el deseo de hacer crecer el negocio, y me sacaron sin darme ningún motivo. Solo salía que ya no podía recibirlo, y recuerdo que a todas las que nos dieron ese crédito e íbamos a la oficina del Banco de Fomento nos sacaron”.

El emprendimiento le duró solo un año más. Ahora labora como empleada doméstica, gana el sueldo básico de $ 425 y está afiliada al IESS.

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Durante la pandemia se destinaron $ 255,5 millones para bonos emergentes

Antes de la llegada del COVID-19, el Estado destinaba $ 750 millones para todos los bonos. Pero desde el 2020 esos recursos han ido aumentando. Ese año de la pandemia se pagaron $ 927 millones en esas asistencias y en el 2021 aumentó a $ 1.243 millones. Un valor parecido consta en el presupuesto de este año: $ 1.256 millones, de acuerdo con datos del Observatorio de la Política Fiscal.

Desde abril del 2020 se empezaron a pagar Bonos de Protección Familiar ante el COVID-19, de $ 120 y por cuatro fases. Con este bono también se atendió con $ 145 a las familias más vulnerables de Galápagos que dejaron de percibir ingresos por la suspensión del turismo en las islas.

Además se crearon el Bono de Apoyo Nutricional, de $ 240, y la Cobertura de Contingencias por Contracción Económica, de $ 90.

Bonos se concentran en la Costa

Guayas es la provincia que capta la mayor asistencia gubernamental con bonos. Son 285.593 beneficiarios, que equivalen a casi el 20 % del total de personas que viven en situación de pobreza, extrema pobreza o de vulnerabilidad.

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Otras provincias de la Costa son también las que registran mayor cantidad de beneficiarios: Manabí (13,80 %), Los Ríos (8,65 %) y Esmeraldas (5,80 %).

Mientras que Pichincha está en quinto lugar, con 80.844 beneficiarios, que corresponden al 5,59 % del total, según los datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social. (I)