Ecuador ha sido demandado al menos 14 veces frente al Centro sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Ciadi), entre el año 2002 y 2008. Los casos han sido diversos: temas aeroportuarios, petroleros, de energía eléctrica, tecnológicos, entre otros, se han ventilado en este foro, del cual Ecuador salió en 2010 y al cual ahora pretende regresar, tras 11 años de ausencia.

Del total de demandas tratadas ante el Ciadi, el 50 % han sido a favor de Ecuador o han sido retiradas antes de tener una sentencia en firme. El otro 50 % ha castigado al país con importantes multas por considerar que Ecuador ha incumplido sus contratos. Cuando se revisan más de cerca los casos a favor se puede ver que muchos desistimientos ocurrieron luego de que el Gobierno acordara hacer ciertos pagos a los demandantes.

La gran mayoría de demandas millonarias fueron presentadas por empresas petroleras a partir del 2006, con base en la ley 42. Esta fue expedida en el gobierno de Alfredo Palacio y básicamente dicha normativa cambiaba las reglas de juego para las petroleras. En esta ley se establecía que las privadas deberían entregar 50 % de las ganancias extraordinarias al Estado. Sin embargo, esta ley fue la que sirvió de base para que en 2008, el entonces presidente Rafael Correa resolviera una reforma al reglamento, cambiando el porcentaje a 99 % para el Estado y 1 % para las empresas.

Al final, Repsol, Perenco, Burlington, Murphy, City Oriente presentaron sus reclamos ante el Ciadi. Y aunque el propio gobierno de Correa decidió salir de la Convención, las demandas presentadas continuaron vigentes. Así, en estos días, se conoció que Ecuador debe pagar a Perenco $ 374 millones, mientras que por Burlinton ya debió pagar $ 338 millones. En cuanto a City Oriente y Murphy, las demandas se retiraron, pero el Gobierno debió reconocer las pérdidas de las empresas por el cambio en los contratos. Solo en el caso de Repsol, la empresa retiró las demandas y continuó en el país, tras llegar a acuerdos.

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Otra petrolera, Oxy demandó al país por la caducidad de su contrato ante el Ciadi. Tras el proceso, se debió pagar $ 1.000 millones a la empresa. La denuncia fue presentada en 2006, y en ella, el expresidente Correa adquirió protagonismo al encabezar como candidato presidencial el pedido de que se produjera la caducidad. Ya como presidente decidió no nombrar al árbitro por parte de Ecuador, que debía participar en el tribunal del Ciadi.

En los arbitrajes eléctricos, presentados entre 2003 y 2005, las demandas de Duke Energy, MCI, Machala Power y Emelec se debieron a los cambios que realizó el Estado ecuatoriano en la legislación eléctrica, los cuales alteraron los contratos suscritos con las compañías demandantes. En el caso de Emelec, el Ciadi negó la competencia; también rechazó la demanda de MCI, pero sí impuso una multa de 5,5 millones en la querella con Duke Energy.

Con Noble Energy, el gobierno de Correa prefirió pagar $ 70 millones para evitar el proceso en el Ciadi. En el caso de Quiport, la demanda presentada en 2009 fue retirada cuando el contrato continuó en la Alcaldía de Augusto Barrera. IBM y Ecuador acordaron que el país le pagaría 3,5 millones por un contrato del 2002.

El abogado Édgar Neira explica que en el Ciadi se han tenido victorias y derrotas. Pero para el experto el análisis no debe ser si tal o cual instancia arbitral beneficia o no al Ecuador, sino entender por qué en el país las autoridades aplican decisiones que van en contra de los contratos , la inversiones, el derecho de propiedad y los tratados de protección de inversiones.

Para Neira es importante entender que un funcionario púbico tiene la obligación y responsabilidad de actuar en función de las normas de derechos y no caer en el populismo jurídico de desconocer dichos derechos, pues luego tendrá que responder ante un tribunal internacional. Agrega que es muy importante que la Procuraduría aplique el derecho de repetición a los funcionarios que generaron el acto que fue motivo de la demanda.

El procurador del Estado, Íñigo Salvador, dijo este viernes en una entrevista en Plan V que este lunes presentaría ante la Asamblea una ley sobre repetición, que aglutine toda la normativa existente en un solo cuerpo legal, ya que actualmente esta es demasiado dispersa.

En estos días, la Corte Constitucional deberá pronunciase sobre la pertinencia de que la Asamblea Nacional se pronuncie o no en torno a la vuelta de Ecuador al Ciadi, luego de que la Embajadora Ivonne Baki firmara dicha Convención.

De acuerdo con Barclays, banca de inversión, un posible regreso de Ecuador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) podría ser una forma de brindar una mejor protección a los inversionistas y facilitar nuevas inversiones. Con el retorno, Barclays ve una posible mayor entrada de capital que podría generar un crecimiento en 2022 de 3 %, cuando antes se había calculado un crecimiento de 1,5 %. (I)